LA RUTA DEL INDULTO

Con la apertura del Parlamento este 20 de julio, se abre la oportunidad para que Colombia complete la última ficha que le falta al ajedrez jurídico de la paz. Primero fue la amnistía, luego la tregua o cese al fuego y ahora viene el indulto. Con las fichas legales completas, las calles de las ciudades y pueblos podrán ver desfilar tranquilamente a hombres y mujeres que desde hace tres decenios se esconden en la clandestinidad de los montes bajo la protección de los fusiles.
Para el hombre corriente, no acostumbrado a las minucias jurídicas y desmemoriado en relación con la larga historia de la violencia en el país, es difícil distinguir entre amnistia e indulto. Para quienes no creen en la paz negociada con la guerrilla, la amnistia ha sido más que suficiente y el hecho de que éstos no hayan abandonado sus armas los haría inmerecedores de la clemencia legalizada por un indulto.
RECONOCIMIENTO Y PERDON
Para ilustración de unos y tranquilidad de otros, es bueno aclarar que, para efectos del Acuerdo de La Uribe con las FARC, la no existencia de un indulto equivaldría a dejar por fuera de la paz precisamente a los mismos que hicieron posible el acuerdo, es decir, a los dirigentes de la organización guerrillera, no amnistiados por la ley 37 que lleva ya dos años de vigencia.
La amnistía olvida la sindicación y la pena o, como lo dice más exactamente el Código Penal en su artículo 78, "extingue la acción penal y la pena". Es una institución tipicamente parlamentaria, legislativa y general, es decir, abarca a todos los beneficiados del país incluídos en todos los delitos contemplados. Además, entra a regir de inmediato, automáticamente.
El indulto, en cambio, según el mismo código, extingue solamente la pena, es decir, se aplica a personas ya condenadas tras acción judicial completa. Reconoce la existencia del hecho punible por el que la persona ha sido condenada, pero la perdona.
El indulto, por eso mismo, es algo personal, que debe ser solicitado por cada condenado, según los trámites establecidos por la reglamentación que haya hecho el poder ejecutivo, en el marco de una ley aprobada por el Parlamento para darle facultades al gobierno a este respecto.
DOSCIENTOS AÑOS DESPUES
El país tiene una larga historia de indultos. Tan larga como la crónica de la rebeldía de los inconformes políticos. La inició el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora hace exactamente 200 años, en 784, con el indulto a los Comuneros. El texto de este protoindulto, redactado en olor de inquisición, rezaba así: "Para sosegar la desconfianza de muchos vecinos honrados y precaver las siniestras interpretaciones de otros, declaramos expresamente indultados y perdonados todos los que tuvieron la desgracia de acaudillar gentes y mandar tropas sublevadas con el título de capitanes, ya obligados de la necesidad, ya por un defecto de su errónea y punible ignorancia".
En 1927, después de las guerras de Independencia, los libertadores concedieron otro indulto. Después de cada una de las guerras civiles del siglo pasado se indultaron los delitos imputados a los vencidos. El gobierno de Abadía en 1929 dio otro indulto, pedido por el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, bajo la modalidad de revisión de los procesos de los condenados.
Después del 9 de abril, el gobierno indultó a los comprometidos en los desórdenes, incluídos los policías y empleados públicos, en acto que provocó el rechazo de Laureano Gómez.
Rojas Pinilla, en 1954 concedió un triple indulto. El primero, para los delitos de los guerrilleros contra la seguridad del Estado; el segundo, para los condenados ausentes, y otro para los militares comprometidos en los episodios del 10 de julio, cuyo aniversario número 40 se está celebrando en estos días. Entre los indultados por Rojas se encuentran personajes de la política actual, como Hernando Durán Dussán y Germán Zea. Finalmente, en 1957, el gobierno de Lleras Camargo nombró una comisión compuesta, entre otros, por monseñor Germán Guzmán, Otto Morales Benítez y Augusto Ramirez Moreno, para estudiar el caso de los guerrilleros que iban a deponer las armas. Fue el indulto de combatientes como Juan de la Cruz Varela.
LA PAZ POR ENCIMA DE LOS COMANDANTES
Después del acuerdo de La Uribe, el tema del indulto surgió como paso siguiente del largo proceso hacia la paz. Fuentes de la Comisión de Paz afirmaron a SEMANA que el indulto no fue un asunto importante en las negociaciones, sino algo tratado tangencialmente. Los comandantes de las FARC, Marulanda, Arenas y Guaraca, habrían expresado que "sabemos que la amnistía no nos beneficia, pero no vamos a hacer de esto un problema en las negociaciones ya que por encima está la gran política de la paz"
En contraste, los integrantes de la Comisión de Paz, sin haber nunca llegado a un acuerdo formal, entendieron que era obvio contemplar la situación de los comandantes. "Sería absurdo --agregaron las fuentes- que quienes negociaban quedaran por fuera". El acuerdo de La Uribe incluyó en su texto las palabras "perdón y olvido", pronunciadas por el Presidente Betancur en el discurso de comienzo de año, cuando el cambio de ministro de Defensa, y que fueron interpretadas como una alusión al indulto.
En consonancia con esta preocupación, sectores parlamentarios han venido adelantando gestiones encaminadas a la presentación de un proyecto de ley de indulto para la próxima legislatura. Concretamente, el representante liberal Benjamin Ardila Duarte elaboró un proyecto de consenso con anunciados y exposición de motivos. "La ley es de fácil redacción --declaró Ardila a SEMANA--sobre la base de un previo acuerdo y la Comisión Verificadora puede coordinar el articulado que se convenga. Con la comisión primera de ambas cámaras, con los ministerios de Gobierno, Defensa y Justicia, con las directivas políticas nacionales, se pueden acordar sus términos". -