MONOLOGO NACIONAL

AUNQUE EL DEBATE REAlizado la semana pasada entre los cuatro 'Mosqueteros' y el Ministro de Defensa se había promovido como una contribución a la democracia, de antemano se sabía que iba a convertirse más en un espectáculo que en una confrontación de ideas. La razón: desde antes de llegar a la plenaria de la Cámara de Representantes, el ministro Fernando Botero ya había tomado la decisión de mantener en pie el contrato de fabricación nacional de fusiles. Su argumento principal era el riesgo de que la Nación se viera enfrentada a una demanda de 40.000 millones de pesos, si determinaba la cancelación unilateral del negocio.

Este debate, como sucede con casi todos los del Congreso, acabó siendo un monólogo de lucimiento de los protagonistas. La impresión general es que Botero lo ganó. Pero no necesariamente por haber desvirtuado todos los argumentos de los 'Mosqueteros', sino porque su intervención fue efectista y contundente. Además, fue el último que habló. Y en cuestión de debates, el que habla bien y de último siempre gana.

Los 'Mosqueteros' llegaron muy debilitados a la plenaria. Las denuncias reveladas sobre ellos durante las semanas anteriores voltearon las cosas y convirtieron en noticia las motivaciones personales que pudieran tener, por encima del contenido del debate. Pero la verdad es que los 'Mosqueteros', más que estar acusados de traición a la patria, estaban criticados por hacer el oso. Ingrid Betancur, con su renuncia ofrecida, se volvió el chiste de la semana. María Paulina Espinosa, 'Pum Pum', tampoco fue tomada muy en serio. Poncho Rentería se lució ante los radioescuchas al decir en Viva FM: "Con todo respeto 'Pum Pum ', ni tú ni yo tenemos idea de fusiles. Aunque yo sé más, porque por lo menos fui soldado".

Carlos Alonso Lucio es elocuente, lúcido y pantanero. Y aunque nadie le atribuye rabo de paja en materia de intereses económicos, el hecho de haber sido guerrillero le quita autoridad moral ante la opinión pública para pontificar sobre la guerra contra la subversión. El 'mosquetero' que sí podría tener un problema es Guillermo Martínezguerra, el representante de las reservas de las Fuerzas Armadas en el Congreso. Y es que la carta que se dio a conocer la semana pasada con la firma del representante de la Colt en Colombia, Camilo Angel, sería la única prueba que sí constituiría una verdadera falta de ética. Incluso podría llevarlo a perder su investidura, pues se trata ni más ni menos que de un parlamentario realizando un pacto de comisión con un vendedor de armas.

Martínezguerra negó rotundamente estar vinculado a la firma A. Angel e Hijo y Cía, y argumentó que la carta está firmada por una persona que no existe: Orlando Zafra Corredor, cuya identificación, c.c .87.490. 696 de Consacá, Nariño, no figura en la Registraduría Nacional. Sin embargo, el mismo Zafra Corredor fue quien envió a los medios el pasado 27 de agosto la carta de Germán Leongómez dirigida al ministro de Defensa, Rafael Pardo, en la que le daba recomendaciones sobre una compra de granadas. La legitimidad de esta comunicación fue reconocida por el propio Leongómez.

La carta de Camilo Angel a Guillermo Martínezguerra es tan detallada y su terminología es tan técnica, que resulta difícil pensar que alguien se la haya inventado (ver facsímil). Camilo Antel no es un hombre de suficiente reconocimiento nacional como para que alguna persona se tome la molestia de inventarle cartas y falsificarle la firma. Al mismo tiempo, el testimonio de la periodista María Jimena Duzán acerca de que vio a Martínezguerra y a Angel conversando durante una fiesta, ha sido corroborado por otros testigos. Todo esto indica que el incidente de Martínezguerra puede ser más un caso de 'primero muerto que confeso' que de falsificación de firmas. Al cierre de esta edición, altos representantes de la firma A. Angel e Hijo reconocieron la validez de la firma de Camilo Angel que aparece en la carta. Sin embargo, alegaron que se trataba de una fotocopia de una hoja con el membrete original a la cual se le blanqueó todo el contenido para reemplazarlo por otro.

Sea como fuere, más desprestigio que el que tenían los cuatro 'Mosqueteros' el día del debate no era fácil de encontrar. A tal punto que el viernes de la semana pasada el noticiero QAP les montó una nota comparándolos con una película de Cantinflas que lleva el mismo nombre: Los cuatro mosqueteros.


LOS PROS Y LOS CONTRAS

Por todo esto, la opinión pública no le prestó mucha atención a los argumentos expuestos por los congresistas. Las tesis de estos en contra del contrato de los fusiles se dividió en tres puntos: las irregularidades jurídicas, las consideraciones económicas y lo que ellos mismo han llamado "licitación a dedo", o preadjudicación del negocio a la firma israelí Isrex.

En cuanto al tema jurídico, en el cual Carlos Alonso Lucio llevó la vocería, los parlamentarios impresionaron con la lectura de un artículo de la Ley 80 de 1993 -que comenzó a regir en enero de este año- en el que se establece que "todos los procedimientos de selección o contratación que estén en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán vigentes en el momento de su celebración o iniciación". Según los 'Mosqueteros', esto significaba que el contrato de los fusiles -que se inició en 1992 bajo el decreto 222- debería continuar desarrollándose bajo sus parámetros. "¿Por qué no cumplieron este requisitos? -le dijo a SEMANA Carlos Alonso Lucio-. Muy sencillo: si hubieran seguido actuando bajo el 222, el contrato habría necesitado la firma del Presidente de la República, del Consejo de Ministros, además de la revisión previa del Consejo de Estado".

A su turno, el Ministro de Defensa impresionó con la lectura de una norma de excepción de la misma ley que señala que el Estado se reserva el derecho de no realizar licitación pública ni privada en caso de contratos de bienes y servicios requeridos para la defensa y la seguridad nacional. "Aun así -afirmó el Ministro-, no se hizo una negociación secreta, sino una licitación pública en aras de la transparencia del proceso". El debate gira ahora en torno de cuál de estas dos normas tiene más peso. Lo que es seguro es que el hecho de que exista la segunda norma hace muy difícil que se gane un pleito de nulidad de contrato ante el Consejo de Estado.

Los aspectos económicos estuvieron a cargo de Ingrid Betancur. La parlamentaria expuso teorías que sonaron convincentes pero que, a la hora de la verdad, nadie entendió muy bien. Habló de que se van a tener que pagar 25 dólares de regalías por cada fusil vendido en Colombia; habló de que en el mercado mundial se puede conseguir un Galil por 570 dólares mientras los nacionales van a costar 890; habló de que se van a pagar nueve dólares por un portafusil israelí, mientras en el país valen tres; habló de valores netos presentes, de costos de producción vs. costos de importación... En fin, los datos eran concretos, pero los presentes en el recinto consideraron que si fueran así de obvios, era absolutamente imposible que se hubiera podido celebrar el contrato.

El tercer argumento de los parlamentarios es el de la adjudicación a dedo. Afirman que desde antes de abrir el pliego de licitación, el contrato ya tenía nombre propio: la firma Isrex, de Israel. Esta tesis puede tener alguna validez, si se tiene en cuenta que desde que surgió la idea de instalar una fábrica de fusiles en el país, los israelíes han participado de cerca en la elaboración del proyecto.

La realidad parece ser que las Fuerzas Armadas tenían inclinación por el Galil, pues al fin y al cabo es el arma que utilizan desde hace 15 años. Pero, al mismo tiempo, no querían que el proceso perdiera transparencia. Es por eso que decidieron invitar a otras firmas a participar en la licitación. Y si el hecho de que los isreaelíes estuvieran presentes desde el comienzo del proceso no es argumento para concluir que hubo preadjudicación, es porque su propuesta ganó en franca lid. Las reglas del juego se aplicaron con justicia y el Galil se destacó tanto en las pruebas técnicas como en la valoración económica. Esto lo aceptan, incluso, los representantes de las demás firmas que licitaron.


BUEN INTENTO

Durante el debate, el ministro Botero Zea no contestó explícitamente todos estos interrogantes, aunque sí aclaró varios. En realidad, el éxito de su intervención no se basó tanto en la argumentación que hizo en contra de cada uno de los cargos expuestos por los 'Mosqueteros', sino en la autoridad y firmeza que reflejó al tomar la decisión de mantener en pie el contrato.

La verdad es que el gobierno ganó el debate. Y tal vez era lógico que fuera así. Los dos ministros de Defensa que se han relacionado con el tema -Rafael Pardo y Fernando Botero- son personas de las cuales nadie pone en duda ni su integridad moral ni su competencia. El contrato de los fusiles viene desarrollándose desde 1992 y hay evidencia de que durante estos años tanto Pardo como sus asesores estudiaron a fondo el asunto y analizaron todos sus riesgos. Los argumentos que los 'Mosqueteros' encontraron tuvieron que ser de previo conocimiento de las instancias evaluadoras. Sin duda alguna, fueron sopesados dentro de un contexto de mayor información y realismo del que se puede desprender de un dato aislado. Lo que dijeron los congresistas no es inexacto, pero en cierta forma es información parcial.

El debate sobre los galiles fue muy positivo. En lo único que han estado de acuerdo los cuatro parlamentarios y el Ministro de Defensa es que con este tipo de discusiones se "fortalece la democracia". Aunque suene como un lugar común, la verdad es que sí: es sano que todo tema de inversión del Estado tenga sus 'Mosqueteros' que, si bien no ganan, por lo menos obligan al Estado a tener cuidado en el momento de tomar decisiones.