La caída de Iván Moreno

La sentencia de la Corte Suprema contra Iván Moreno no sorprendió a nadie. Desde hace varios años se había presentado como el cerebro del carrusel de la contratación. Como se ha dicho una y otra vez, Moreno en su condición de hermano del entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno y de senador del Polo Democrático, utilizó sus influencias para arreglar dos millonarios contratos de la fase III de TransMilenio entregados a los primos Nule. Además movió sus hilos para que le dieran dos bombas de gasolina a su esposa, Lucy Luna, en la vía Bogotá-Girardot.

Al final, fue condenado a 14 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos y concusión. Los dos primeros fueron por la malla vial y la concusión por exigirles a Iván y Miguel Nule la entrega de dos zonas aledañas de la concesión Bogotá-Girardot para su mujer. Según la providencia, los amenazó con que si no lo hacían, él mismo se encargaría de acabar sus relaciones con el Distrito. Además, deberá pagar 275 salarios mínimos de multa y quedó inhabilitado por 11 años y medio para ejercer funciones públicas. La sentencia argumenta que “la investidura del senador de la República fue el factor decisivo para que el procesado interfiriera en otros servidores públicos” y agrega que el acusado “tenía especial preponderancia sobre las entidades del Distrito Capital, entre ellas el IDU, donde según algunos testimonios allegados, ejercía fuerte poder burocrático”.

Lo de los contratos del TransMilenio es más grave que lo de las estaciones de servicio. Para la Corte Moreno contaba con toda la capacidad de ejercer presión psicológica sobre la directora del IDU, Liliana Pardo, pues ella le debía su permanencia en el cargo. Y gracias a la mediación del abogado Álvaro Dávila,  el arreglo con los Nule consistía en darles el 8 por ciento del valor de los contratos 071 y 072 de 2008 de obra del IDU así: 6 por ciento para los hermanos Moreno Rojas y 2 por ciento para el hoy preso excontralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi. En total, ambos contratos superaban los 100.000 millones de pesos. Por lo tanto el 6 por ciento representaría 6.000.

Iván consideraba  lo de las bombas tan normal que ni siquiera lo estaba ocultando. Para él se trataba de una concesión legal y estaba hasta dispuesto a poner el nombre de su señora. Comparado con las comisiones de la malla vial, las gasolineras podían ser vistas como un intercambio de favores entre poderosos de esos que en Colombia lamentablemente se registran con frecuencia. Lo que le dio la dimensión de delito fue que fuera denunciado por la Procuraduría al señalar que “Miguel Nule sí recibió a Lucy Luna de Moreno, quien estaba interesada en que se le asignaran las zonas de libre disposición para instalar sus estaciones de gasolina”.

Otro eslabón que determinó la caída de Iván fueron sus contradictorias  declaraciones sobre su relación con Emilio Tapia. Primero dijo que se había reunido con él en muy pocas ocasiones. Luego habló de un mayor número de encuentros e incluso reconoció haber aceptado su sugerencia de alquilar un avión Hawker por 26.343 dólares  (más de 57 millones de pesos) para su campaña al Senado. Agregó que en una ocasión él y Tapia volaron de Cartagena a Fort Lauderdale. Por esas declaraciones cambiantes la Corte consideró que sus explicaciones eran poco creíbles y que tenía mucho que tapar frente a sus vínculos con Tapia.

Los abogados de Moreno sostuvieron que los medios de comunicación influyeron en el criterio de la Corte y que ese linchamiento mediático produjo una condena anticipada ante la opinión pública. Por esto, se habría dejado a un lado la presunción de inocencia y se le había dado credibilidad a testigos falsos, de esos que se fabrican a diario en Colombia. La defensa adornó esos argumentos con citas históricas de Marx y Napoleón.

En esto puede haber algo de verdad pero el hecho es que la responsabilidad sí se probó. Lo que llama la atención es que la mitad de las 329 páginas de la sentencia se dedican a explicar que el tráfico de influencias dentro del IDU pudo ser llevado a cabo más por el poder que Moreno tenía como senador, que por su parentesco con el alcalde. El magistrado ponente señala en la sentencia que: “El parentesco entre el acusado y el alcalde mayor de Bogotá no se desconoce, pero de acuerdo con el material probatorio recaudado, no fue el factor determinante”. La teoría es algo sorprendente porque un senador que no fuera hermano del alcalde no tendría ninguna posibilidad de garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Aunque en teoría cada uno de los procesos es independiente, para que fuera realidad el carrusel de la contratación se requería la firma de Samuel. No se sabe si ese trato con guante blanco en la providencia obedece a que el ponente considera que la participación del exalcalde es marginal en el escándalo, comparado con la de su hermano, quien es descrito de principio a fin como el cerebro de todo el operativo. Muchos allegados a Samuel comparten esa opinión.

Otra impresión que deja la lectura del fallo es que la Corte considera que hasta ahora solo se han podido establecer tres delitos, pero no descarta que haya mucho más detrás. Como no puede probarlo, se limita a compulsarle copias a la  Fiscalía para que determine, a través de la Unidad contra el Lavado de Activos y de la Unidad para la Extinción de Dominio, si Moreno es culpable de enriquecimiento ilícito. Eso significa que la condena de 14 años puede no ser la única, pues el exsenador tendrá que enfrentar otros dos procesos: uno por enriquecimiento ilícito y otro por concierto para delinquir, que es un delito más grave que todos los otros.

Pase lo que pase, cualquier condena que reciba Iván lo va a dejar menos tiempo tras las rejas de lo que la gente cree. El sistema judicial colombiano le permite a los reclusos reducir su pena con solo demostrar buen comportamiento y acogerse a las modalidades que contempla la ley para rebaja de penas. Por dedicarse a actividades artísticas y culturales se le podrían reducir a la mitad. Es decir, de 14 pasaría a siete. Como fue detenido el 28 de abril de 2011, ya pagó tres años y medio de cárcel, o sea que le quedan cuatro años y seis meses. Y si además demuestra que trabajó, enseñó o estudió, tendría un año y medio menos. En últimas, en menos de tres años quedaría libre.

Según los códigos Penal y Penitenciario, Moreno podría pedir libertad condicional cuando cumpla las tres quintas partes de su pena. Pero de acuerdo con una reciente reforma del Código Penal, no tienen ese beneficio quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública. De manera que por ese lado tiene la pelea perdida.

Los abogados de Moreno todavía tienen dos caminos: imponer una tutela o recurrir a la justicia internacional, pero ninguno de ellos se ve viable y su suerte está más que echada. La gran expectativa ahora es qué va a pasar con Samuel. Aunque nadie cree que él fue el cerebro del carrusel, la Justicia le atribuye mayor responsabilidad al ejecutor de un contrato que al traficante de influencias.

En todo caso, algo que ha desconcertado a mucha gente es que Iván Moreno, acusado de ser el cerebro del escándalo de corrupción más importante de los últimos tiempos, sea condenado a 14 años de cárcel, mientras que a Andrés Felipe Arias, a quien muchos consideran inocente, le impusieron 17.