NUEVO ROUND LLOREDA - VICTOR G.

El pasado jueves 15 de abril el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y el alto
comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, tuvieron el round más fuerte de sus enfrentamientos desde
que comenzaron las conversaciones entre el gobierno y las Farc. Ese día, cuando Víctor G. llegó a su
despacho, encontró encima de su escritorio una carta de varias páginas cuyo remitente era el Ministro
de Defensa.
En un tono directo, propio de Lloreda, la misiva hacía referencia a la preocupación del Ministro por una
serie de episodios ocurridos desde el momento en que las Farc secuestraron y asesinaron a los tres
indigenistas norteamericanos y que el gobierno, y específicamente el alto comisionado, habían pasado
por alto a pesar de su gravedad para el proceso que se adelanta con las Farc.
Lloreda le reclamaba al alto comisionado el porqué seguían sin respuesta una serie de interrogantes
que se habían planteado en una declaración de dos páginas expedida por Víctor G. el 8 de marzo en la
que se le exigía a las Farc esclarecer plenamente su responsabilidad en la muerte de los tres
indigenistas estadounidenses.
El documento tenía como fecha límite el 7 de abril. Ese día, según la declaración de Víctor G., las Farc
también deberían tener tener una respuesta concreta a la petición hecha por el gobierno de reconsiderar
la expulsión de la fiscal de San Vicente del Caguán, Maritza Chavarro. Y a la presencia de guerrilleros
armados en los cascos urbanos de la zona de distensión.
Para Lloreda estaba claro que ninguna de las exigencias hechas a las Farc en la declaración del 8
marzo había tenido respuesta por parte de esa organización. El Ministro le hizo saber a Víctor G. en la
carta que ese incumplimiento por parte de las Farc no se podía premiar haciéndoles más concesiones.

Por último, Lloreda mostraba su preocupación por las prácticas de reclutamiento de menores que
estaban haciendo las Farc en la zona de distensión sin que el alto comisionado le hubiera hecho el
debido reclamo al grupo subversio.
Una vez concluida la lectura de la carta Víctor G. decidió comunicarse con el Ministro. Al comisionado
no le habían gustado ni los términos ni el tono de la misiva. La conversación telefónica entre los dos
altos funcionarios resultó más explosiva que la propia carta. El Ministro, que es un hombre que se ha
caracterizado por ser prudente, calmado y de palabras medidas, mantuvo una posición enérgica a los
reclamos que hacía Víctor G.
El alto comisionado le pidió a Lloreda que retirara la carta que le había enviado. Pero el Ministro fue
categórico: "No acostumbro a retirar los documentos que escribo y especialmente todos aquellos que
tienen que ver con problemas que afectan al Estado", le dijo Lloreda.
Víctor G., en tono conciliador e invocando la gran amistad que los unía, le dijo que esos temas podían
analizarse en busca de soluciones sin necesidad de recurrir a la formalidad de un documento. El
Ministro respondió que los problemas del Estado estaban por encima de la propia amistad y
especialmente en temas tan delicados como el proceso de paz.
Acto seguido, aprovechó la ocasión para hacerle un inventario a Víctor G. de una serie de episodios en
los que, según el Ministro, hubo malos manejos y falta de claridad por parte del comisionado.
Lloreda se refería de manera particular a lo que había ocurrido con los soldados del Batallón Cazadores
y el ingreso de guerrilleros a las instalaciones de esa guarnición militar, cuando el propio presidente
Andrés Pastrana había dado su palabra a los militares de que eso no iba a ocurrir.
La llamada de Víctor G. al Ministro no surtió el efecto que él esperaba, puesto que Lloreda se mantuvo
en su posición y, por el contrario, consideraba que su carta merecía una respuesta clara y concisa.
Cuando Víctor G. colgó el teléfono tenía en claro que el episodio con el Ministro se le había salido de
sus manos y que la única persona que podía terciar en el impasse era el propio presidente Pastrana.
Minutos después se reunió con el primer mandatario en su despacho, lo puso al tanto del asunto y le
enseñó la carta de Lloreda.

La negociación
No transcurrió mucho tiempo para que de nuevo sonara el teléfono privado del despacho del Ministro
Lloreda. La llamada tenía como fin informarle que el Presidente lo requería de inmediato en Palacio. En
el encuentro entre Pastrana y Lloreda cayeron rayos y centellas. El Presidente fue al grano: con la
carta en la mano Pastrana le dijo de frente a Lloreda que no aceptaba los términos de la misiva y que
por lo tanto le exigía que la retirara.
El Ministro se mantuvo imperturbable y explicó los motivos por los cuales le había enviado la carta a
Víctor G. Ricardo. Fue una larga discusión en la que al final las dos partes terminaron por ceder sin que
hubiera un ganador o un perdedor.
Lloreda retiró la carta y el Presidente se comprometió con él y con las Fuerzas Militares a no
concederle más zonas de despeje a las Farc. Este punto hacía referencia clara a los rumores según
los cuales las Farc exigirían el despeje de Cartagena del Chairá con el fin de implementar un plan piloto
para la sustitución de cultivos ilícitos.
El otro compromiso del Presidente fue el de no prolongar el despeje de los cinco municipios más allá
del 7 de mayo. En caso de que las Farc acepten iniciar la negociación a partir de esa fecha, éste se
hará en una de menor extensión a la que existe actualmente.
Una vez sellada la paz entre el Ministro y Víctor G. la calma retornó en el gobierno. La reunión sirvió,
además, para dejar en claro que lo mejor era mantener un canal abierto de comunicación que permitiera
evitar los malos entendidos del pasado.

Apagando incendios
Mientras que Lloreda y Víctor G., fumaban la pipa de la paz en los cuarteles se vivía una calma chicha.
La cúpula militar había soportado los embates de un huracán por la salida de los generales Rito Alejo
del Río y Fernando Millán, a quienes el Presidente Pastrana había llamado a calificar servicios por los
presuntos nexos con grupos de autodefensas.
No había sido un tema fácil. Los expertos llegaron a interpretar que la salida de estos dos oficiales
había sido exigida por Manuel Marulanda Vélez después de su reunión con el alto comisionado.
Aunque la opinión fue dura y muy crítica con la decisión de Pastrana de retirar a los dos generales, lo
cierto es que el gobierno tuvo otras razones de peso para llamarlos a retiro. El caso de los dos
generales venía siendo analizado desde el mismo momento en que Pastrana asumió la Presidencia el 7
de agosto del año pasado.
La presión que estaba ejerciendo el gobierno de Estados Unidos era cada vez más fuerte. El embajador
Curtis Kamman le comunicó al alto gobierno que si los dos oficiales no eran llamados a calificar
servicios el gobierno de Washington cancelaría sus visas antes del 14 de abril. Como la fecha estaba
encima el Presidente resolvió actuar de inmediato y le comunicó al Ministro de Defensa la decisión que
acababa de tomar.
El ministro Lloreda le informó a la cúpula la determinación del gobierno. Y ésta decidió mantener en
secreto esta historia para evitar un mayor escándalo ante la opinión. Pero el tema tuvo que ser revivido
días después cuando comenzaron a circular rumores que tenían que ver con una lista de 10 oficiales
que las Farc le enviarían al Presidente para que diera la orden de llamarlos a calificar servicios.
El correo de brujas desembocó en una serie de nombres que comenzaron a circular de boca en boca y
que originaron una inconformidad dentro de los comandantes de los diferentes batallones regados a lo
largo del país.
Esos oficiales le hicieron saber a sus comandantes que no estaban dispuestos al escarnio público por
parte de las Farc por el simple hecho de tener que cumplir con sus funciones constitucionales.
El gran escenario para debatir el tema fue el Teatro Patria, al norte de Bogotá, en una reunión realizada
el 12 de abril en la que se hizo presente la alta oficialidad, encabezada por los generales Fernando
Tapias, Jorge Enrique Mora y Rafael Hernández.
Allí se dieron cita cerca de 500 oficiales que en los próximos meses serán ascendidos a los diferentes
grados del estamento militar. En la reunión, que se prolongó durante varias horas, el tema obligado fue
la salida de los generales Del Río y Millán, así como la famosa lista negra que estaba en manos de las
Farc.
Para evitar una discusión sin fin la cúpula militar, en cabeza del general Fernando Tapias, decidió tomar
el toro por los cuernos y cortar de un tajo la ola de rumores. Fue así como los oficiales se enteraron de
los pormenores por los cuales el gobierno había tenido que llamar a calificar servicios a Del Río y a
Millán.
Sobre la famosa lista la cúpula dejó en claro que el presidente Pastrana había dado su palabra de no
ceder ante las presiones de las Farc en sus exigencias de cortar cabezas del estamento militar. Los
generales les recordaron a sus subalternos que hoy por hoy las Fuerzas Militares estaban demostrando
que sí podían hacerle frente en el campo militar a la guerrilla y que los resultados obtenidos en los
últimos meses eran la mejor prueba de ello.
Las explicaciones y respuestas de Tapias, Mora y Hernández lograron desactivar lo que parecía ser
una bomba de tiempo dentro de las Fuerzas Militares.

Golpe bajo
Pero a esta historia, ya bastante agitada, todavía le faltaba un capítulo. Cuando el ministro Lloreda creía
que las aguas turbulentas retornaban a su cauce y los militares estaban convencidos que habían
logrado calmar la tormenta se desató un nuevo huracán.
Esta vez el tema tenía que ver con la nueva agenda de negociación presentada por el gobierno a las
Farc, que contenía 101 puntos. El documento desató de nuevo la ira en el estamento militar. Y no era
para menos. Según la agenda, el gobierno estaba dispuesto a negociar con las Farc la reestructuración
de las Fuerzas Militares. "Es como darle a Leona la posibilidad de hacer la estrategia de Bavaria", dijo
un brigadier general a SEMANA.
El ministro Lloreda se pronunció de inmediato sobre el tema. En una rueda de prensa que concedió en
el Ecuador _donde se encontraba adelantando una serie de reuniones con el gobierno de ese país en
compañía de los altos mandos militares_, el Ministro fue directo al grano: "Las Fuerzas Armadas de
Colombia no están dispuestas a recibir asesorías externas para realizar su proceso de
reestructuración".
Lo más grave del asunto es que la propuesta de Agenda Unica de Negociación que el gobierno le
presentó a las Farc no fue consultada con los ministros. Por eso no sólo produjo escozor en los
mandos militares sino en la clase política, que terminó enterándose de la misma por los medios de
comunicación. "Todo esto no es más que una chambonada del gobierno", señaló a SEMANA el
congresista Antonio Navarro Wolf.
Y es que la agenda tiene grandes repercusiones de tipo institucional. Hasta 1991 Colombia tuvo una
tradición constitucionalista _de más de un siglo_ que era única en América Latina. La Constitución de
Gaviria no ha cumplido aún los 10 años y ya es claro que si se llega a un acuerdo con la guerrilla toda
la Carta sería revisada de nuevo .
A estas alturas es claro que el presidente Pastrana quemó todas las naves y que resulta muy difícil un
retroceso en el proceso de paz. Y en ese sentido lo único que se puede decir a favor del mandatario es
que tal vez no sea posible ningún otro tipo de negociación. 'Tirofijo' tiene una dimensión del tiempo
completamente diferente a la de sus interlocutores. Con más de medio siglo en el monte, si al viejo
comandante no le gustan las condiciones de negociación sigue con la guerra y ya está. De allí que la
agenda de los 101 puntos no sea más que un paso adelante en una estrategia de negociación ya
conocida. Estrategia que a la postre puede resultar el hecho histórico más importante del final del siglo
o una verdadera catástrofe.
El costo institucional es muy alto. No sólo se está perdiendo una tradición constitucionalista de
muchos años, sino que se está creando el precedente de que a cada grupo guerrillero le toca su propia
reforma constitucional. La de Gaviria, guardadas las proporciones, fue la del M-19. La de Pastrana sería
la de las Farc (y posiblemente la del ELN si a la hora de la verdad se les puede acomodar en el mismo
costal). El único consuelo de semejante situación es que, sin duda, es mejor no tener una tradición
constitucional y no tener guerrilla a tener esa tradición y seguir padeciendo el conflicto armado.