ONU y Fedegan, ¿veedores de la restitución de tierras?

La reciente cruzada contra la Ley de Restitución de Tierras empieza a tener sus primeros defensores. A la pelea que viene enfrentando el Gobierno con el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, le terció un nuevo protagonista: Todd Howland, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

El jefe diplomático tomó la vocería y aceptó la propuesta que le hizo el director de la Federación Colombiana de Ganaderos de poner en marcha "visitas conjuntas a a zonas en las que ha actuado la Unidad de Restitución de Tierras".

"Quiero comunicarle mi disponibilidad para realizar unas visitas conjuntas y conversar con comunidades donde se ha restituido sus tierras a personas que fueron víctimas de despojo", dice en un comunicado.

Pese a la inédita propuesta que estarían evaluando -cuando se cumplen cinco años de la Ley de Víctimas-, el representante de la ONU no se reservó el derecho de llamarle la atención a Lafaurie por sus recientes declaraciones.

Howland ve con preocupación los pronunciamientos que hace el empresario en los que equipara los procesos de restitución con una iniciativa de los guerrilleros "para recuperar corredores estratégicos en las zonas donde perdieron control territorial".

A su juicio, la frase carece de fundamento y lo que no tiene en cuenta José Félix Lafaurie es que con ese tipo de declaraciones pone en riesgo a las víctimas de despojo que "legítimamente" reclaman sus tierras.

La manzana de la discordia son los ‘segundos ocupantes’ de las tierras. Aquellos que ocupan una parcela despojada que no participaron en el hecho victimizante, pero que no tienen derecho a conservarlo.

En la carta que envió la ONU a Fedegán, le recuerda que ella misma con insistencia ha advertido la necesidad de brindar una mayor protección a los "pequeños propietarios que de buena fe adquirieron los predios".

Los casos emblemáticos que resalta el diplomático se estarían presentando en Urabá, Magdalena, Meta, Magdalena Medio y Santander. La propuesta conjunta de la ONU y Fedegán, como veedores de esos procesos, empezarían a correr el 18 de julio cuando hayan acordado los protocolos de las visitas.