La JEP, la Alcaldía de Cali y la Gobernación de Valle del Cauca firman un convenio de cooperación y asistencia

La suma de esfuerzos de la JEP, la alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle podrán facilitar que miles de víctimas del conflicto armado tengan acceso a acciones restaurativas. “Buscaremos que los proyectos restaurativos de las víctimas que se construyan se adelanten de la mano de la autoridad local, del departamento, de las alcaldías, y eso nos permitirá integrarnos a los Planes de Desarrollo e impulsar los mecanismos de reconciliación en la región”, explicó Roberto Vidal, presidente de la JEP.

El presidente de esa jurisdicción, firmó el convenio suscrito con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. En ese departamento la JEP investiga varios de los macrocasos dentro de los cuales se destacó el 05 que investiga hechos ocurridos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, el caso 01 que investiga los secuestros, el caso 03 que investiga los mal llamados ‘falsos positivos’ y el caso 09 que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos en el marco del conflicto armado colombiano.

En el evento participaron autoridades locales y nacionales. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestó que “La única forma de nosotros lograr la paz no es un firmar un acuerdo, es hacer posible que ese acuerdo sea una realidad. Y para que sea realidad tenemos que convertir al Valle del Cauca en un departamento productivo, emprendedor, innovador, que le genere empleo a las personas... Nosotros estamos muy empeñados en poder lograr la reconciliación y la construcción de la paz”. Por su parte, Alejandro Eder aseguró: “Hoy como alcalde de Cali le digo a la JEP: desde Cali cuenten con nosotros”.

En la ceremonia también participaron víctimas y excombatientes. “Para nosotros como máximos responsables es la posibilidad de resarcir el daño que hicimos en comunidad haciendo ejercicios de reconciliación para sentar las bases de no repetición. Esto que vivió el país no tiene que volver a pasar. Y sentimos que nosotros tenemos un enorme aporte para eso”, aseguró Gustavo Arbeláez, uno de los comparecientes de la JEP. Olivia Guzmán Pérez, una de las apoderadas de las víctimas acreditadas del caso 05 y miembro de la corporación Hileros afirmó: “La justicia restaurativa nos brinda la posibilidad de saber la verdad, saber qué pasó, y además como víctimas tenemos el derecho a ser reparados. Hemos avanzado mucho en el proceso y estamos articulados con la JEP para que se sepa la verdad y haya justicia”.

El convenio incluye la posibilidad de hacer acciones articuladas para la protección de las víctimas y los comparecientes y hace énfasis en la construcción de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador (TOARS). Según explicó la JEP, “los proyectos se llevarán a cabo como parte de las sanciones, o en el marco de las contribuciones que hagan los comparecientes a la restauración del daño causado. Esta articulación también aplica para la ruta no sancionatoria de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual resuelve la situación legal de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por los crímenes que investiga la JEP”.

Los proyectos van a trabajarse en siete líneas de trabajo:

1) Acción Integral Contra las Minas (AICMA).

2) Medio ambiente, naturaleza y territorio.

3) Infraestructura rural y urbana.

4) Memorialización y reparación simbólica.

5) Educación, alfabetización y capacitación.

6) Búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

7) Daños diferenciales y macrovictimización. Cada uno de estos ejes está dirigido a restituir los derechos vulnerados de las víctimas

La JEP detalló que a la fecha a la fecha, ha certificado 189 Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador en todo el país. Cesar Serrano, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, explicó que las sanciones propias tienen la característica de ayudar a encontrar la verdad, pero a su vez también lograr la reparación de las víctimas por parte de quienes perpetraron estos delitos y por cuenta de la justicia transicional no van a acceder a penas de cárcel.