Lo que parecía imposible en la justicia de Colombia ocurrió en Caquetá. Un concejal que fue capturado, judicializado y condenado por extorsionar, a nombre de las disidencias de las Farc en ese departamento, logró quedar en libertad y suspender la condena en su contra con una simple acción de tutela.
El milagro judicial ocurrió por un tecnicismo que ahora se convierte en el arma contra las víctimas de las extorsiones que tenían, según la investigación, la firma de las disidencias de las Farc, en una zona del país con tantas complejidades en materia de seguridad y justicia.
Cuando se leyó la condena contra el concejal, a más de 29 años de cárcel, al juez se le olvidó incluir en su lectura que debían librarse las órdenes de captura contra el condenado y allí, según otro juez, se afectó el debido proceso y el derecho a la libertad del concejal.
De forma curiosa, el policía que custodiaba el concejal, una vez se conoció la condena, tuvo un problema con su celular y no pudo enterarse de la sentencia contra el funcionario. Salió sin problemas del recinto judicial, a pesar de que acaba de ser condenado a casi tres décadas por extorsionar a ganadores, comerciantes y transportadores en el departamento de Caquetá.
Las extorsiones
Todo ocurrió en Caquetá. Las extorsiones, la captura, la judicialización, la condena y ahora la decisión, sin precedentes, que suspende esa condena. El responsable, de acuerdo con el fallo condenatorio, es el concejal de San Vicente del Caguán, José Iván Suaza. La Fiscalía investigó y logró establecer que se trataría del encargado de identificar a las víctimas y redactar las extorsiones.
“La coincidencia de las declaraciones de los testigos presenciales, siembra en este juzgador una prueba de veracidad, pues sus declaraciones en el juicio oral no provienen de personas hábiles, artificiosas, preparadas tendientes a favorecer a una de las partes, en consecuencia, nótese que sus versiones de los hechos son evidentemente demostrativas de lo acaecido y que corresponden al contexto fáctico”, señaló el juzgado que lo condenó.
Las víctimas de las extorsiones eran ganaderos, comerciantes y transportadores de la región, que, a pesar de la difícil situación en materia de seguridad en el departamento, le apostaban a mantenerse, por eso denunciaron las extorsiones, como recomiendan las autoridades. La Fiscalía investigó y logró llegar a la condena.
“Así mismo, el daño real causado resulta obvio, pues no sobra repetir el suceso lesivo del bien jurídico, es por ello que dentro de la discrecionalidad reglada y con lo expuesto con anterioridad, se hace necesario imponer una pena ejemplar, dando cumplimiento a una de las funciones señaladas de la pena prevista”, advierte la condena contra el concejal que confirmó su responsabilidad en las extorsiones.
La tutela
Un mes después de conocer la sentencia en contra del concejal Suaza, su defensa radicó una acción de tutela para proteger el derecho a la libertad de su cliente por los “errores” del juez al leer la condena. En otras palabras, a través de tutela se logró suspender la condena, garantizar el derecho a la libertad del condenado concejal, pero afectar los derechos de las víctimas.
El responsable de semejante decisión fue el juez segundo promiscuo del circuito del municipio de Puerto Rico, Caquetá, William Andrés Chica, que en su decisión le dio crédito a las pretensiones del concejal, principalmente cuando advierte que en la condena “no mencionó que expediría una orden de captura en su contra, y que por ende no podía ordenarla en la parte resolutiva de la sentencia”.
Ósea, como el juez que lo condenó, olvidó señalar en su decisión que se ordenara la captura, pues la misma no procedía, hasta tanto no se resolviera la apelación a esa misma sentencia. “Resalta que dicho fallo fue apelado por su defensa, y que, al no estar en firme la providencia, no puede tener firmeza la mencionada orden de captura en su contra”, advierte la tutela.
Por insólito que parezca así ocurrió. La historia judicial del país podrá contar que un juez suspendió la condena contra un concejal, señalado de extorsionar a sus electores, simplemente porque otro juez, al momento de leer la decisión, omitió recordar que se libraban las órdenes de captura correspondientes.