Gobernadores en problemas, cero y van dieciséis

El 'coco' de la destitución agarró a Cielo González, gobernadora del Huila. La semana pasada, la Procuraduría la sancionó, pues cuando fue alcaldesa de Neiva permitió que 6.000 millones de pesos de regalías se invirtieran en la empresa Toro Investment Group S.A. Para el ente de control esto constituye una falta gravísima pues comprometió la seguridad de los recursos públicos y por eso la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 11 años.

González es la segunda gobernante departamental que cae cuando ni siquiera se han cumplido los primeros seis meses de mandato. El primero fue su homólogo del Valle, Héctor Fabio Useche, a quien la Contraloría conminó a pagar 2.000 millones de pesos, antes de llegar a sus primeros 100 días en el gobierno. La sanción fue por el detrimento patrimonial de más de 40.000 millones de pesos que sufrió la Industria Licorera del Valle, por la firma irregular de unos contratos cuando él fue secretario de Salud del departamento. Como "culpa grave" calificó el ente fiscalizador la irregularidad.

Además de haber sido sancionados, González y Useche comparten otra amarga coincidencia: los dos sucedieron a mandatarios cuestionados. La gobernadora del Huila llegó al cargo después de que la Procuraduría inhabilitó para ocupar cargos públicos, por 12 años, a su antecesor Luis Jorge Sánchez, que entregó a dedo la concesión para administrar la empresa de licores de ese departamento. Y Useche ganó las elecciones del Valle, a pesar de que su jefe político, Juan Carlos Abadía, elegido en ese mismo cargo para el periodo 2008-2012, no pudo terminar su gestión, pues el Ministerio Público lo sancionó con diez años de inhabilidad por participar en política.

Aunque aún falta que se confirme en segunda instancia la destitución de González, lo más probable es que el Huila corra la misma suerte del Valle y el gobierno tenga que convocar a elecciones atípicas, pues todavía faltan más de tres años para que se termine el periodo de mandato.

Pero el sino trágico de la corrupción, malas decisiones administrativas y la comisión de delitos han manchado otros rincones de Colombia. El año pasado, la Contraloría suspendió al entonces gobernador del Magdalena, Omar Díazgranados, por la compra irregular de 66.000 kits escolares para colegios. En septiembre pasado, cuando faltaban solo tres meses para que dejara el cargo, la Corte Suprema de Justicia condenó al gobernador de Guainía, Iván Vargas Silva, por comprar votos en las elecciones. Y solo una semana después la Contraloría pidió la suspensión en el cargo del gobernador de Caldas, Mario Aristizábal, por recortar las transferencias que una empresa del chance debía hacer a la salud.

Desde 2009, los entes de control han sancionado o condenado a 16 mandatarios regionales. Diez de ellos estaban gobernando en el momento en el que fueron sancionados. Además de los mencionados, están los nombres de Joaco Berrío, de Bolívar; Felipe Guzmán, de Putumayo; Óscar Flórez Chávez, del Casanare, y Patrocinio Montes de Oca, del Chocó. El departamento con más gobernadores sancionados recientemente ha sido el Amazonas con tres. Eso sin contar los que están en la mira de los entes de control y que ya tienen abiertas investigaciones preliminares.

En la mayoría de los casos, las sanciones han sido el fruto de la malversación o apropiación del erario, lo que revela una verdad desagradable: la corrupción consumió buena parte del Estado en su nivel regional. A lo anterior se añaden las inevitables consecuencias para la gestión pública, producto de los encargos, interinidades y elecciones atípicas.

Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, son dos los factores que explican la cantidad de gobernadores destituidos: "Se disparó la corrupción política a causa de la recomposición del clientelismo aupado por el paramilitarismo y otros poderes mafiosos. Y los organismos de control han tenido un inusitado protagonismo en el debate público". Si no fuera por estos últimos, muchos de estos abusos no saldrían a la luz.