No obstante, Rondón debió renunciar “a más tardar el 20 de julio la misma nulidad, mejor aún tal renuncia por ser acto complejo debió ser aceptada para entonces por el nominador cual es el Congreso de la República”. De ser así, el candidato estaría violando el régimen de inhabilidades puesto que ningún aspirante al cargo de Contralor podrá ser empleado público un año antes de la elección.
"Con respecto al magistrado Gilberto Rondón González, se encontró que en el despacho a su cargo, a la fecha de su retiro quedaron 70 actuaciones administrativas pendientes de ser decididas”. Con esta constancia se evidencia una posible falta disciplinaria del magistrado, ya que dentro de sus deberes funcionales al término del período se debe entregar el despacho sin procesos o actuaciones pendientes.
Por el lado de Maya la situación no es diferente ya que se pone de presente una irregularidad en el momento de postularse “a sabiendas de que él mismo no podría completar ni terminar su período por cuanto en la mitad del mismo sobrevendría la inhabilidad derivada del cumplimiento de la edad de retiro forzoso que es 65 años”, por lo cual se realizaría una elección a un candidato que no puede completar su designación.
Otro punto en contra de Maya se relaciona con su función como conjuez en la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, ya que en el 2013 intervino en un sinnúmero de procesos en esas altas cortes, lo que configuraría el mismo ‘pecado’ de su rival Rondón.
Por ello, el mismo presidente del Congreso,
José David Name, ofició una carta a los presidentes de ambas cortes para que expliquen, entre otros aspectos, “si el doctor Edgardo Maya ha sido designado conjuez en el último año y en cualquier caso indicando puntualmente procesos o actuaciones dentro de las cuales haya sido", precisa el documento.
Por último, el excongresista Carlos Ardila Ballesteros es cuestionado por ser uno de los candidatos de la clase política tradicional. Según Bustos, “sobre Carlos Ardila pesa una auditoría realizada por la Contraloría de Carlos Ossa Escobar en donde se reveló que en su período como congresista la Cámara autorizó viajes al exterior que le representaron al erario el gasto de 887 millones de pesos, tan solo en viáticos”.
Este martes los ánimos seguirán caldeados y los candidatos llevarán bajo sus hombros sus supuestas faltas, mientras los congresistas deberán votar por quien deberá ejercer el control fiscal de los organismos de la Nación, sin contar con la apetitosa torta burocrática que tendrá a cargo. ¿Podrá Pablo Bustos frenar la designación de alguno de los tres candidatos?