Cuestionada firma extranjera va por más contratos en Colombia

Hidalgo e Hidalgo es una empresa con una larga trayectoria en la construcción de todo tipo de obras de ingeniería civil, con casa matriz en Ecuador pero con presencia en Perú, Colombia y Panamá. Hace poco se vio envuelta en uno más de los innumerables escándalos de corrupción relacionados con el expresidente Ricardo Martinelli en Panamá.

La historia que tiene en problemas a esta firma en Panamá se relaciona con un contrato que ganó para el estudio, el diseño y la construcción de un proyecto agropecuario en el valle de Tonosí (centro de Panamá) valorado en 155 millones de dólares. Esta obra nunca se construyó, pero además, al parecer, hubo prebendas a funcionarios entre los cuales estaría el ex vicepresidente de esa nación Felipe Virzi, detenido el jueves 4 de junio. Actualmente, el gobierno de Juan Carlos Varela adelanta un pleito penal.

El Ministerio Público del vecino país interpuso una denuncia penal en la que se pretende la devolución de un adelanto que el anterior gobierno de Martinelli consignó para la obra. Por su parte, según versiones de la prensa panameña, el ex vicepresidente habría recibido 10 millones de dólares de Hidalgo e Hidalgo en el 2012 para ganar la cuestionada licitación.

En un comunicado de prensa, la compañía constructora ecuatoriana dijo que ganó la licitación “de manera limpia y transparente y que nunca ha realizado pago alguno a funcionarios panameños”. También aseguran que la obra no se culminó porque el Estado no cumplió su obligación de liberar las tierras necesarias para la construcción del proyecto.

Aunque el grave caso pareciera ser ajeno a los colombianos, esta semana el país se llevó una gran sorpresa cuando se supo que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó un contrato de 1,2 billones de pesos en Cauca a un consorcio integrado por Hidalgo e Hidalgo y Carlos Solarte, este último un constructor colombiano que ha estado vinculado a procesos por presuntos incumplimientos contractuales.

La ANI responde

El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, le dijo a Semana.com que Hidalgo e Hidalgo lleva ya dos años trabajando con la entidad en la ejecución de un contrato “ganado en licitación abierta” en la vía que conduce del centro del país (Zipaquirá, Cundinamarca) hacia Bucaramanga y “hasta ahora ha cumplido en la ejecución. (…) No hemos recibido objeción alguna”.

El directivo manifestó que en la licitación de la autopista entre Popayán y Santander de Quilichao “fue un proceso abierto y hubo precalificación el año pasado, en la que participaron varias firmas”. Señaló también que en ningún momento del proceso hubo observaciones por parte de los competidores o de algún tercero acerca de la firma ecuatoriana.

Andrade manifestó que desconocía la situación y que, por los medios de comunicación, se enteró de las presuntas irregularidades cometidas por personas vinculadas a Hidalgo e Hidalgo.

“Y así las conociera no hubiera podido hacer nada: bajo la legislación colombiana las responsabilidades penales son individuales y no pueden adjudicársele a una persona jurídica. Además, para establecerla tiene que haber condena, no una mera investigación”, dijo y recordó que si una firma fuera descalificada por “sospechas”, esta puede demandar al Estado.

Sin embargo, Andrade manifestó que todavía queda un lapso de un mes para la firma del contrato con el consorcio que incluye minoritariamente a Hidalgo e Hidalgo y anunció que “redoblará” las investigaciones en búsqueda de cualquier presunta inhabilidad. Entre tanto, se considerará que no hay alguna por parte de la firma.

"Fue verificado"

Semana.com se comunicó con Álvaro Vargas, representante del consorcio entre las firmas, quien aclaró que el proceso se hizo de forma transparente frente a la ANI y que no hubo objeciones por parte de otros proponentes.

"Nosotros nos basamos en el concepto de la ANI, que precalificó a Hidalgo e Hidalgo como uno de los 10 certificados dentro del proceso. Ellos nos buscaron para conformar el consorcio y poder presentar una oferta", le contó el directivo a este portal.

Sobre los antecedentes de la compañía en el exterior, Vargas indicó que no realizaron una verificación del historial de la firma pues "la ANI realiza un proceso de verificación de antecedentes y ellos son un contratista que está habilitado para participar en la licitación".

A pesar de esto, si se encuentran irregularidades en la participación de Hidalgo e Hidalgo, la otra parte del consorcio está en capacidad de terminar la obra. "Nosotros, como grupo con el 70 % de la participación, estaríamos en capacidad de asumir el otro 30 % y llevar a cabo toda la construcción del proyecto y la concesión. Estamos hablando de un contrato donde realmente no hay anticipos del Estado y lo podemos cubrir a su totalidad".

El consorcio colomboecuatoriano estará a cargo de la construcción y la rehabilitación de 76 kilómetros de la autopista entre Popayán y Santander de Quilichao, corredor estratégico que pretende mejorar la movilidad y la competitividad de la región suroccidental del país, así como la conexión con Ecuador. El proyecto hace parte de la Segunda Ola de Cuarta Generación. Por ahora, el consorcio no tiene otros planes de negocio diferentes a la autopista.

^{Este es el video que la ANI subió a la web para anunciar la importancia de la carretera Popayán - Santander de Quilichao, y que fue adjudicada a Hidalgo e Hidalgo.}

Otro contrato en ciernes

El asunto causó polémica por premiar a una firma presuntamente involucrada en graves escándalos internacionales y por la manera como el Gobierno evalúa a quienes licitan. Sin embargo, Semana.com conoció que este no sería el único proyecto que Hidalgo e Hidalgo podría ganar en el país.

La compañía ecuatoriana también está licitando por un proyecto de 237.000 millones de pesos con el Fondo de Adaptación, que será adjudicado el próximo viernes 19 de junio. El proyecto sería la primera gran obra en la región de La Mojana, para construir 12 kilómetros en la Transversal Momposina para conectar Magangué con Mompox, en Bolívar.

En su página web el Fondo de Adaptación publicó que debido a la gran cantidad de proponentes y a que varias de las compañías son extranjeras, decidieron acoger la sugerencia de la Procuraduría para verificar la documentación y realizar una revisión minuciosa de los aspirantes a efectuar la obra.

En el sector hay expectativa y preocupación por la decisión que tomará el Fondo de Adaptación en relación con esta obra de gran importancia para la región caribe, toda vez que el contrato incluye el mejoramiento de la carretera Yatí-Santa Lucía; la construcción de la vía de Isla Grande; la edificación del Puente de Santa Lucía (de un kilómetro de longitud), y el Puente Roncador, que será uno de los más largos del país, con 2,3 kilómetro de extensión.