Los olvidados

Desde los tiempos del proceso de paz y el despeje no se había vuelto a hablar de intercambio humanitario en Colombia. Y de repente, quizá por la angustia colectiva que causaron los rumores de que Ingrid Betancourt podría esta gravemente enferma, el tema resucitó con toda la fuerza. El mismo presidente Alvaro Uribe renovó las esperanzas de un posible acuerdo humanitario con la mediación de la ONU, la semana pasada, y varios voceros de la opinión volvieron a plantear la urgencia de aliviar la tragedia de un centenar de colombianos cautivos por razones políticas, con la única salida que parece posible hoy: un intercambio de secuestrados por guerrilleros presos.

Un grupo de intelectuales y políticos le pidió al gobierno y a las Farc que se sentaran "sin exigencias unilaterales" pero "con clara voluntad de interlocución" a discutir el tema. Casi al mismo tiempo 32 ONG propusieron un "pacto humanitario de liberación simultánea". El propio ex presidente Alfonso López Michelsen ha tomado cartas en el asunto a través de su columna dominical en El Tiempo, en la que ventiló la posibilidad de un intercambio con "convenios especiales" con el único fin de contribuir a humanizar el conflicto.

Frente a estas propuestas la Fundación País Libre, la principal ONG en el país que lucha contra el secuestro y apoya a sus víctimas, reviró con vehemencia: "Es un error realizar un intercambio humanitario excluyente que beneficie a 60 colombianos y deje por fuera a 800 secuestrados por las Farc y a los otros 1.000 en poder de otros grupos al margen de la ley" . Para ellos no puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Si bien el intercambio humanitario aparece como una tabla de salvación, el daño que le ha hecho al país el secuestro es de tal magnitud que cualquier solución tiene que enviar el mensaje de que este crimen atroz es intolerable y debe conducir hacia su desaparición y no hacia su exacerbación. Pero además las soluciones tienen que ir mucho más allá. Para entender las dimensiones del drama del secuestro SEMANA quiso meterse a fondo en el tema y explicar por qué se ha convertido en una epidemia que carcome a la sociedad y la economía colombiana desde hace ya varios años.

La mala hora

A Angela de Pérez le avisaron que a su marido, el senador Luis Eladio, se lo habían llevado el martes 12 de junio de 2001 por la mañana. Fue una llamada: que secuestraron a Luis, le dijeron, y que no dejaron que lo acompañara aunque él les explicó que sufría de diabetes. Angela sintió que el piso era de jabón, se iba, se resbalaba y no tenía de dónde agarrarse. Le tomó unos días enfriar la cabeza, salir a los medios y advertirles a los guerrilleros de la enfermedad de su marido. Duró casi dos meses como una loca repartiendo drogas para la diabetes por las veredas de Nariño y Putumayo con mensajes para Luis Eladio.

A Nora de Ricaurte* la llamó su suegra casi a media noche: habían encontrado la camioneta de su marido abandonada en la vía al Llano. Nora pensó que lo habían matado y esa noche lo comenzó a llorar. Pero a la madrugada le avisaron que 'Romaña' le mandaba decir que lo habían secuestrado y que era por plata. Mil millones pidió un hombre por teléfono; una cifra absurda para los Ricaurte. "Nunca pensé que mi familia era secuestrable", dice Nora, una empleada pública que apenas tiene un sueldo y una modesta finca familiar a donde iba su marido a trabajar cuando se lo llevaron hace dos años largos. Revive ese día, temblando. "Aunque me digo que está muerto, en mi corazón no deja de haber esa esperanza de que de pronto llegue".

A Aura Daza le avisó una prima. "Se llevaron a Soraya", le dijo por teléfono desde Valledupar. Sintió un frío terrible, como que todo se le bajaba. Pensó que se habían equivocado; que su familia, de puras mujeres, estaba fuera del conflicto armado. Cuatro hombres en un carro blanco irrumpieron en la casa de su hermana hace cuatro meses, degollaron a la empleada del servicio y sacaron a Soraya a la fuerza. Después se dijo que habían sido las Autodefensas Unidas de Colombia. Soraya Daza es una señora más preocupada por la moda que por la política. Cuando la secuestraron llevaba un tiempo sin trabajar, estaba separada y dedicada a sus tres hijos de 9, 11 y 13 años. No tenía pleitos, ni los buscaba. "No entiende uno por qué. Uno no come, no duerme, menos mal trabajo tanto", dice su hermana Aura.

Florinda Farfán llegó a las 5 de la tarde a su casa y de una vez supo que algo andaba mal. No vio el uniforme, ni la maleta de Yulie, su hija de 11 años. La buscó por todas partes, hasta las 2:30 de la mañana, con un aguacero tremendo. Una compañerita de su hija le contó que vio cuando dos señores la metían a un Volkswagen rojo. En la Policía se le rieron en la cara: que estaría con el novio la niña, le dijeron. Han pasado siete años desde que secuestraron a Yulie y, sin embargo, no ha pasado un día en que no reparta volantes con su foto. "Me puede faltar para la comida pero no para los volantes", dice Florinda y se le escurren las lágrimas otra vez, como en el primer día.

Sólo en este año ha habido en Colombia 121 secuestros políticos como el de Luis Eladio Pérez; 1.211 secuestros económicos como el de Aurelio Ricaurte; 775 secuestros simples como el de Yulie Yesenia Chacón Farfán y 86 sin definir como el de Soraya Daza. Además hubo 60 secuestros de miembros de la Fuerza Pública. En total van 2.253 secuestros entre enero y septiembre. Más de ocho diarios. Uno cada tres horas. Mientras alguien lee este artículo en algún rincón del país a alguien le están arrebatando un ser querido. Cualquier día del año, descontando los que liberan, los que rescatan, los que mueren, hay en promedio 750 hombres, mujeres y niños confinados en sótanos, perdidos en el laberinto de las ciudades o caminando en páramos o selvas con un fusil en la nuca y encadenados con arneses de perro.

Los cautivos

"En medio de todo uno está mejor, uno sabe dónde está", dice Libardo*, liberado hace tres semanas por las Farc luego de que pagaron por su rescate. A él se lo llevaron cuando paseaba por una carretera cerca de su ciudad. Cuando se vio atrapado tiró los papeles que lo identificaban como militar retirado. Tuvo que tragarse una tarjeta que no alcanzó a botar. Caminó todo el día hasta que lo entregaron a otro grupo. Se encomendó a Dios. Lo tuvieron varios meses, caminando, durmiendo en cambuches, pasando frío. Bajó 12 kilos. Lo dejaban escuchar los programas de radio de Caracol a las 5 de la mañana, los de País Libre, las Voces del Secuestro. Los mensajes de aliento de su esposa era lo único que lo mantenía. Un mes estuvo amarrado a un árbol. Hacía ejercicio, leyó lo que le prestaron, tratados de comunismo. Resistió como mejor pudo, hasta que, tres semanas después de que su familia pagara, lo dejaron libre. Tuvo que andar 24 horas hasta que encontró a un camionero y le pidió que lo llevara a su ciudad. El conductor le miró las botas de guerrillero pero él le explicó. Entonces el hombre se dio la bendición y le dijo: "Bienvenido" y le dio un abrazo. Ahí lloró. Estaba libre.

Para los secuestrados por razones políticas -60 policías y militares, seis ex parlamentarios, una representante a la Cámara y sus dos hijos, 16 diputados del Valle del Cauca, Cundinamarca y Huila, un ex gobernador, un gobernador, dos ex ministros, una ex candidata presidencial y su fórmula a la vicepresidencia- la cosa ha sido peor. No hay plata que valga. Serán liberados, dicen las Farc, sólo hasta que el gobierno acepte canjearlos por guerrilleros presos. Con el nuevo gobierno, que encargó la mediación humanitaria a las Naciones Unidas, y la renovada presión de ONG e intelectuales, hay más esperanza de una salida. Pero la espera es un calvario.

Durante los dos años y tres meses que ha permanecido el ex representante a la Cámara por Caldas Oscar Tulio Lizcano, en manos de las Farc, sólo ha podido escribirle tres cartas a su familia. Su hijo, Oscar Mauricio, no había sentido más dolor que cuando leyó la carta que recibió el pasado mayo. Su padre le relató que ha estado en más de 100 campamentos, enfermo, caminando horas en la selva. "Los guerrilleros me sacan muchos gusanos del cuerpo, son blancos, peludos y de anillos negros, duele mucho, pero bien, dice en una de sus cartas. Me están aplicando inyecciones? mucha araña grande, en un día hasta cinco culebras matan? Todo es una monotonía, escribo versos, leo mucho y en cada marcha voy dejando los libros, es muy duro", escribió Lizcano, contando que ha tenido paludismo varias veces, que sufre de problemas en la piel y de leishmaniasis. Oscar Mauricio, sin lograr contener el llanto, dice que a su papá "el secuestro lo está matando en vida".

Las familias de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, las de los diputados de Cali, las de los ex ministros Fernando Araújo y Gilberto Echeverri y otros han tenido noticias por la televisión. Vieron a los suyos, demacrados, en diferentes videos que enviaron las Farc. Pero hoy no saben si están vivos. Marleny Franco, madre del cabo Martín Alberto Marín, uno de los soldados que más años lleva en poder de las Farc, ha podido tener noticias de su hijo regularmente. Ella y otros parientes de los soldados secuestrados reciben cartas cada dos meses.

Otros, como Claudia de Jara, la esposa del ex gobernador del Meta Alan Jara, al que sacaron de un vehículo de Naciones Unidas a la fuerza el 15 de julio de 2001, no han tenido noticia alguna. "No me siento capaz de celebrar otra Navidad sin Alan", dice Claudia, y la voz se le quiebra por enésima vez. Su hijo de 8 años y ella se han propuesto un lema: "Vamos a esperarlo el tiempo que sea necesario".

El dolor

El tiempo es eterno en el secuestro. Es peor que la muerte. Es un duelo sin fin. "La vida se queda como suspendida", dice Carmen Emilia García, esposa de Jairo Hoyos, uno de los diputados caleños que las Farc sacaron del recinto de la Asamblea del Valle el pasado 11 de abril.

Cada cual se inventa una manera de aguantar. Cuando llovía, Blanca Leonor Ortega, esposa también de uno de los diputados vallecaucanos, Rufino Varela, se salía a la calle pues la deprimía mucho pensar que su marido se estuviera mojando y que ella estuviera seca. Carolina Charry, hija de Carlos, otro diputado, le está escribiendo un diario a su papá con todo lo que pasa cada día, para que cuando regrese se entere de lo que sucedió cuando él no estaba.

A ningún padre, esposa o hijo de un secuestrado se le pasa un día sin que se acuerde que el otro está allá indefenso. Aun a los que todo les indica que sus seres queridos han muerto no se dan por vencidos.

El secuestro es el peor problema que tiene Colombia. Al igual que las masacres o los desplazamientos, acaba con la vida de cientos de familias; ataca peor a los niños, que es el grupo más grande de víctimas: 302 en lo que va del año; empobrece las zonas más pobres: siete de cada 10 secuestros suceden en el campo. Pero además deja en la ruina a cientos de empresas y con ello aumentan el desempleo y la miseria.

En una encuesta reciente, hecha entre empresarios y contratada por País Libre, queda en evidencia que el 10 por ciento de los dueños de empresas en el país han sido secuestrados y , lo que es más sorprendente, el 9 por ciento de los trabajadores dicen tener un pariente secuestrado. Es una peste que ahuyenta la inversión nacional y, aún más a la extranjera. El miedo a las 'pescas milagrosas' -122 este año con 479 víctimas- ha dejado las carreteras desiertas y quebradas. Y produce un efecto sicológico perverso: hace sentir a los ciudadanos rehenes en sus propias ciudades.

Al igual que el narcotráfico, es un negocio que produce dinero fácil y corrompe a miles de jóvenes, que les ha comenzado a parecer normal traficar con la vida y la dignidad de otros seres humanos. Y en el camino se ha comprado la complicidad de muchos funcionarios públicos y ha cobrado vidas de otros funcionarios heroicos.

El Estado no ha tomado en serio el problema. Tampoco lo ha enfrentado en grande: con liderazgo, estrategia, recursos y compromiso. Por eso se ha triplicado en tan sólo seis años (ver gráfico). Tan delicado será que muchas víctimas terminan odiando casi más a las instituciones públicas que a los mismos secuestradores.

Sin fe

El Departamento de Siquiatría de la Universidad de Antioquia realizó un estudio sobre el secuestro y sus repercusiones en 33 familias del departamento que sufrieron esta tragedia. Una de sus conclusiones fue que en el 90 por ciento de los casos las familias consideraron deplorable la ayuda de los organismos del Estado que luchan contra el delito. Estas son algunas de sus descripciones: "Fueron lentos", "nos abandonaron", "fueron ineficientes", "inoperantes con el tema de las jurisdicciones", "no conocen el monte que sí conocen los secuestradores al dedillo" y "algunos son corruptos".

La desconfianza de los ciudadanos no es sólo en Antioquia, donde este año han ocurrido uno de cada cinco secuestros del país. Una señora que tuvo su nieto secuestrado dijo que sufrió mucho cuando un miembro del Gaula de la Policía le dijo que lo diera por muerto, "que eso ya no se salvaba". El niño finalmente fue liberado por el pago de rescate.

En otro caso, el hombre que secuestró a una niña fue capturado muy rápida y eficazmente por la Policía de Bogotá. Varios testigos lo reconocieron. Quedó a disposición de una fiscal, que misteriosamente lo dejó ir, y cuando la mamá de la niña puso la queja ni siquiera había quedado registrado el nombre del criminal. Fue la única oportunidad que tuvo la señora para recuperar a su hija, que seis años después aún no aparece. Otra mujer denuncia que el Gaula nunca buscó a su marido, sólo le dijeron que no saliera en los medios a denunciar el secuestro. Se abrió una investigación después de meses y el expediente comenzó a dar tumbos de un despacho a otro. Y cuándo fue a preguntar a la Fiscalía, una funcionaria le dijo: "Ah sí ¿su marido, el que mataron?", cuando ella estaba convencida de que aún vivía. Tampoco le probaron que había muerto. Ella averiguó por su cuenta dónde puede estar su esposo y anda con sus mapas hechos a mano de puerta en puerta a ver si alguna autoridad hace algo.

Muchos entrevistados dijeron a SEMANA que cuando se enteran del secuestro de su ser querido no saben a quién dirigirse. Se confunden con todo esta entelequia institucional. "Cada vez que llega un caso, cada entidad reacciona según la persona encargada, según la disponibilidad de unidades para reacción inmediata", explica Juan Francisco Meza, director de País Libre y anterior director de Fondelibertad, el fondo gubernamental antisecuestro. "No hay protocolos de acción para que, ante un aviso de secuestro, no importa qué autoridad lo reciba, sea claro, estandarizado, el patrón para reaccionar". Esto es algo que hay que cambiar urgentemente, dice.

Tres de cada cuatro rescates se hacen dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del secuestro. De ahí que sea tan importante mejorar la capacidad de reacción. Según un estudio que hizo País Libre sobre rescates entre enero y agosto de este año, las autoridades liberaron al 19 por ciento de los secuestrados; esto es a 386 personas. En el caso de secuestro con fines económicos el índice es menor: 11 de cada 100 que secuestran.

Lo peor

Como los familiares del secuestrado le tienen desconfianza a la autoridad, o en la angustia no logran llegar rápido al despacho adonde verdaderamente lo pueden ayudar, terminan muchas veces víctimas de los avivatos.

A la familia de Libardo, por ejemplo, le cayó un pariente que se enteró del secuestro y ofreció sus buenos oficios. La esposa, que estaba negociando el rescate, se sentía abrumada y temerosa pues las Farc le pedían una cifra exorbitante y le decían con desprecio que lo que ella ofrecía alcanzaría apenas para el cajón del marido. Así que aceptó la 'ayuda' del familiar. El le hizo creer que había negociado por menos dinero, ella le dio el efectivo -y hasta comiso le empacó para el viaje al monte - y después se dio cuenta de que había sido un engaño.

Los extorsionistas también proliferan. Después de mucho esfuerzo Nora de Ricaurte logró negociar una suma a cambio de que le devolvieran a su marido secuestrado en la vía al Llano. Un amigo les hizo el favor de ir a entregar la plata. Su esposo no estaba allí. Le dijeron al mensajero que lo devolverían al otro día. Después le dijeron que había muerto y luego que estaba bien. Nora, desesperada, salió a los medios para ver si lograba alguna pista. Lo único que consiguió fue que la comenzaran a extorsionar con anónimos a su casa. Los celadores le decían que la habían ido a buscar unos tipos. Tuvo que irse del país asustada. Al final descubrió que eran los mismos celadores, cayéndole al caído. Por eso cuenta su historia con nombre ficticio y, salvo sus más amigos, no le comenta a nadie de su tragedia. "Me da angustia que me estigmaticen; que me extorsionen de nuevo", dice.

Pero los criminales no sólo se aprovechan de la indefensión de quienes están dispuestos a todo para conseguir salvar a su ser querido. También han sacado partido algunos contendores políticos de los congresistas secuestrados. No se alcanzó a saber de su secuestro cuando algunos de los segundos de las listas ya estaban demandando las curules.

Encima de males, con el secuestro del jefe del hogar, muchos quedan en la ruina. A los congresistas y a otros funcionarios públicos, por ejemplo, les suspendieron los salarios y sus esposas tuvieron que entablar tutelas para conseguir que les siguieran girando por lo menos hasta que cumplieran los períodos para los cuales fueron elegidos. Y a uno de ellos, incluso, ni siquiera esperaron a que sus familiares recogieran las cosas de su oficina sino que se las tiraron en el corredor empacadas en bolsas negras.

Por si mismos

Sintiéndose olvidados y rechazados por las autoridades, muchos han resuelto buscar salidas por sí mismos. Así, mientras duró la zona de distensión era permanente la peregrinación al Caguán de familiares de secuestrados a preguntarles a los comandantes 'Raúl Reyes' o 'Andrés París' por los suyos. Angela de Pérez, la esposa del senador nariñense, fue seis veces y envió a su cuñado dos más: para que las Farc reconocieran que tenían a su marido, para averiguar por su salud, para tratar de que le recibieran dinero a cambio de liberarlo (que fue en vano), para decirles que Luis iba a perder la reelección, que no siendo senador no tenía importancia para el canje. "Jamás lo vamos a negociar si no es por el intercambio humanitario", le repitieron. Claudia de Jara, la esposa de Alan Jara, también fue a San Vicente a recibir la misma respuesta. Y Deyanira de Beltrán, esposa del representante a la Cámara Orlando Beltrán, secuestrado el 28 de agosto del 2001, igual.

Casi todos tienen muchas dificultades para mantener el contacto desde que terminó el despeje. Así que familiares de secuestrados políticos y de algunos económicos o incluso de personas raptadas y desaparecidas han optado por buscar en otros países y en entidades internacionales que les ayuden a presionar la liberación.

La esposa de Luis Eladio Pérez era anticuaria y se volvió prácticamente lobbista profesional en favor del acuerdo humanitario. Ha hablado con los presidentes de Cuba y Venezuela, con miembros del Parlamento Europeo, con embajadores. Y en esta tarea no ha estado sola. Al contrario, se ha reunido con muchos de los familiares de secuestrados políticos y actúan juntos. De hecho ya han llevado a cabo dos encuentros nacionales de familiares de secuestrados en Cali y en Neiva y tendrán otro en Bogotá en noviembre.

No es fácil entender por qué las autoridades no les insisten a las familias de los secuestrados para que confíen en ellas. Por qué no han podido ver que cada persona que se siente abandonada por el Estado termina convirtiéndose en instrumento involuntario de la presión guerrillera. Bien sea porque al pagar contribuyen a fortalecer el monstruo del secuestro o porque al presionar el acuerdo humanitario están llevando al gobierno a ceder ante las Farc.

Ninguno de los parientes de los secuestrados políticos acepta el rescate como una vía. Pero, cuando se les preguntó, varios dijeron que nunca los habían tratado de persuadir de lo contrario. Tampoco sabían que los Gaula tuvieran tan buenos resultados en sus operativos de rescate - casi ninguna de las operaciones planeadas por estas unidades especializadas ha resultado en la muerte del cautivo-.

Quizás el apoyo sicológico que les han brindado los Gaula a los hijos y esposas de algunos secuestrados es uno de los servicios que los familiares de los secuestrados más aprecian.

La accion de los Gaula

En el país hay 856 policías que trabajan en los 11 Gaula de la Policía en llave con fiscales especializados. Hay unos 1.800 militares en los 16 Gaula del Ejército y los dos de la Armada. Ellos trabajan con agentes del DAS y del CTI. Además de los recursos que aporta cada una de estas instituciones para pagar la nómina de estos oficiales y su armamento, reciben recursos para operar y para inversión en equipos electrónicos y de sistemas de Fondelibertad.

Estos grupos registran muchos logros. Entre enero y septiembre de este año los Gaula de Ejército rescataron 228 personas, frustraron ocho secuestros y por presión suya fueron liberados otros 78 secuestrados. No son cifras fáciles de lograr, pues la mayoría de estos secuestrados estaban en el campo, aislados, rodeados de espías de los mismos cómplices del delito.

En estas operaciones antiextorsión y secuestro capturaron a 1.038 personas y mataron a 93. En algunos casos, por un trabajo de inteligencia exitoso, lograron dar golpes fuertes a las Farc, el principal grupo secuestrador de Colombia. El más notorio es el de 'Flaminio', jefe de finanzas del comando oriental de las Farc, que le conseguía a su organización entre 800 y 1.000 millones de pesos al día en extorsiones y secuestros en Bogotá, y que fue baleado en un operativo del Gaula. Reemplazar su crueldad y experiencia en el arte del chantaje sicológico les tomará a las Farc un tiempo.

La Policía también ha tenido éxitos. Al 2 de octubre habían realizado 215 rescates y logrado que 35 fueran liberados por la presión. Capturaron a 460 sospechosos y dieron de baja a ocho. Además les quitaron bienes producto del secuestro a varios delincuentes por valor de 14.000 millones de pesos. En el mismo período capturaron a 776 extorsionistas, varios de ellos en las mismas cárceles. La Policía ha demostrado eficacia en la acción contra la delincuencia común y en el rescate de los niños.

Tantos logros, tanta mística? ¿Entonces qué pasa? ¿Por qué las víctimas se sienten tan olvidadas? ¿Por qué el secuestro sigue boyante?

Hay muchos problemas, algunos de ellos muy complicados de resolver. Como el de la corrupción. Tanto el coronel Carlos Joaquín Arévalo, director de los Gaula del Ejército, como la Fiscalía, como el coronel Rafael Hernán Cely, como varios agentes entrevistados por SEMANA, dicen que hay miembros activos y retirados de estas entidades metidos en el negocio del secuestro. Algunos hacían parte de la famosa banda de Los Calvos, que las autoridades ya han logrado desvertebrar en parte.

El gobierno también sabe de esta corrupción. "Es un tema fundamental porque necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía", dice el vicepresidente Francisco Santos.

Otro lío es la falta de recursos. Fondelibertad tuvo 15.000 millones de pesos para cada año en 2000 y 2001, pero para 2003 se le recortaron a 7.000 millones, la mitad de lo que la Policía les ha decomisado a los secuestradores este año. El gobierno de Uribe ha hecho una adición de 9.000 millones más. Y esto es en el gobierno más preocupado por la lucha antisecuestro de los últimos tiempos.

Según el coronel Arévalo, quien diseñó un plan estratégico para mejorar la operatividad de los Gaula bajo su coordinación, se requerirían por lo menos 50.000 millones de pesos en los próximos dos años para completar el personal faltante, conseguir los equipos y capacitar a quienes hace falta.

En todas las etapas, la de la investigación preliminar para rastrear llamadas, interceptación de teléfonos, recolección de pruebas físicas y la de instrucción judicial, faltan equipos.

Quizá más grave es que militares y policías no comparten información. No hay una base de datos conjunta a la que puedan acceder todas las autoridades para seguir mejor un caso. Si se hablan entre unos y otros es porque se han tejido algunas relaciones personales que funcionan.

"Se requiere un sistema de información geográfica, que sugiera autores, que envíe señales donde está subiendo el secuestro y cruce variables. Pero para eso es indispensable que no haya información compartimentada", dice Meza, de País Libre.

Además se necesita mayor motivación. "Me siento cansado, desmoralizado, no hay recursos y los jefes muchas veces están más interesados en salir en la prensa con sus logros que en atacar el fenómeno de verdad", dijo a SEMANA un oficial de un Gaula destacado por su buena gestión en la lucha antisecuestro. No hay seguimiento al desempeño de cada Gaula, en forma sistemática, por resultados, que premie a los mejores y saque a los ineficientes.

La gente no colabora. Ese es otro lío. Las víctimas liberadas y sus familiares muchas veces tienen más información que los mismos Gaula, pero no se animan a decir lo que saben porque su nombre queda en el expediente y después los abogados de los delincuentes tienen acceso a él. Temen represalias.

Los delincuentes capturados no hablan a veces porque la ley no le permite al fiscal del Gaula negociar directamente rebajas de penas, sino sólo hasta la etapa del juicio, explica el jefe de la unidad nacional de la Fiscalía contra el secuestro y la extorsión, Luis González. "De hecho, cuando un delincuente colabora son muchas las vidas que se han salvado".

González dice que se está luchando contra enormes y sofisticadas bandas de secuestradores, que preparan a sus miembros para evadir la justicia si los capturan. "A eso hay que enfrentarle una organización igualmente sofisticada en el Estado", concluye.

El liderazgo

El problema va más allá de la capacidad operativa de los Gaula -con muchos hombres y mujeres eficaces en sus cuadros- que han logrado rescatar sanos y salvos a miles de colombianos,\ y que también han conseguido darles golpes fuertes a las bandas de secuestradores. Falta un liderazgo político, un compromiso del más alto nivel con las víctimas, para que desde el más encumbrado funcionario hasta el de más bajo rango acoja el problema como propio.

En este sentido el nuevo gobierno ha generado muchas expectativas. Varios miembros de su gabinete o sus familias han sido víctimas del secuestro. Y el vicepresidente, Francisco Santos, ha sido el abanderado más importante en esta causa. Tanto él como la Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, dijeron a SEMANA que es un tema vital para este gobierno. Y ambos afirmaron que será liderado por ellos bajo al dirección del Presidente.

Para muchos de los funcionarios públicos que están en el tema, sin embargo, la política de Uribe aún no tiene una conducción clara. Aún no se ha reunido el Conase, el organismo consultivo central de la lucha antisecuestro, y aún no se define exactamente en qué se van a usar los dineros que ha ofrecido el gobierno estadounidense -25 millones de dólares- para este rubro.

A pesar de las críticas es buena señal que el gobierno ya esté identificando los problemas centrales de la lucha antisecuestro. Los objetivos que ha definido la Ministra dan en el clavo de los problemas: "Desmantelar las bandas, aumentar los costos de la comisión de estos delitos, disminuir sus beneficios y recuperar la confianza ciudadana" . Les queda el desafío de ponerle un responsable principal al tema que convierta estas metas en acción.

El final

Si no se le hace un revolcón a la lucha contra el flagelo del secuestro los guerrilleros, levantadores, delincuentes comunes y extorsionistas seguirán ganando a pesar del esfuerzo de los pocos que están luchando contra esta peste.

Ganaron en el caso de Libardo, que a pesar de todo salió bien porque llegó sano y salvo a su casa. Pero tuvieron que pagar: las cesantías, las primas del trabajo, los ahorros de toda la vida para entregarlos a un frente guerrillero que los convertirá en más sangre y dolor.

Y ganaron en el caso de Nora de Ricaurte, que pagó hasta lo que pudo y no le han devuelto a su marido. Ahora cada vez que tiene que llenar algún formulario en el que le preguntan si es viuda o casada, Nora se pone a llorar. No sabe qué responder.