Intervenida oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena

Por las múltiples quejas de los usuarios, la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro intervino este miércoles, por un término de 15 días, la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. Durante las dos primeras semanas de intervención cuatro expertos revisarán la documentación. Si se justifica, prorrogarán la intervención hasta que se aclaren las quejas.

Las principales quejas de los usuarios tienen que ver con las demoras en el registro de las escrituras. Los reclamos también obedecen a posibles registros irregulares, es decir, sin el lleno de requisitos.
 
La Superintendencia tomó la decisión ante el volumen inusual de quejas presentadas por las personas que acuden a protocolizar escrituras y los posibles casos de corrupción, pues las personas, frente a la desesperación por la lentitud y la falta de respuesta a las peticiones y los reclamos, pagan a funcionarios para agilizar los trámites, con lo que se configuran casos de cohecho.

Precisamente, por pedir dinero presuntamente para hacer el registro y el supuesto tráfico de influencias, miembros del CTI Seccional Cartagena detuvieron el pasado 9 de diciembre a cuatro funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa seccional.
 
Los funcionarios capturados son Eduardo Duque Pupo, Lewis Caraballo, Delia Dávila y Aldo Cuello. En su momento, y de acuerdo con el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, los funcionarios son procesados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El proceso contra los funcionarios se originó por las exigencias económicas que supuestamente hacían a los usuarios para agilizar los trámites. "Eran las personas que recibían los documentos y certificaban si se cumplían todos los requisitos", precisó Vélez. La investigación está en manos de la Fiscalía 16 en el departamento de Bolívar. El miércoles 21 de marzo el superintendente destituyó a otra persona.

La intervención

La decisión fue anunciada por el superintendente Vélez, quien se hizo presente en las instalaciones de la oficina en Cartagena, en compañía de un grupo de funcionarios nacionales. En las próximas dos semanas cuatro funcionarios especialistas en funciones de registro, sistemas, tierras y financiero, revisarán con lupa cada acto y en particular las denuncias.

La actual directora de la oficina de Cartagena, Emilia Fadul, continuará en su cargo.
 
Además de los cuatro expertos, estará como coordinador de la intervención Pedro Malagón, un funcionario de confianza del superintendente, quien liderará el seguimiento día a día a la oficina regional para inspeccionar si se aplican los correctivos y se revisa cada queja.

Además de las denuncias por devolución de escrituras, que en opinión de funcionarios notariales están bien, debido a que en la mayoría de los casos son compra venta de inmuebles urbanos con tradiciones ciertas, hay varios casos preocupantes como el registro de varias ventas de terrenos en zona de bajamar, es decir, sobre la playa.
 
Los casos que preocupan al superintendente, los cuales serán revisados, son la venta de 200 metros de playa al hotel Dann en el barrio El Laguito y la de un edificio de la Caja de Compensación de Fenalco-Andi, Confenalco, en el barrio de Marbella, terrenos que fueron vendidos por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, cuya representante legal es hermana de la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena. 

Otros casos se presentan en un municipio cercano a Cartagena y en algunas posesiones al norte de la ciudad, en la vía que conduce a Barranquilla.
 
Todos los casos serán revisados con el rigor que exige la ley, pues la captura de los funcionarios y la persistencia de las quejas por presuntos casos de corrupción, que en opinión del superintendente son demasiadas para una oficina regional, ameritan revisar si se  aplican las normas del registro de instrumentos públicos.

Cabe recordar que el 3 de junio de 1999 fue asesinada Matilde Aguirre De la Espriella, quien ocupaba la jefatura jurídica de la oficina.

Para muchos usuarios es inaudito que les devuelvan escrituras cuyo único cambio es el de propietario. Según las quejas, cuando los usuarios van a las notarías para que les revisen sus documentos, les dicen que están bien y deben presentar recursos de reposición, pero cuando manifiestan su interés en presentar este documento, les responden que el trámite se puede demorar hasta dos años, lo cual es inexplicable porque se trata de un recurso de vía gubernativa que no debe tardar más de 15 días.

En dos semanas se sabrá si las quejas de los usuarios son fundadas o si, como dijo a los medios la registradora Emilia Fadul, se trata de un persecución política contra su hermana.