Los casos que sonarán en 2018

Una de las mayores expectativas tiene que ver con los casos emblemáticos que se desarrollarán en la justicia especial para la paz (JEP). Ante el tribunal de paz comparecerán los principales responsables de los peores episodios de la guerra. Las audiencias serán públicas (algunas, de hecho, se realizarán en los territorios afectados).

De momento, cerca de 3.500 excombatientes de las Farc han firmado las actas de sometimiento a la JEP, en tanto que más de 1.700 integrantes de la fuerza pública –incluyendo a 3 generales– han hecho lo propio. Además, 21 particulares han manifestado interés de concurrir a la Jurisdicción Especial para la Paz.

La JEP deberá determinar qué casos tienen tal gravedad que ameritan ir ante la última instancia del tribunal de paz, y se calcula que podrían sumar unos 1.000 expedientes. Todos los demás delitos de menor impacto confesados ante la JEP serán resueltos en las salas de indulto, amnistía o reconocimiento de la verdad. Seguramente, los casos de quienes protagonizaron –de lado y lado– el devenir de las más trágicas páginas de la guerra ocuparán gran interés no solo por la prensa nacional, sino internacional. El mundo observará con atención el modelo de justicia transicional que Colombia creó para conjurar un conflicto de más de medio siglo.

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También habrá gran interés por ver cómo se resuelven los casos que comprometen a exmagistrados involucrados en el escándalo de la Corte Suprema de Justicia. El desmoronamiento del llamado cartel de la toga dejó en el banquillo de los acusados a tres expresidentes de la Corte Suprema: Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Al primero lo investiga la Comisión de Acusación de la Cámara, mientras que los otros dos están en manos de la justicia ordinaria, dado que habrían cometido sus delitos con posterioridad a su periodo de magistrados.

En este asunto también está por definirse la suerte que correrá el magistrado Gustavo Malo, integrante de la Sala Penal de la corte, quien por cuenta del escándalo tuvo que hacerse a un lado. La corte decidirá el 15 de enero si Malo debe colgar la toga definitivamente para atender el proceso penal que avanza en su contra. Así mismo, está en vilo la extradición del exfiscal Gustavo Moreno. Aunque las formalidades ya surtieron su trámite, el presidente Santos dijo que firmaría la extradición cuando estuviera claro que Moreno hubiera concluido su colaboración con la justicia colombiana.

Al mismo tiempo que el país aguarda en qué momento las autoridades conducen al exfiscal a Miami, se espera la llegada del exgobernador Alejandro Lyons, quien deberá regresar a Colombia para pagar cinco años de cárcel, de acuerdo con lo que pactó con la Justicia. Como se recuerda, las declaraciones de Lyons con la DEA desenmascararon el cartel de la toga que produjo severos efectos a lo largo de 2017. A su llegada deberá también servir de testigo de cargo en varios procesos.

Uno de esos procesos se sigue contra el detenido senador Musa Besaile y su hermano, el actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. La Fiscalía avanza en poner al descubierto el entramado de corrupción que permitió el desfalco departamental por cerca de 90.00 millones de pesos. Y el clan Besaile asoma como principal sospechoso.

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Musa Besaile comparte celda con su paisano y protagonista de otro de los casos que sonará duro en 2018: el escándalo de Odebrecht. Concretamente, en lo que atañe a los nexos de la multinacional con congresistas y a la filtración de dineros girados desde Brasilia en favor de las campañas políticas a la Presidencia de Colombia.

Sin duda, también provocará muchos titulares de prensa el juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez. El hermano del expresidente desde hace más de 20 años está envuelto en un proceso en el que la Fiscalía lo señala de dirigir el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles, que operó en Yarumal a mediados de los años noventa. Luego de lustros de altibajos, el expediente al fin llegó a la etapa de juicio ante el Tribunal de Antioquia. Todo indica que finalmente en 2018 se sabrá el veredicto de la justicia sobre el caso del ganadero hermano del expresidente.

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También en este año se resolverá si Andrés Felipe Arias, exministro de Uribe, es extraditado a Colombia por la Justicia de Estados Unidos. Arias huyó de Colombia poco antes de que le fuera impuesta una pena de 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Así las cosas, es claro que 2018 será un año clave para el uribismo no solo en el campo electoral, sino en los estrados judiciales.