Piden responsables por el caso Santoyo

El general (r) Mauricio Santoyo se convirtió en el oficial de mayor rango en la historia del país en admitir su apoyo a grupos armados ilegales. En su caso particular, fueron las Autodefensas Unidas de Colombia la organización criminal que contó con la colaboración de este general.
 
La confesión que Santoyo hizo ante la justicia norteamericana, que lo había solicitado por su presunto concurso para el tráfico de estupefacientes a través del cartel narcotraficante conocido como la oficina de Envigado, fue calificada en el Congreso de la República como una de las “mayores vergüenzas” internacionales del país.
 
Una “vergüenza” que, según varios dirigentes políticos, primero, debe ser sancionada por un tribunal estadounidense, encargado de juzgar la responsabilidad individual del oficial en retiro. “El que la hace la paga”, dice Roy Barreas (La U), presidente del Congreso.
 
Pero otros dirigentes políticos dicen que esa sanción individual no es suficiente. Las exigencias son las llamadas “responsabilidades políticas”, que en esta caso son reclamadas contra quienes conocieron de cerca la trayectoria del general (r) Santoyo y que no evitaron su ascenso al mayor rango posible al interior de la Policía Nacional.
 
Uribe: "No se haga el loco"
 
El expresidente Álvaro Uribe, quien tuvo al general (r) Santoyo dentro de su círculo más cercano, pues ofició como su jefe de seguridad, es el principal blanco de estas exigencias.
 
Para el senador Juan Fernando Cristo (P. Liberal), es el expresidente Uribe quien tiene que darle explicaciones al país. “Quedó demostrado que el general Santoyo de día funcionaba con el alto gobierno y de noche trabajaba al servicio de los paramilitares”.
 
Pero Cristo dice que las explicaciones del expresidente no se deben reducir al particular caso del exjefe de seguridad de Palacio, a quien señalan como el general al servicio de la mafia de la Oficina de Envigado. Otros funcionarios del gobierno Uribe también están comprometidos con la justicia y sobre eso también se debe pronunciar el exmandatario.
 
“Durante el 2002 y el 2006 la seguridad del Estado colombiano estuvo en manos de Jorge Noguera y de Santoyo. ¿Cómo es posible que no se conocía información, no se advirtió ninguna sospecha por parte del gobierno de entonces?”, dice Cristo.
 
El también senador liberal Juan Manuel Galán dijo que “es importante saber en qué condiciones actuó Santoyo, quiénes fueron sus apoyos, quiénes fueron sus aliados y quiénes fueron su soporte organizacional para lograr llegar a los delitos que cometió”. Una posición en la que exige mayores responsabilidades.
 
“Lo lógico es que el expresidente Uribe asuma su responsabilidad por lo que ha ocurrido en el caso Santoyo. En repetidas ocasiones Uribe promovió y mantuvo a Santoyo en la Policía, entonces ahora, no puede hacerse el loco diciendo simplemente que repudia lo que él hizo”, consideró Galán.
 
El representante Iván Cepeda (Polo Democrático) coincide con estas posturas, aunque va más allá. Y calificó de “abrumador” constatar que “el entorno familiar, político e institucional del expresidente Uribe está totalmente permeado por el paramilitarismo. Ya llegó la hora de que el exmandatario sea investigado por este y otros casos como el de Dolly Cifuentes, el exsenador Mario Uribe y Jorge Noguera”, dijo el congresista. Por eso Cepeda dice que “ya llegó el momento de que el expresidente Álvaro Uribe responda”.
 
Particularmente, sobre el caso Santoyo, Cepeda advierte que el expresidente “se negó a retirar a Santoyo del servicio y no era ajeno a sus actividades durante su gestión como comandante del Gaula en Medellín, cuando estuvo implicado en graves denuncias por persecución a defensores de derechos humanos”, dijo el congresista.
 
El representante del Polo también aprovechó para recordar que el general (r) Santoyo ha sido señalado de tener conexión con la muerte de al menos 16 familiares de Héctor Úsuga, la 'Muerte', subcomandante del frente 5 de las FARC y del actual jefe de ese frente, Carlos Úsuga. “A ese grupo se le atribuye, entre otros, el asesinato de Alberto Uribe, padre del expresidente Uribe”.
 
Juan Carlos Vélez (La U), senador cercano al pensamiento uribista, salió en defensa del expresidente, pues calificó el caso del general (r) Santoyo como una situación que genera “dolor de patria”, y asegura que el haber tenido a este oficial como su jefe de seguridad sólo demuestra “el enorme riesgo” que tuvo el expresidente Álvaro Uribe al haberle sido asignado un “jefe de seguridad que estaba aliado con los paramilitares. ¡Qué riesgo para cualquier jefe de Estado!”
 
Mindefensa mete las manos al fuego por la Policía
 
El otro blanco de cuestionamientos fueron los servicios de contrainteligencia del Estado, que no actuaron de forma oportuna para desvincular a Santoyo de las filas de la fuerza pública y no evitar su ascenso.
 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue el encargado de poner el pecho a esta situación en el Congreso de la República. El funcionario admitió que situaciones como esta “demandan mayores esfuerzos” en los sistemas de inteligencia y contrainteligencia en la verificación de antecedentes y trayectorias.
 
“Aquí hay bandidos de todos los colores y así como en otras épocas penetraron al Estado, hoy la institucionalidad está por encima de la criminalidad, pero siempre existe la posibilidad de que criminales traten de penetrar las instituciones del Estado. Por eso requerimos de un análisis más profundo”, dijo.
 
Pinzón calificó el episodio como “una gran desilusión”. Dijo que aunque es “doloroso y frustrante”, el país no debe perder de vista la condición y las calidades de la Policía Nacional “que a diario ofrece los mejores resultados contra la organizaciones criminales”.
 
El Senado, donde se ascendió a Santoyo
 
El Congreso también es blanco de señalamientos porque fue en esa institución donde se avaló el ascenso de Santoyo al rango de general de la República, una decisión política del Senado que se produjo el 27 de noviembre del 2007.
 
La bendición a Santoyo fue aprobada por ocho senadores que desatendieron la investigación disciplinaria que Santoyo tenía pendiente, pues la Procuraduría lo había sancionado en el 2003 por haber ordenado presuntamente 1.499 chuzadas a activistas de la ONG Asfades en Antioquia entre 1997 y 1999, época en la que se desempeñaba como director del Gaula de la Policía en ese departamento.
 
Los congresistas que aprobaron el ascenso recordaron que el Consejo de Estado revocó esa sanción disciplinaria, por lo que en ese momento Santoyo ya no tenía sanciones vigentes.
 
Más allá de esa controversia, la senadora Alexandra Moreno Piraquive (MIRA), dice que las fallas en los ascensos son estructurales y por eso se atrevió a presentar un proyecto de ley para tratar de corregir esos vacíos.
 
Una iniciativa que, en palabras de la senadora, busca darle mayor transparencia a los procesos al exigir algunos requisitos que permitan a los senadores conocer con tiempo las hojas de vida y contar con mayor información sobre los antecedentes disciplinarios y fiscales de los candidatos al ascenso.

La “mayor vergüenza nacional e internacional”, como la calificó Roy Barreras, de momento se ha quedado en la responsabilidad individual. Pero las responsabilidades políticas aún no han sido asumidas.