NO TODO EL QUE BUSCA ENCUENTRA

El informe de la Procuraduría sobre ciudadanos desaparecidos era uno de los documentos más esperados, desde que a comienzos de año el Ministerio Público había anunciado precisiones y detalles en torno a las denuncias de los grupos de derechos humanos. Cuando el pasado 20 de octubre el Procurador Carlos Jiménez Gómez dió a conocer el texto del informe, las reacciones fueron exactamente las contrarias a las suscitadas por el célebre documento sobre la participación de militares en el grupo Muerte a Secuestradores, MAS.
En efecto, por un lado, la prensa diaria recibió con agrado las conclusiones de la Procuraduría sobre los desaparecidos y destacó en titulares el numeral tres del informe, en donde se critica duramente a los grupos guerrilleros y se les señala como "históricamente responsables de la desorganización de nuestra sociedad y de nuestra economía". Los editoriales de la misma prensa recogieron el mismo sentimiento aprobatorio, y a pesar de que el informe reconocía la existencia de una "guerra sucia" en Colombia y la subsistencia de una "mentalidad de justicia privada", el elemento que destacaron-fue nuevamente el del rechazo a la violencia de los subversivos, que--según la Procuraduría--"carecen hoy y desde hace bastante tiempo de toda autoridad moral para empuñar la bandera de los derechos humanos".
Por otro lado, sin embargo, las personas directamente afectadas por el fenómeno de las desapariciones quedaron decepcionadas con el informe. La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Colombia, en un comunicado distribuído a la prensa calificó los resultados del informe como "generalizados y abstractos análisis sociológicos sobre el origen y desarrollo de la violencia en nuestro país".
Los familiares, en conversación con SEMANA, sugirieron que el Procurador había sido presionado para modificar un informe preliminar, que contenía nombres propios y detalles reveladores sobre estos crímenes.
UNA POLEMICA DE CIFRAS
Uno de los puntos de polémica se refirió a la cantidad de desaparecidos.
El Procurador reconoció la existencia de 150, distribuidos así: 35 en Antioquia, 30 en Bogota, 22 en Arauca, 12 en Boyacá, 10 en Santander, 8 en el Guaviare, 5 en el Valle, 4 en Córdoba, de a 3 en Cundinamarca, Meta y Quindío, de a dos en Caquetá, Cauca, Magdalena, Vichada y de a uno en Atlántico, Bolívar, Caldas Cesar, Huila, Norte de Santander, Risaralda, Putumayo y la región del Pacífico.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en contraposición, presentó una lista de 316 desaparecidos en el período del primero de enero de 1981 al 28 de septiembre de 1984. El listado de esta organización, incluyó además una cronología, en la que mes por mes se detalla la circunstancia de cada desaparición, con nombre propio, ocupación de la víctima, sitio del delito e incluso institución a la que pertenecen los responsables del mismo. El tabulado de responsables es el siguiente: 129 por paramilitares, 135 por militares, 48 por la policía y 4 por el DAS.
Región por región las cifras de desaparecidos son: Antioquia 48, Arauca 2, Atlántico 3, Boyacá 17, Caldas 5, Caquetá 43, Cauca 4, Cesar 3, Córdoba 37, Cundinamarca 34, Huila 11,
Norte de Santander 3, Meta 16, Risaralda 1, Tolima 13, Santander 63, Valle del Cauca 5 y Guaviare 7. La Procuraduría señaló que desde cuando se inició su investigación sobre la materia y después de haber tenido que aplazar una y otra vez la elaboración del correspondiente informe, no encontró indicios de que hayan ocurrido nuevas desapariciones, que puedan imputarse a personal de los organismos armados del Estado. La Asociación de Familiares, al contrario, señaló que desde la publicación del informe sobre el MAS en febrero del año pasado, "se han sucedido más de un centenar de casos de desapariciones forzadas, sin contar los asesinatos por razones políticas". Además el Comité de Derechos Humanos indica que el Juez Penal Municipal de Puerto Boyacá tiene en su despacho 300 denuncias por personas desaparecidas en lo que va corrido de 1984.
LA PARQUEDAD EN DETALLES
Pero no es solamente el asunto de las cifras el que provocó el rechazo de los familiares de los desaparecidos.
Es también el carácter general y la imprecisión de los datos del documento. Dicen los familiares que el informe "no aporta información adicional de peso diferente a la que nosotros mismos hemos entregado a esa institución y hemos dado a conocer públicamente".
Le reprochan que con todo el peso de su autoridad y con los instrumentos legales que tiene la Procuraduría, ésta no haya conseguido mejores resultados. "Nuestras expectativas estaban centradas en la posibilidad de que los escollos con que nosotros nos habíamos tropezado en nuestras indagaciones como simples ciudadanos, pudieran ser superados por el Ministerio Público y las autoridades judiraciales. ¿Si esos problemas subsisten para establecer responsabilidades y sancionar a los culpables, ¿a quién podremos acudir entonces en demanda de una rápida y cumplida administración de justicia?".
El Procurador, como previendo el descontento que iba a producir su informe, se había curado en salud desde el mismo texto, explicando que "una investigación de esta naturaleza tropieza obviamente con escollos que ningún esfuerzo probatorio logra superar". Había además advertido que las conclusiones obtenidas son "de carácter general" y contienen "parquedad en detalles y episodios".
Aparte de la falta de detalles, el informe parece pecar por incompleto ya que algunos casos de desapariciones como el de Patricia Rivera y sus dos hijas no están incluídos. Para quienes se han mostrado descontentos con el documento de la Procuraduría hay una prueba adicional del carácter incompleto del mismo: el informe de Amnistía Internacional, divulgado la semana pasada, que menciona cifras muy superiores de desapariciones.
¿RAZONES POLITICAS?
¿Qué podía haber llevado al Procurador, en contra de su costumbre en casos como el del MAS y los 13.5 millones de dólares, a presentar un informe tan vago? Para responder esta pregunta habría que pensar en cuáles han sido las últimas actuaciones del jefe del Ministerio Público. En efecto, Jiménez Gómez había "sonado" semanas atrás como protagonista del enredado asunto de la entrevista de Panamá y el memorando de la mafia al Presidente Betancur. Independiente de la responsabilidad que le pudiera caber en el caso, lo cierto es que el Procurador había tenido más mala prensa que nunca. Por otra parte están los acuerdos de paz con la guerrilla y el ambiente de oposición que, según revelan las encuestas, se ha suscitado en el país.
De ahí que muchos piensen que era este el momento en que el Procurador podía salir al quite con un informe "más político que técnico" donde la censura a las guerrillas no sólo dejara sin piso cualquier crítica que el Ejército pudiera hacer al informe en lo referente a que en las desapariciones ha habido participación de "personas al servicio de los aparatos de seguridad del Estado", sino también cualquier crítica de la llamada "gran prensa" por no referirse al problema de los secuestros.
Estos objetivos, al parecer, habrían sido logrados y prueba de ello es el silencio de los militares y los elogios editoriales de El Tiempo y otros diarios. Respecto a la parquedad del informe hay dos posibilidades: una, que en efecto como lo denuncian los familiares de los desaparecidos, el documento haya sido objeto de modificaciones por presiones; la otra, que simple y llanamente haya resultadc muy difícil, por no decir imposible, para la Procuraduría, reunir las pruebas necesarias para presentar acusaciones directas. De cualquier modo el informe decepcionó a muchos, aunque por otro lado haya permitido al Procurador conquista en su reaparición algunos aplausos de sus más encarnizados críticos. -