Granados, el contralor que puso en jaque a Petro y ahora se juega su libertad ante la justicia

El concejal Venus Albeiro Silva interrumpió la plenaria durante la votación para elegir al contralor de Bogotá, el 1 de junio de 2016. Apurado y angustiado, con un policía parado a su izquierda, le comunicó a sus compañeros que tenía que marcharse a su casa porque una turba enfurecida había rodeado la vivienda, y pretendía atacarla, con su familia adentro. Pese a la siuación apremieante, Silva no quiso irse sin dejar claro que, de no tener que abandonar el recinto, su voto sería por Juan Carlos Granados. Al igual que el voto de otros 35 cabildantes que finalmente lo eligieron ese día como el vigilante del mayor presupuesto de una ciudad colombiana. Pese a que había obtenido el puntaje 37 entre los 43 que aprobaron el examen que les hizo la Universidad Nacional a los candidatos, el exgobernador de Boyacá arrasó frente a los concejales. Solo 6 se decantaron por otro postulado y otro más votó en blanco.

Así, Granados mantuvo su invicto. Había ganado las cuatro elecciones populares a las que se había presentado, y ahora ampliaba el récord a otro cargo público. Eso demostraba su talante de político pura sangre, ahora graduado como rector de un ente de control. Dieciséis meses de gestión después, la suerte es otra. Ahora es Granados el que está en la mira de un ente de control. Este lunes está citado al Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía pretende imputarle delitos relacionados con un supuesto favorecimiento suyo, cuando era gobernador de Boyacá, a Odebrecht. El ente acusador también podría solicitarle al magistrado que lo prive de la libertad mientras avanza el caso. En el Concejo en el que hace meses lo apoyaron en masa, son pocas las voces que le quedan de respaldo. Incluso en su casa política, Cambio Radical, ya hay concejales como Yefer Vega, que votaron por él y hoy le piden que se retire del cargo.

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Esa audiencia del lunes será probablemente el momento político más complicado de la carrera de Granados, que comenzó hace 20 años, cuando aún estudiaba derecho en la Universidad Nacional y se lanzó al Concejo de Nobsa, el pueblo boyacense donde nació. En 1998, cuando apenas tenía 24 años, alcanzó una curul por el Partido Liberal. Para las siguientes elecciones locales, sin haber cumplido los 30 años, Granados se presentó a disputar por la alcaldía de su pueblo.

Para entonces su padrino político era Luis Hernando Calixto, el alcalde saliente (que desde 2016 ocupa de nuevo ese cargo). Granados llegó al primer despacho del municipio y en su próxima aspiración electoral decidió dar el salto a la política nacional. Se presentó como candidato a la Cámara de Representantes, soltando el trapo rojo para inscribirse por Cambio Radical.

Los resultados fueron una sorpresa en la política boyacense. Para llegar al Congreso tuvo dos padrinos. Luis Guillermo Barrera, excongresista y cacique político de Sogamoso, y Plinio Olano Becerra. Este último, dos veces representante a la Cámara, dos veces senador, exdirector de la Federación Nacional de Departamentos y hoy preso por el escándalo de Odebrecht. De esa amistad se derivan hoy sus líos. Ya en el Capitolio Nacional, Granados empezó a codearse con pesos pesados. Allí entabló una relación cercana con el jefe de su partido, Germán Vargas Lleras.

De Bogotá, Granados regresó a su tierra para lanzarse a la Gobernación. Representando una coalición de Cambio Radical con liberales y el Partido de la U, barrió a sus rivales de la Alianza Verde y el Partido Conservador. Obtuvo 279.000 votos, el 51 por ciento del total. Desde el despacho departamental, y muy en la línea de su partido, le apostó al desarrollo de la infraestructura.

En octubre del año pasado, el contratista Federico Gaviria, señalado de ser uno de los intermediarios de las coimas de Odebrecht y el mundo político, prendió el ventilador y la onda alcanzó a Granados. Según el delator, él mismo le hizo llegar 200 millones de pesos a Olano que tenían como destino final el patrocinio de esa campaña de Granados a la Gobernación.

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“Este aporte se realizó en una reunión en la misma casa de habitación de Plinio Olano, del conjunto residencial Aposentos, en la que participaron el señor Luiz Bueno (expresidente de Odebrecht en Colombia), Plinio Olano y yo”, dijo Gaviria, quien describió un segundo encuentro. En esa otra reunión habrían estado Gaviria, Olano, Bueno y Granados, y este último, supuestamente, expuso su plan de infraestructura para el departamento, que era del interés de la multinacional constructora, y que incluía una vía proyectada entre Duitama y San Gil.

Gaviria explica que, tras la elección de Granados, el gobernador designó a su secretario de Planeación para que fuera interlocutor con la multinacional, representada para esos intereses por Éder Paolo Ferracuti, quien ordenó estudios para la vía entre Duitama y San Gil. Según Gaviria, en esa etapa se hicieron varias reuniones en restaurantes en Tunja y Bogotá. A algunas habría asistido el gobernador Granados. Sin embargo, dice Gaviria, los estudios mostraron la inviabilidad financiera del proyecto, en cuanto al pobre recaudo que se anticipaba con los peajes.

Tras el fracaso de esa obra, según Gaviria, Olano propuso que Granados, como presidente del Consejo Directivo de la CAR Cundinamarca, interviniera a favor de la contratación de Odebrecht en el proyecto de ampliación de la planta de aguas residuales de Salitre, sobre el río Bogotá.

“En el año 2013 hacen una reunión en la que participaron Luiz Bueno, Eleuberto Martorelli, Plinio Olano, Juan Carlos Granados, Alfred Ballesteros (exdirector de la CAR Cundinamarca) y yo. Dicha reunión fue en el apartamento de Juan Carlos Granados, en la calle 77 con 9 en Bogotá”, dijo Gaviria. Este segundo intento, según el delator, fracasó porque durante su trámite estalló el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht.

Ante esas declaraciones, Granados se ha defendido diciendo que no recibió ningún aporte para su campaña que no esté reportado al Consejo Nacional Electoral, y mucho menos de Odebrecht, empresa que, durante su gestión, no recibió ningún contrato. "Hablan de una retribución pero no le dimos ningún contrato, ni desde la Gobernación, ni desde la CAR y por el contrario, cuando me convertí en contralor le abrí un proceso de responsabilidad fiscal por 230.000 millones de pesos, esto es más de 1.000 veces el aporte que supuestamente me dieron”.

Pero para comienzos de 2016, el escándalo de Odebrecht en Colombia aún no estallaba. Entonces Granados, que acababa de dejar la Gobernación de Boyacá, empezó su campaña para llegar a contralor de Bogotá, con el apoyo de Cambio Radical, que acababa de convertirse en la bancada mayoritaria de la capital, con 9 concejales. Su candidatura logró aglutinar a los peñalosistas (liberales, conservadores, verdes, Centro Democrático, Cambio Radical y La U). Y tras dejarle la Personería al liberalismo, que terminó eligiendo a Carmen Teresa Castañeda en ese puesto, Granados no tuvo muchos problemas para ganar. Solo siete concejales: los del Polo, el Mira, uno de la ASI y uno verde, le negaron el voto. Así se quedó a cargo del ente llamado a vigilar los billonarios recursos de la capital.

Como contralor, Granados no ha estado libre de polémicas. Avanzó en varios procesos contra Gustavo Petro cuando el líder del Progresismo adelantaba su campaña presidencial. El candidato de la Colombia Humana dejó saber que el interés de Granados tenía que ver con su cercanía con Cambio Radical, partido que apoyaba a Germán Vargas Lleras en esa contienda. 

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En total, son seis los procesos abiertos contra Petro y varios funcionarios de su alcaldía en la Contraloría Distrital y que podrían generarles multas por más de un billón de pesos, si todos llegaran a prosperar. De momento, el más avanzado es el de una sanción de 217.204 millones de pesos a Petro y a otros cuatro funcionarios por la reducción de los ingresos del SITP por cuenta de un decreto que el exmandatario emitió en 2012, con el que bajó las tarifas del sistema de transporte público. En noviembre pasado, Granados ratificó en segunda instancia la decisión de su Contraloría. Petro, quien estaba en medio de la campaña presidencial, logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera los efectos de la decisión, mientras el Consejo de Estado emite un fallo de fondo. 

Hay otras dos sanciones desfavorables para Petro que ya fueron falladas en primera instancia y están ahora en manos de Granados. Una de 40.545 millones de pesos por la "compra sobredemensionada y/o innecesaria de vehículos barredoras para la prestación del servicio de aseo en la ciudad". La otra es por una multa que le puso la Superintendencia de Comercio al Distrito por haber violado la libre competencia en la contratación del esquema de aseo de la Bogotá Humana. Son 91.000 millones de pesos que la Contraloría le está cobrando a Petro y otros funcionarios. En la entidad dicen que Granados pretende dejar resueltos esos procesos antes de que se acabe el año, pero eso dependerá de la decisión que este lunes tome el Tribunal de Bogotá sobre su libertad. 

La polémica es que esos fallos, de ser confirmados en la instancia máxima a la que el senador los lleve, lo inhabilitarían para ejercer cargos públicos pues, como ya ha dicho, no está en capacidad de pagarlos. Esto a la luz de una decisión que la Corte Constitucional tomó el jueves pasado, en la que ratificó que este tipo de sanciones sí impiden la posesión en cargos públicos. Es por esos procesos que Petro señaló a Granados como "la policía política de Vargas Lleras".

El contralor, por su parte, le pidió a Petro que no llevara sus decisiones fiscales al plano político. Y se defendió queriendo mostrar que sus actuaciones, por ejemplo, también habían impactado la administración de Enrique Peñalosa, como cuando embargó a la exgerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, en un proceso por la crisis del SITP.

La Contraloría, por su parte, le envió a SEMANA un balance de su gestión bajo la dirección de Granados. Durante 2017, reporta el ente, "se generaron beneficios del control fiscal en cuantía de 311.571 millones de pesos, monto que al compararlo con la ejecución presupuestal de la entidad para el mismo periodo (130.640 millones de pesos), arroja una tasa de retorno de 2,38. Es decir, que por cada peso aportado por los ciudadanos para el funcionamiento de la entidad, se ha retornado a los capitalinos más de 2,38 pesos".

En lo que va de 2018, el organismo distrital ha emitido 26 fallos de responsabilidad fiscal por un valor de 3.444 millones de pesos. Y en las dos últimas vigencias anuales, la Contraloría reporta 2.476 hallazgos disciplinarios, 686 fiscales y 99 penales, producto de sus auditorías.

El cuestionamiento de su cercanía con Cambio Radical volvió a emerger por cuenta de Petro. En noviembre pasado, por ejemplo, La Silla Vacía expuso que Patricia Reyes, la esposa de Granados, fue quien estuvo a cargo de la recolección de firmas para la candidatura de Vargas Lleras en Boyacá. El concejal Manuel Sarmiento, del Polo, también aseguró que a la contratación de la Contraloría habían entrado varios líderes promotores de esa campaña. 

Hasta su llegada a la Contraloría, la carrera de Granados había sido netamente política. Por eso, algunos advirtieron que estaba en el ente de control para catapultarse más alto. Con una imputación de cargos a la vuelta de la esquina, y escasas voces de apoyo en su defensa, ese impulso parece ahogado.