¿Por qué juzgados civiles de Bogotá siguen paralizados?

Este martes volvieron a amanecer cerrados los juzgados civiles y de familia de Bogotá. La parálisis se debe a que los servidores de esos despachos decidieron no acatar el acuerdo al que llegaron cuatro representantes de los sindicatos de la rama con el Consejo Superior para levantar la protesta que nació hace casi dos semanas.
 
Según algunos de los voceros de la manifestación consultados por Semana.com, el cese de actividades se mantendrá indefinidamente. Eso significa que por lo menos 200 despachos judiciales de la capital y algunos de Manizales (Caldas) no atenderán público mientras no se revoque el acto administrativo que dio lugar al cambio en el modelo de atención al usuario.
 
Un cambio en el esquema de atención de los juzgados civiles originó la protesta. Con él, se daba origen al funcionamiento de centros de servicio en los que se concentraban todas las funciones que antes eran adelantadas de manera individual en cada juzgado. Los servidores del ramo nunca aceptaron esa nueva estructura, que calificaron de fracasada.
 
El viernes pasado cuatro representantes de los sindicatos de la justicia y el Consejo Superior de la Judicatura firmaron un acuerdo que obligaba a los jueces civiles y de familia que se encontraban en cese de actividades volver a sus puestos de trabajo desde este lunes, lo que puso fin al cese de actividades iniciado nueve días atrás.
 
El pacto, del que fueron garantes el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, fue firmado por María del Pilar Arango y Luis Fernando Otálvaro, representantes de Asonal Judicial S. I.; Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, y José Elver Muñoz, presidente de Asojudiciales.
 
Mientras la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se comprometía a aplazar la vigencia de la nueva estructura de atención al usuario, los empleados deberían comprometerse a reintegrarse a sus puestos de trabajo y reponer las horas perdidas en la protesta.
 
Cuando se esperaba que el lunes se restableciera la atención en los juzgados civiles y de familia, los usuarios de Bogotá se encontraron con el mismo panorama de una semana atrás: los despachos judiciales cerrados y sus empleados en asambleas permanentes. Este martes la situación no varió. Los huelguistas dijeron no estar dispuestos a volver a sus actividades.
 
Semana.com consultó con los protagonistas de la protesta las razones que tienen para ignorar el mandato de sus líderes sindicales de reintegrarse a sus puestos de trabajo. Luis Orlando Chinchilla, presidente del nuevo Sindicato de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial El Vocero Judicial, dijo que los servidores judiciales de Bogotá se sienten traicionados por el acuerdo al que llegaron sus representantes y el Consejo Superior.
 
Aseguró que nunca aprobaron el contenido de ese pacto que firmaron sus representantes con los magistrados. Además, dijo que no estarán dispuestos a reanudar labores mientras no se derogue definitivamente el acuerdo que plantea la creación de los centros de servicio.
 
Adicionalmente, precisó que no están dispuestos a reponer las horas de trabajo como lo indica el documento firmado el viernes pasado. Según él, los cuatro firmantes “traicionaron a las bases”, pues desoyeron la decisión que, mayoritariamente, habían defendido los trabajadores para enterrar definitivamente la idea de implantar centros de servicio.
 
Legítimas o no estas reclamaciones, lo cierto es que el ciudadano paga el costo más alto. Sólo en Bogotá, hay cerca de 200 juzgados a cargo de casi 80.000 procesos que seguirán paralizados. Por lo pronto, no habrá atención en los juzgados de los edificios Hernando Morales, Nemqueteba, Camacol, Uconal y Virrey, que operan en el centro de la capital.