Fractura diplomática en Suiza por petición de libertad a Álex Vernot

Un juzgado de Paloquemao decidió este viernes que el abogado Álex Vernot, capturado hace un año por supuestamente intentar torcer testigos en favor del empresario de Hyundai Carlos Mattos, seguirá preso. Desde La Modelo de Bogotá, Vernot se jugó una carta que le resultó ganadora ante el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Hace unos par de meses, este grupo que emite conceptos no vinculantes a los Estados, expidió un informe en el que concluye que la captura del reputado abogado fue arbitraria y pidió a la justicia de Colombia su libertad inmediata.

¿La razón? Básicamente, el comité señala que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien fue abogado de Carlos Mattos, por una etapa prolongada de tiempo pudo involucrarse de fondo en este caso antes de declararse impedido. Para el comité, desde su posesión hasta el 21 de junio de 2018 –cuando la Corte Suprema lo separó del caso de Carlos Mattos– determinó el criterio y la posición de la Fiscalía en la investigación.  

Además, considera que los fiscales están subordinados a él: "Aunque no intervenga personalmente, lo hace mediatamente a través de los funcionarios inferiores que dependen de él y le deben obediencia funcional". El veredicto es que hay elementos para creer que toda la estructura orgánica de la Fiscalía pudo haber actuado en beneficio de los intereses de la persona impedida.

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Desde la divulgación el 6 de septiembre de este demoledor concepto, el documento cayó como una piedra en la Cancillería que de inmediato emitió un comunicado en el que asegura que a Vernot se le garantizaron todos sus derechos, que se iniciaría una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades y un trámite para la reconsideración de este informe.

Detrás del pronunciamiento y de la amarga respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, había una evidente tensión, pues fue parte central del pronuciamiento la entrega extemporánea de la información que contenía la defensa del Estado colombiano. La primera respuesta parcial de las entidades llegó a comité de la ONU el 22 de marzo del 2018 (cuatro días después de que se venciera el plazo que cerraba el 18); el documento de contestación además pedía prorrogar el plazo de entrega de la documentación para poder allegar la totalidad de la información.

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Las reglas del funcionamiento del comité establecen tres sanciones por entrega extemporánea de los Estados: 1) Que la información no se incluye en el capítulo de respuesta del Estado del resumen final 2) Que esta información no es enviada a la fuente para su controversia y 3) Que la presentación extemporánea impide que el Gobierno pueda solicitar la revisión del caso.

“Ante la falta de respuesta del Gobierno en plazo establecido, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión sobre la base de todos los datos recopilados, de conformidad con sus métodos de trabajo. Ante la ausencia de una respuesta en el plazo otorgado, las alegaciones de la fuente se consideran fiables”, dice el documento final. Es decir, aplicando las sanciones previstas, los informes de Colombia fueron analizados junto con toda la información recopilada pero no fueron publicados en el informe final.

Embajada dividida

La presión de lo que ocurrió internamente recayó sobre el primer secretario de la Embajada de Ginebra (Suiza), Nicolás Ávila, quien tiene a su cargo los casos de Derechos Humanos. En un memorando del 8 de septiembre del 2019 dirigido al canciller Carlos Holmes Trujillo, la embajadora Adriana Mendoza asegura que la omisión en la entrega de información no se allegó a tiempo porque “el funcionario encargado de Derechos Humanos de esta Misión se encontraba en la 40 Sesión del Consejo de Derechos Humanos y no dio trámite a la comunicación a tiempo".

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Respuesta que generó rechazo por parte del funcionario, que lamentó no haber sido escuchado por su superiora antes de emitir un pronunciamiento y pidió de inmediato una investigación sobre las circunstancias que rodearon la designación del caso a su oficina. En documentos reservados conocidos por SEMANA, Ávila explica que por delegación de Mendoza participó del 25 de febrero hasta 22 de marzo del 2019 en el ciclo de sesiones en el Palacio de las Naciones Unidas, lo que suponía su inasistencia a la sede diplomática en Ginebra.

Luego de que el Comité recibiera la queja de los abogados de Vernot, la Embajada comenzó el trámite de una respuesta oficial por parte del Estado en enero de 2019. Según Ávila, solo hasta el 21 de marzo, es decir, tres días después del cumplimiento del plazo, recibió por correo electrónico el borrador de una nota diplomática de la Embajadora transfiriéndole las pruebas del Estado Colombiano. “El 22 de marzo que tuve el documento oficial me enteré que tenía la nota manuscrita de la Embajadora fechada con 16 (sábado). Inmediatamente conocí de que tenía la tarea bajo mi responsabilidad la ejecuté con la debida diligencia que ello implicaba".

El funcionario explicó que el viernes 15 de marzo se comunicó con la oficina para informarse de correspondencia pendiente y no fue alertado de nada. El 18 tuvo una incapacidad médica que informó a la Embajadora sin que el documento fuera reasignado. “Ningún eslabón de la cadena me advirtió que el documento estaba a mi cargo y tenía un trámite prioritario”, enfatizó.

El funcionario Ávila reporta que el 14 de marzo, al correo de la Embajada fue enviada la respuesta del Estado colombiano con copia a su e-mail, no obstante, indica que esta práctica es cotidiana y no implica que la tarea le haya sido delegada por la Embajadora y menos cuando el remitente no es su jefe inmediata.

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Cercanos a la misión permanente de Colombia en Ginebra aseguran que entre Ávila y la embajadora Mendoza no hay las mejores relaciones. Ávila fue nombrado en este cargo por el presidente Iván Duque, después de haber sido uno de los hombres más cercanos de Rafael Pardo, exalto consejero para el posconflicto. La embajadora Mendoza es funcionaria de carrera, que tuvo gran cercanía con la excanciller María Ángela Holguín. SEMANA intentó comunicarse con la representante de Colombia en Ginebra pero no fue posible.

Al margen de los choques internos que provocó la contestación tardía y que están siendo investigados, hay quienes coinciden en que resulta irrelevante este acontecimiento. Esto en razón a que los argumentos enviados por Colombia, en todo caso, no convencieron el Comité de detención arbitraria de la ONU. Así se puede concluir en varios apartes del documento final y del cruce de comunicaciones internas atadas al caso. 

Una de estas, proviene de la Embajadora Adriana Mendoza que el 16 de septiembre le manda una comunicación al Embajador Jefe de Gabinete José Renato Salazar Acosta. En dicho documento, indica que sostuvo una reunión con José Guevara Bermúdez, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, en donde reconoció el error técnico en el envío tardío de la evidencia, pero consideró “inconcebible” que no se tuvieran en cuenta los argumentos del Estado.

Dicha comunicación incluye una ayuda de memoria con las principales conclusiones de la reunión. Uno de los puntos señala que varios argumentos del Estado se tuvieron en cuenta y, como consecuencia de esto, no todas las solicitudes de los peticionarios fueron consideradas positivamente. “Expresó que, en el asunto relativo a la posible intervención del fiscal general del momento, el grupo de Trabajo no quedó convencido con los argumentos del Estado. La prolongada etapa procesal en donde el fiscal pudo involucrarse de fondo antes de declararse impedido y la propia estructura institucional fueron los motivos para que el grupo de trabajo desestimara los argumentos del Estado", indica un aparte del documento.

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Llama la atención que en el listado de entidades que enviaron información al comité no aparezca específicamente la Fiscalía General. A través de la Cancillería, se convocó al Juzgado 31 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que respondió el 28 de enero; el Inpec, que respondió el 29 de enero); la Procuraduría, que respondió el 12 de marzo, y el juzgado 49 penal municipal con función de control de garantías que respondió el 15 de marzo. 

Por solicitud de Colombia, en noviembre se escucharán los argumentos del Gobierno que de manera inédita pidieron la reconsideración de un informe. No obstante, dado que la primera entrega fue extemporánea, lo cual es una causal de sanción, las oportunidades de ser admitido el recurso no parecen muy probables. Entre tanto, las relaciones al interior de la Embajada en Ginebra continúan fracturadas y Vernot seguirá batallando para que la justicia colombiana aplique el concepto del grupo de trabajo de la ONU.