LA QUIEBRA DE LA TV

En Colombia en la actualidad se habla mucho de quiebras. Son tantas las personas y
los sectores afectados que ya es difícil individualizar. Sin embargo está apareciendo uno nuevo que
va a ser noticia en los próximos días: el de la televisión. La crisis de ésta pasa menos inadvertida
que las de otros sectores por dos razones. En primer lugar, por sus dueños, que además de los
grupos Santo Domingo y Ardila Lülle incluyen nombres muy conocidos del medio como Carlos Mejía,
Jorge Barón, Julio Sánchez y muchos otros. Y, en segundo lugar, porque la televisión es una parte
esencial en la vida de prácticamente todos los colombianos. El mundo de la pantalla chica es
particularmente complejo porque conviven en éste los canales privados con los canales públicos.
Después de 40 años de camisa de fuerza por el control del Estado la televisión finalmente tuvo su
apertura cuando Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila pagaron 95 millones de dólares cada uno
por las licencias de los canales Caracol y RCN. La cifra era altísima. En ningún país del nivel de
desarrollo de Colombia se había cobrado tanto. Pero la Comisión Nacional de Televisión les hizo pagar
la gana con el argumento de que habían elaborado unos estudios que desembocaban en cifras de esa
dimensión. En privado, algunos de sus miembros agregaban que la televisión no sólo es negocio sino
poder, y eso también se paga. Cuantificar el poder de un servicio público no es ni lógico ni fácil. En
todo caso, con base en este supuesto y en los estudios disponibles, cada uno de los cinco miembros
de la Comisión escribió en un papel el precio que consideraba debería ser cobrado por la licencia del
canal. El promedio de los cinco papeles dio 95 millones de dólares. Sumándoles los costos de
instalación e infraestructura, el precio final de los canales Caracol y RCN asciende a 308 millones de
dólares cada uno. A pesar de que la cifra era casi escandalosa los grupos la tuvieron que aceptar a
regañadientes. Según sus propios estudios, si la economía seguía creciendo a su ritmo
tradicional _alrededor del 4 por ciento_, si aumentaba la pauta publicitaria en televisión y si los canales
privados llegaban al 70 por ciento de la audiencia nacional, el negocio podría llegar a ser bueno. ¿Qué
pasó? La economía colapsó en términos no anticipados por nadie. La tajada publicitaria de la
televisión, que se proyectaba del orden de los 400.000 millones de pesos para 1998, acabó siendo
de 304.000 millones. Y los canales públicos, el Uno y el A, cuya eventual desaparición estaba
implícita en los cálculos de los privados, demostraron una capacidad de supervivencia en medio de
condiciones muy adversas. La realidad hoy es que cuatro canales nacionales de televisión no
pueden sobrevivir con base en un mercado publicitario de 304.000 millones de pesos. Para comenzar,
ese mercado tiene que ser compartido con CityTV, el canal de Bogotá de El Tiempo, y con los otros
canales regionales. Si a este problema estructural se le suma el hecho de que la apertura en la
televisión coincidió con la peor recesión del siglo, todo indica que el cementerio de programadores
quebrados va a ser muy grande. Igual o peorLa lógica matemática indica que la dimensión económica
del país daba para tres canales pero no para cuatro. Sin embargo, como sucede con frecuencia,
la conveniencia política se antepuso a la racionalidad financiera en el momento de la adjudicación.
Como los canales Uno y A ya existían, era muy difícil dejar uno abierto y cerrar el otro. Y como Julio
Mario Santo Domingo y Carlos Ardila tenían cada uno programadora de televisión, era imposible darle
al uno y no al otro. Ante esta realidad los canales acabaron siendo cuatro. Si los privados están hoy
mal, los públicos están peor. El canal A, liderado por Carlos Mejía y Patricio Wills, de RTI, tiene más
coherencia que el Uno. Hay menos egoísmo en las programadoras y más acción de grupo. Sin
embargo su situación financiera es igual o peor, pues sus costos son mucho más altos.¿Cuál de los
cuatro se va a totear? En realidad ninguno. Los canales Uno y A, por tratarse de concesiones del
Estado, son servicios públicos cuya prestación tiene que estar garantizada por el mismo Estado.
En la medida en que las programadoras que se quiebren tengan que devolverle a Inravisión sus
espacios, ésta los tendrá que ofrecer otra vez en licitación y siempre habrá algún iluso que los quiera
recibir. Si por casualidad esto no sucede Inravisión tiene la obligación de hacer los programas
directamente. Por lo tanto, la expectativa de que uno de los dos canales públicos salga del aire
no es realista, independientemente de la catástrofe económica. Lo mismo pasa con los privados. De
los 95 millones de dólares de la licencia Caracol adeuda todavía 12.000 millones de pesos y RCN
120.000 millones. En rating Caracol le lleva una ventaja sustancial a su competidor y se anticipa que en
poco tiempo le quitará la camiseta amarilla al canal A, que la ostenta en la actualidad. Esto deja
a RCN en una situación más vulnerable. Sin embargo, aunque Ardila Lülle ha tenido que apretarse el
cinturón en todos los frentes, tiene el músculo financiero para garantizar la supervivencia de su canal.La
conclusión de todo lo anterior es que la única forma de que sobrevivan los cuatro canales es con una
manito del Estado. Los canales privados aspiran a que les rebajen el 30 por ciento de los 95
millones de dólares pagados por la licencia, precio que no sólo consideran más acorde con la
situación económica sino más justo. Los públicos, por su parte, aspiran a que les rebajen las tarifas
que le tienen que pagar a la Comisión de Televisión por el arrendamiento de los espacios, que
ascienden en la actualidad a 30.000 millones de pesos al año. Ya se les hizo una ligera reducción, pero
no la consideran suficiente. Además de esta rebaja en tarifas están tratando de que el Congreso pase
una nueva ley de televisión, dándole más estabilidad y flexibilidad a esos canales. En la práctica esto
significa alargar el plazo de las actuales concesiones, que es de seis años, reducir la rigidez de las
reglas del juego y aceptar la participación extranjera en una proporción superior al 15 por ciento
permitido hoy.

Este proyecto de ley ha comenzado a contar con el apoyo de varios congresistas, quienes desearían
ver fortalecidos los canales estatales para asegurar su supervivencia. El problema es que los
canales privados consideran que lo que se denomina ''darle estabilidad" al Uno y al A equivale, en
realidad, a cambiarles las reglas del juego a los dos privados. En su opinión, darles a los canales
públicos las mismas condiciones que a los privados equivaldría a regalarles algo que a ellos les costó
95 millones de dólares. Los dos puntos tienen algo de validez, pero no dependen de la Comisión
Nacional de Televisión sino del Congreso. Sin embargo la Comisión tiene un papel muy importante
que jugar en la crisis actual. Es consciente de la gravedad del problema y tiene ánimo de colaborar
siempre y cuando sea dentro del marco de la ley. La ministra de Comunicaciones, Claudia de
Francisco, comparte este espíritu, pero agrega que hay que tener en cuenta las consideraciones
fiscales, pues cada peso que se ahorren las programadoras será un peso que no recibirá el Estado. A
pesar de que en la actualidad la Comisión de Televisión está recibiendo sumas millonarias de los
concesionarios las proyecciones sobre el flujo de caja son preocupantes. Un estudio reciente
demuestra que el flujo de caja de todo el sistema de televisión pública será insuficiente en 2004 para
cubrir sus costos de operación. Luchar hasta el finalHabida cuenta de todos estos factores, la
Comisión Nacional de Televisión tendrá que ser muy creativa para revitalizar la televisión colombiana,
que está en proceso de marchitamiento por razones económicas. En cuanto a los canales
públicos, las posibilidades de ayuda parecen estar limitadas a dos frentes principales. El más
importante sería una nueva reducción de tarifas, adicional a una que se llevó a cabo recientemente.
Las programadoras están dispuestas a luchar hasta el final por este punto con el argumento de que
las tarifas actuales no corresponden a ninguno de los criterios o estudios que exige la ley.
Simplemente son extrapolaciones de las cifras que se manejaban en la época del monopolio estatal,
que nunca tuvieron en cuenta las nuevas circunstancias. Otro campo de acción es el de reducir el
costo actual de los denominados VTR. Estos ascienden en la actualidad a 18.000 millones de pesos
para los cuatro canales y son pagados por los anunciantes. Reducirlos aumentaría
correspondientemente el tamaño de la torta publicitaria, tanto en el sistema privado como en el
público.No menos complicado va a ser solucionar el problema de Caracol y RCN. Estos aspiran a
que les reduzcan en 30 millones de dólares los 95 millones que pagaron por la licencia y no descartan
la posibilidad de recurrir al tribunal de arbitramento contemplado en el contrato de adjudicación para
que éste determine si el precio fue justo o no. Comparan su inversión con los 14 millones de dólares
que costó la licencia de CityTV, el canal de El Tiempo en Bogotá, ciudad donde se concentra el 40 por
ciento del total de la pauta publicitaria.Nadie discute que se pagó un sobreprecio alto por esas
licencias. Sin embargo se trató de una decisión consciente de los licitantes aceptar ese precio y el
tribunal de arbitramento tendría que determinar si una recesión económica, por más grave que ésta
sea, es motivo suficiente para modificar un contrato. La Comisión cuenta con un abanico de
opciones para aliviar la situación financiera de estos dos canales. Estas incluyen, en primer lugar, la
prórroga de la iniciación del contrato con el argumento de que el Estado no llenó los requisitos
técnicos del espectro estipulados en la adjudicación. Sobre este aspecto parece haber un
consenso y la argumentación cuenta con un sustento jurídico importante. En la práctica, esto
representaría una extensión del contrato de un año y medio más sobre los 10 años de la concesión
original. Otro frente de apoyo sería eliminarles a estos canales el costo del 1,5 por ciento de los
ingresos brutos de publicidad que tienen que pagar en la actualidad, destinados a financiar el
fondo de desarrollo de la televisión pública. Este ahorro sería del orden de 10.000 millones de pesos
por canal, cifra que no es muy sustancial dada la dimensión del problema. Existen otros costos del
canal, que podrían ser recortables, del orden del millón de dólares anuales. Si todas las anteriores
fórmulas son insuficientes la Comisión Nacional de Televisión cuenta con un instrumento adicional.
Se trataría de cerrar la programación de seis de la mañana a 12 del día que existe en la actualidad.
Esta programación no tiene ni audiencia ni anunciantes pero representa un desangre para las
programadoras. Como los colombianos han estado acostumbrados durante los últimos 50 años a oír
radio por la mañana el cierre de la televisión matutina probablemente no tendría grandes quejas. En
todo caso la suspensión de la televisión de la mañana tiene la ventaja de ser una medida de
carácter transitorio y la desventaja de tener implicaciones fiscales importantes para el gobierno. El
problema a largo plazo requerirá, sin embargo, reformas más estructurales. Inravisión es un organismo
ineficiente, cuyos costos como programador son muy superiores a los de los cuatro canales
nacionales. Su sindicato es tal vez el único del planeta que tiene garantizada la estabilidad laboral en
la Constitución Nacional. La Comisión de Televisión también requiere importantes modificaciones. El
intento del gobierno de eliminarla era exagerado, pero dejarla en su forma actual sería cerrarle el paso
a las transformaciones que necesita el sector. Todos estos puntos serán debatidos en los próximos
meses en Colombia, pues como dice la ministra de Comunicaciones, ''el esquema de la televisión en
Colombia amerita un replanteamiento total".