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Los descaches del gobierno en la accidentada petición de extradición de Mancuso

El presidente Duque afirmó que si el jefe exparamilitar es deportado a Italia acudiría a la Corte Penal Internacional, y el comisionado de paz aseguró que iría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El problema es que ambas opciones son absurdas. Estas son las razones:

Mucho se ha dicho sobre la actual situación de Salvatore Mancuso Gómez y, sin embargo, nadie tiene claro cuál será el desenlace. El consenso generalizado entre clase política, víctimas y funcionarios judiciales es que regrese a Colombia tras cumplir su condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína, pero una mezcla de negligencia e incapacidad parece situar al exparamilitar al otro lado del Atlántico. Gracias al pasaporte italiano que heredó de su padre, el napolitano Salvatore Mancuso D’Angiolella, sus abogados tramitan ante las autoridades norteamericanos su deportación al país europeo. De llegar a suceder, lograría evadir las deudas pendientes con la justicia colombiana y miles de personas que aún desean saber sobre hechos en los que estuvo involucrado mientras lideraba más de 2 mil hombres en el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Un mar de indignación se desató entre los colombianos tan pronto la noticia se hizo viral. Esa fue la antesala y motivación necesaria para que empezara la búsqueda de las razones por las que Italia era una opción viable para Mancuso Gómez, a pesar de que la lógica indicara que su retorno a Colombia era lo procedente a raíz de sus crimenes. Las conclusiones solo fueron más carbón para el fuego.

Se encontró que el gobierno elevó tres solicitudes a las autoridades de Estados Unidos para la extradición del exjefe paramilitar y ninguna fructificó. El fracaso de la primera, llevada a cabo entre marzo y mayo de 2020, se dio debido a que los delitos por los que se pedía la vuelta de Mancuso Gómez al país no cumplían con los fundamentos legales mínimos estipulados en el ordenamiento jurídico norteamericano. Es decir, se omitió un requisito básico en los procesos de extradición. Llamó la atención que los funcionarios colombianos, con experiencia en este tipo de diligencias debido a que la extradición se encuentra vigente desde más de una decada, cometieran este error.

La segunda solicitud, en el pasado mes de junio, tampoco cumplió su cometido porque se basó en crimenes que ya habían sido conocidos por los tribunales de Justicia y Paz. Y la tercera y última, la gota que rebasó la copa, giraba alrededor de un proceso por lavado de activos pero fue retirada por la Fiscalía General de la Nación bajo el argumento de que el ingreso del exparamilitar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estaba en curso. Dicha solicitud de ingreso a la justicia transicional fue negada y Mancuso Gómez apeló la decisión. Estos eran los hechos cuando la Fiscalía optó por echar para atrás la petición de extradición y fue necesario que la presidente de la JEP , Patricia Linares Prieto, aclarara que esto no encarnaba ningún impedimento para que se continuara tramitando el regreso del antiguo líder de las AUC.

Vea: La incompetencia del gobierno para extraditar a Mancuso, según Juanita Goebertus

La avalancha de críticas y reclamos fue inmediata. El gobierno decidió hacer frente a los comentarios. El presidente Iván Duque, por un lado, planteó en su cuenta de Twitter la posibilidad de acudir ante "la jurisdicción universal" en el hipotetico de que Mancuso Gómez fuera efectivamente deportado a Italia. 

Incluso, semanas atrás, en una entrevista que concedió a SEMANA, también sugirió lo mismo. "Más se demora él en pisar suelo italiano, que en yo presentarle a la Corte Penal Internacional (CPI) directamente una solicitud para que sea procesado por esos crímenes” aseveró ante las cámaras.

Vea: “Mancuso debe venir a Colombia a responder por sus crímenes”: Iván Duque

Sus palabras brindaron esperanza a las víctimas y sus familias. Los esfuerzos del gobierno ante las instancias internacionales quizá permitirían conocer algunas verdades aún no contadas del paramilitarismo. Pero estas eventuales acciones carecen de soporte, tal y como lo confirmó SEMANA. Al ser consultado, Enrique Prieto-Rios, profesor de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explicó que en virtud del estatuto de la CPI no es viable que se materialice la afirmación del presidente Duque y recordó la cuestiones de admisibilidad, contempladas en el artículo 17 del documento, en las cuales no encaja la presente situación de Mancuso Gómez.

"La CPI juzga individuos por cometer crímenes de genocidio; crímenes de lesa humanidad; crímenes de guerra y crimen de agresión. Por lo tanto, tendría en principio una competencia subsidiaria respecto de los tribunales nacionales. En este sentido, es importante tener en cuenta que Mancuso ya ha sido condenado y en la actualidad está siendo investigado por otros crímenes por parte de autoridades colombianas" añadió.

Así las cosas, la propuesta del primer mandatario quedaría sin piso. Sin embargo, aún había un as bajo la manga. El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, compartió la que, a su criterio, es otra opción para impedir que el exparamilitar burle a la justicia. Según él, las víctimas tienen la posibilidad de exigir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante quejas individuales, que se responsabilice a Mancuso Gómez por sus crímenes.

"Queremos recordar que ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier ciudadano, cualquier víctima que se sienta afectada por los delitos cometidos por Salvatore Mancuso, puede recurrir ante ese tribunal, quien tendrá que presentar el caso ante uno de los miembros de la Comisión Europea, que es el Gobierno de Italia, para que en ese aspecto pueda derivarse responsabilidades que debe afrontar el señor Mancuso" aseguró.

Para su poca fortuna, el alto comisionado obvió asuntos elementales de la forma en que opera este tribunal. Una vez más, el profesor Enrique Prieto-Rios analizó las chances de que se concreten las intenciones de Ceballos Arévalo. "El Tribunal Europeo no tiene competencia para juzgar individuos, juzga estados que hacen parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos (no ratificado por Colombia) cuando estos violan alguna de sus disposiciones. Es importante tener en cuenta que para que un estado sea declarado internacionalmente responsable por un tribunal internacional debe ser atribuible al estado y constituir una violación a una obligación del Derecho Internacional".

No hay posibilidad de que Salvatore Mancuso Gómez sea juzgado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que este cuerpo colegiado solamente juzga Estados y no individuos.

En ese sentido, las dos alternativas del gobierno nacional se caerían y todo su esfuerzo se concentraría en conseguir la extradición de Mancuso Gómez, cuyo plazo acaba en los próximos días. Él, en sus declaraciones ante Justicia y Paz, ha asegurado que desea contar toda la verdad, pero paralelamente tramita su deportación a su segundo país. Aparentemente, teme por su seguridad y la de sus allegados. Mientras tanto, la organización de derechos humanos, Human Rights Watch, ha acusado a las autoridades colombianas de negligencia ante un evento de esta magnitud. "La forma en que han llevado el caso es soprendente por su mal manejo" declaró a SEMANA su director para Amércia Latina, José Miguel Vivanco. Adicionó que "un estudiante de segundo año de derecho" no cometería el tipo de equivocaciones en las que cayó el gobierno. 

Todo parece indicar que el tiempo juega en contra de la extradición. Los días recientes dan fe de que las alarmas se encendieron y hay esfuerzos por apagar el incendio. Delegados del gobierno confirmaron la expedición de tres cirulares rojas contra Mancuso Gómez con el fin de que Italia lo envíe a Colombia en caso de que la deportación se lleve a cabo (está programada para la primera semana de septiembre). Además, a partir de sentencias condenatorias de octubre y noviembre de 2014, el gobierno envió una nueva solicitud a su homólogo norteamericano para conseguir la tan esquiva extradición. Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó que pedirá medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que "las autoridades judiciales y administrativas con responsabilidades en el caso" obren con diligencia y garanticen que el exparamilitar regrese al país y responda penalmente.