La paradoja de Guillermo Asprilla

El secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, tiene el corazón partido. No es para menos. Él es el artífice de la demanda más cuantiosa que debe pagar el Distrito en la historia reciente y, a la vez, es funcionario de la administración que deberá aplicarla. Pero a esta paradoja se le suma una personal y financiera: él podría ser el acreedor de cerca de 11.000 millones de pesos, por haber sido representante de las víctimas del caso, pero no puede cobrar esa plata a nombre propio pues de eso depende su permanencia en el cargo actual y su futuro político.

La historia comienza en septiembre de 1997 cuando una explosión causada por los gases de más de 1.200 millones de toneladas de basura amontonadas en el relleno Doña Juana, al sur de la ciudad, taponó el cauce del río Tunjuelito. Durante casi dos años los desechos permanecieron expuestos y los pobladores de las zonas aledañas tuvieron que aguantar los olores y la contaminación que produjeron. En 1999, un grupo de damnificados —más de 6.000— puso una ‘acción de grupo’ contra el Distrito. Y Asprilla fue su apoderado, junto con el abogado Raúl Hernández.

En mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a los damnificados. La ciudad y la firma Prosantana S.A. (empresa que administraba el relleno) debían indemnizar a quienes sufrieron las consecuencias de uno de los desastres ambientales más impactantes ocurridos en Colombia. La suma era cercana a los 1.600 millones de pesos. No obstante, los representantes del Distrito y la empresa apelaron la decisión.

Desde entonces, el proceso pasó al Consejo de Estado, que tardó más de cinco años en resolver en última instancia el pleito. Ese tribunal hace dos semanas falló contra el Distrito y lo conminó a pagar 227.000 millones de pesos en razón de los daños causados a más de 65.000 habitantes de las zonas aledañas al desastre; un fallo ejemplarizante para los gobernantes descuidados.

La sentencia ordena pagar a los abogados que representaron a las víctimas el 10 por ciento de la plata que reciban los damnificados. Es decir, Asprilla y Hernández (y otros) podrían recibir 22.700 millones de pesos de honorarios. Es ahí que se complica la situación del hombre fuerte de Petro: en la rueda de prensa que dio el magistrado ponente, Enrique Gil Botero, para dar cuenta del alcance del fallo, los periodistas preguntaron con insistencia si el secretario de Gobierno figuraba como apoderado de las víctimas. “En el proceso sigue figurando como apoderado el señor Guillermo Asprilla”, respondió Gil.

La pregunta es clave porque Asprilla es investigado por la Procuraduría por haberse posesionado, primero como concejal y después como miembro del gabinete distrital, sin presuntamente haber renunciado a representar a las víctimas. Ningún abogado puede ejercer su profesión y al mismo tiempo ser funcionario. La defensa de Asprilla ha alegado que él sí renunció al caso y que desde 2010 no tuvo ninguna actuación en el caso. Una escritura pública con fecha de febrero de 2011 dice que él dio un poder a Yadi Marisol Florián Asprilla, una sobrina, para que lo representara en cualquier proceso. Además, el secretario de Gobierno ya ganó un primer pleito en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Uno de sus adversarios había pedido la pérdida de su investidura por haber sido concejal y a la vez haber demandado al Distrito. Y el tribunal lo absolvió con el argumento de que los concejales sí pueden tener demandas contra el Distrito.

La Procuraduría deberá resolver ese galimatías que se formó entre las declaraciones de Gil Botero y lo que dijo el Tribunal. Lo que sí está claro es que a nombre propio, Asprilla no podrá cobrar el porcentaje que le corresponde de la condena al Distrito aunque por haber actuado en el caso tiene derecho a una parte. En su lugar, su sobrina sí podrá cobrar los honorarios. Lo que sigue sin resolverse es si podrá permanecer acompañando a Petro y si podrá ejercer cargos públicos en el futuro.