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Muertes, escasez de alimentos y medicinas: balance del paro armado en Colombia

Las afectaciones en la economía y la calidad de vida de los colombianos cada vez son más evidentes en las regiones en las que el Clan del Golfo ha perpetrado sus últimos ataques, tras un plan criminal como represalia por la extradición de alias Otoniel.


En las carretas del país, donde tiene injerencia el Clan del Golfo, hay terror. Transitar por sus vías se ha convertido en toda una odisea, pues en medio de la incertidumbre, pasajeros y conductores temen que sus carros sean incinerados.

La ola de horror que ha desatado la furia del Clan del Golfo por la extradición de su máximo jefe, Dairo Úsuga, alias Otoniel, ha generado la escasez de alimentos y medicamentos, sin contar el número de vidas que ha cobrado.

Las autoridades indican que el paro armado ha dejado al menos seis muertos y cerca de 200 carros afectados, la mayoría de ellos incinerados.

Entre las víctimas mortales se cuentan tres civiles, dos militares y un policía. Los ataques se han registrado en once departamentos de Colombia y los más afectados han sido Antioquia y Chocó.

Desde el Ministerio de Defensa reportan que los bienes públicos y privados han sido blanco de los ataques.

Exactamente, hasta las cinco de la mañana de este lunes, se contaron 187 vehículos atacados y, durante el marco de este paro armado, se han presentado cuatro cierres de vías y ocho terminales de transporte han resultado afectadas.

Clan del Golfo “decretó” toque de queda en Tierralta, Córdoba
Clan del Golfo “decretó” toque de queda en Tierralta, Córdoba - Foto: Cortesia

De los 141 municipios que han sufrido la consecuencia de dichos ataques, se habla que 23 de ellos han sido recuperados, gracias a las caravanas que está adelantado la fuerza pública. Sin embargo, 25 municipios tienen funcionamiento del comercio en 50 a 30 %, mientras que 93, cuentan con menos del 50 % de actividad comercial, lo que está generando desabastecimiento y por ende alto costo en los pocos alimentos que están llegando a las regiones.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales en varios departamentos del noroccidente del país, la vida de cientos de personas con enfermedades crónicas y con tratamientos vitales están en riesgo, y los obliga a enfrentar una carrera contra el reloj, debido a la imposibilidad de recibir sus medicamentos y dispositivos.

Según indicó Camargo, uno de los laboratorios especializados ya reporta que desde el jueves pasado no han podido hacer las entregas de los insumos renales para 162 pacientes con diálisis en casa en el sur de Córdoba y que para este lunes deberían llegar a otros 245 pacientes en el sur del Atlántico.

“Exigimos respeto por las misiones médicas y esperamos que no se impongan trabas al tránsito de ambulancias ni del personal de la salud, ya que el respeto por el derecho a la vida es fundamental. Los grupos armados no pueden jugar con la vida de los pacientes, la situación es crítica porque los tratamientos como la diálisis debe hacerse a diario”, dijo Carlos Camargo.

Por ahora, las autoridades están preocupadas por las afectaciones colaterales que ha dejado la ofensiva criminal. “Las vidas de estas personas corren peligro si no reciben pronto esos insumos, por eso hacemos un llamado a quienes promueven las acciones armadas para que se permita el paso de vehículos de las misiones médicas detenidos en las vías de La Apartada, Sampués y Magangué, así como para que los demás que vienen desde Barranquilla y el centro del país”, dijo el defensor del pueblo.

Para recuperar el control de parte del Estado, se ha desplegado un dispositivo de más de 8.000 uniformados para apoyar en seguridad en las vías y los centros poblados de los municipios en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y parte de Sucre. La Séptima División del Ejército Nacional ha dispuesto todas sus capacidades terrestres, fluviales y aéreas, junto a la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y las demás instituciones de seguridad del Estado, para retomar el control y garantizar la seguridad y tranquilidad en el noroccidente del país.

La ofensiva militar ha permitido la captura de más de 25 presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en acciones terroristas en contra de la población civil.