Procurador llama al general Alzate a rendir cuentas

Luego de que el general Rubén Darío Alzate aceptó en la noche del lunes que se había internado en el caserío chocoano de Las Mercedes sin informar su ruta, desarmado y vestido de paisano –lo que permitió su secuestro por las FARC- en un intento de acercarse a la comunidad en pos de impulsar un proyecto social para electrificar la humilde zona, aún le piden explicaciones.

Uno de los que las exigieron es el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, que este martes señaló que lo oirá para conocer de primera mano su versión de los hechos durante su plagio y su posterior liberación por parte del grupo guerrillero.

“Lo voy a convocar para indagar sobre dichos aspectos, para oírlo, hay que oírlo antes de ‘masacrarlo’, antes de generar una responsabilidad, porque hay un mar de interrogantes que se deben absolver”, aseguró.

El oficial, que pidió la baja durante su intervención, se desempeñaba como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán desde enero pasado. Fue liberado junto con abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez, que lo acompañaron desde el principio en su infortunio.

Ordóñez cuestionó que “hay aspectos que no son muy claros respecto al secuestro del general: Les debe la explicación al país y al Ejército Nacional, las razones por las cuales dice “encontrar insolidaridad en la institucionalidad”.

El jefe del Ministerio Público aclaró que este hecho “no puede confundir a la sociedad colombiana”, y reiteró que el secuestro y la posterior liberación de los tres protagonistas de esta historia no se puede “entender como actos de paz, de buena voluntad por parte de la organización criminal FARC”.

“En ejercicio de mis funciones, como autoridad disciplinaria, voy a convocar al señor general para indagar. Hay que oírlo antes de generar una responsabilidad porque hay muchos interrogantes”, advirtió Ordóñez.

Añadió que “el escepticismo de la sociedad colombiana está alentado por la reiteración de secuestros, de los actos criminales contra la sociedad civil, por la reiteración del reclutamiento de niños, del desplazamiento, de los actos terroristas, por no entregar a los secuestrados civiles”.

Para el jefe del órgano de control hay riesgos de que episodios de este tipo conduzcan a un cese al fuego bilateral sin que las FARC hayan desarticulado su aparto criminal, ni reconocido su condición de victimarias.

“El Gobierno no puede caer en la trampa de un cese bilateral de hostilidades. Esa es una trampa que le dio al país unos frutos amargos en el año 84. Se pretende neutralizar la actuación del Estado y del Ejército Nacional”.