RUIDO DE SABLES

EL DOCUMENTO ES EN SI MISMO UNA BOMba. A pesar de que su alcance sólo es descifrable entre lineas, el mensaje es bastante claro: los generales de más alta graduación del Ejército, encabezados por su prestigioso comandante Harold Bedoya Pizarro, le sugieren al gobierno que si les va a dar la orden de desmilitarizar el área rural de La Uribe, se las dé por escrito, por si acaso dicha orden resulta ilegal o inconstitucional queden claras las responsabilidades. Y además le proponen que sus tropas permanezcan no sólo en la cabecera, sino en casi una tercera parte del territorio del municipio.
La entrega de este memorando confidencial el jueves 22 de junio al comandante de las Fuerzas Militares para que lo transmitiera al ministro de Defensa Fernando Botero y al presidente Ernesto Samper, marcó el principio de lo que ha de ser el desenlace de más de un mes de análisis y dudas frente al delicado tema. Un mes que los generales llevaban paseándose pensativos y taciturnos por los despachos de sus guarniciones, por los amplios salones del Club Militar y por los interminables corredores del Ministerio de Defensa.
El anuncio, tan audaz como controvertido, hecho el 18 de mayo en Bucaramanga por el presidente Samper de su disposición a despejar la zona rural del municipio de La Uribe y de concentrar -exclusivamente con armamento defensivo- las tropas del Ejército en la cabecera de la localidad, para facilitar la iniciación de los diálogos de paz con el secretariado de las Farc, le había caído al alto mando como un baldado de agua fría. Los generales se sorprendieron ante la eventual devolución a la guerrilla del espacio territorial conquistado por el Ejército tras cinco años de operaciones, pero esa sorpresa se transformó en estupor cuando comprobaron que no había sido el alto comisionado para la paz, Carlos Holmes Trujillo, quien había recomendado el despeje de La Uribe, sino el propio Presidente. En efecto, Trujillo había sugerido al primer mandatario despejar alguna zona mral del país y Samper había dado un paso adicional al señalar en Bucaramanga que esa zona podía ser la de La Uribe, tal y como lo había solicitado con insistencia el secretariado de las Farc.
Para los militares, La Uribe tiene un enorme valor estratégico. Primero, porque si las Farc recuperan el dominio territorial de la región nuevamente estarán en capacidad de desarrollar acciones insurreccionales de ataque y repliegue sobre Cundinamarca y la sabana de Bogotá. Segundo, porque La Uribe representa el símbolo del primer territorio ganado a la guerrilla a sangre y fuego desde la Operación Anorí, en 1976, cuando virtualmente fue aniquilado el ELN Y tercero, porque constitucionalmente la recuperación de La Uribe legitimó la presencia de las tropas gubernamentales en territorios que antes eran considerados como una república independiente. Estos tres ingredientes se convirtieron pronto en un coctel que indigestó a los generales, quienes con el paso de los días comprendieron que no podían permanecer mucho tiempo con los brazos cruzados.

AL ATAQUE
Aunque el tema los desvelaba, los generales no permitieron que trascendiera a las tropas y mucho menos a la opinión pública. Y se pusieron a trabajar calladamente. Así, según conoció SEMANA, pocos días después del anuncio del presidente Samper en Bucaramanga, en el comando del Ejército empezó a reunirse un pequeño comité al que asistían algunos oficiales y dos expertos en asuntos constitucionales. Paralelamente otros militares recibieron la orden de visitar frecuentemente a sus guías espirituales, los generales en retiro, para pedir orientación y comentarles en detalle cómo iba el análisis del asunto de La Uribe.
Hasta que el pasado jueves 22 de junio el ruido de sables dejó de ser discreto y limitado únicamente a los despachos de la alta oficialidad. A las 6 y 30 minutos de la tarde de ese día, inesperadamente cinco generales del Ejército atravesaron los pasillos del Ministerio de Defensa y se presentaron en el despacho del general Eddy Payares Cotes, comandante encargado de las Fuerzas Militares.
Además de Bedoya, se trataba de los generales Rodolfo Torrado, inspector general; Eduardo Camelo, comandante de las brigadas especializadas antiguerrilleras; Luis Bernardo Urbina, jefe de inteligencia, y Jorge Miranda Carpio, comandante de la Brigada Móvil número 1, con sede en el Meta.
Sin mayor preámbulo, los cinco militares le entregaron a Payares un documento de dos páginas, firmado por el general Bedoya, en el que el Ejército en su conjunto hace profundas consideraciones sobre la que denominó "hipotética orden de desmilitarización del área territorial del municipio de Uribe, Meta, y concentración de las tropas en la cabecera municipal". Acto seguido y como si alguien estuviera pensando en una constancia histórica, el general Urbina elaboró una pequeña acta en la cual dejó constancia de la hora, día y fecha de entrega del documento al general Payares.

EL MEMORANDO
El documento, conocido en forma exclusiva por SEMANA, es breve, sencillo en su lenguaje y lleno de mensajes más o menos cifrados. Pero nada de lo anterior implica que no sea contundente y que no signifique, en cuanto a su tono, uno de los pronunciamientos militares más delicados de los últimos años. "Hacía mucho tiempo que los generales no le hablaban así al alto gobierno" dijo a SEMANA una fuente cercana al comando general de las Fuerzas Militares, que al igual que otros oficiales de alta graduación, aceptó comentar los alcances del memorando confidencial de Bedoya, solicitando eso sí que su nombre se mantuviera en reserva.
"Con el objeto que el desarrollo de una eventual orden de evacuación militar de las áreas rurales del municipio de Uribe, pueda ser interpretada y cumplida sin riesgo de errores de interpretación, este comando comedidamente solicita se gestione ante el gobierno nácional las directivas que precisen los detalles pertinentes", dice el primer punto del mensaje del general Bedoya.
De acuerdo con las fuentes consultadas por SEMANA, hasta ahora el Ejército no ha recibido una sola orden escrita sobre la anunciada posibilidad de desmilitarizar La Uribe. "Si usted revisa el asunto -dijo la fuente autorizada- verá que los prununciamientos del gobiemo se han dado por medio de comunicados de prensa, pero lo que se requiere es que el Ejército reciba órdenes concretas, precisas. No podemos seguir a la deriva. Recuerde que las órdenes imprecisas fueron las que condujeron a que el Ejército finalmente fuera responsabilizado de la fuga de Pablo Escobar de La Catedral o de los hechos del Palacio de Justicia".
La explicación de este celo está relacionada además con la idea que ha hecho carrera en el alto gobierno -y que los generales conocen- de que para evitar líos jurídicos no haría falta una orden clara de desmilitarización, sino que el Ejército fuera persuadido a adelantar una operación de repliegue de sus hombres en la cabecera municipal. Y esa es justamente la alternativa que los generales están notificándole al gobierno que no aceptan "pues colocaría en nuestras cabezas -agregó uno de los oficiales- todos los riesgos".
El segundo punto del memorando de Bedoya tiene que ver con preocupaciones de tipo militar. Se refiere a la concentración de las tropas en el casco urbano de La Uribe, un asunto que el Ejército no parece dispuesto a aceptar tal y como ha sido planteado por el propio Presidente. "Además de la cabecera de Uribe -dice este segundo punto-, estima este comando que la Brigada Móvil No.1, el Comando Operativo No.3 y la Vll Brigada, requieren un espacio geográfico que les permita cumplir con sus funciones institucionales, en especial las referentes a la seguridad de ese mismo espacio y la de las rutas logísticas terrestres y aéreas necesarias".
Algunos de los oficiales que participaron en la redacción del documento explicaron que la concentración de las tropas en el casco urbano de La Uribe implica un grave riesgo para la seguridad de los soldados. De acuerdo con las proyecciones del mismo Ejército, si el gobierno imparte la orden de desmilitarización del área rural, en las calles de La Uribe quedarían concentrados no menos de 1.100 soldados, provenientes de las diversas patrullas asentadas en la región.
"Lo fundamental es la seguridad de las tropas y en este caso lo que vemos es que Uribe está localizado en la parte baja de una cadena montañosa, lo que implica un riesgo constante, porque basta que un guerrillero lance una granada de mortero que tiene cuatro kilómetros de alcance para que dé en un blanco seguro y mate a varios de nuestros hombres. Ese sitio, con más de mil soldados y dos mil habitantes, es una trampa mortal y nosotros no vamos a llevar a nuestros hombres a una masacre". explicó la fuente.

En este punto en concreto el general Bedoya fue mucho más allá. Al día siguiente de la entrega del primer documento, el oficial le envió al general Payares otro memorando confidencial, acompañado de un mapa que delimita una zona de más de 2.000 kilómetros cuadrados alrededor de la cabecera municipal, es decir, casi una tercera parte de los 7.000 kilómetros que comprende el área general de La Uribe. El Ejército cree que esa zona es el área mínima que se requeriría para sus hombres.
La propuesta de Bedoya es concreta: rodea a sus soldados de un cinturón de seguridad en torno a la cabecera, permite mantener el control militar de los corredores naturales que conducen a la capital de la República, elimina la posibilidad de que las Farc regresen a su antiguo santuario de Casa Verde y busca que las tropas vigilen los dos ríos más importantes de la zona: el Papaneme y el Duda (ver mapa).

DUDAS EN LO JURIDICO
El tercer punto del memo de Bedoya deja entrever, con hábil lenguaje, la esencia de las dudas jurídicas que tiene el Ejército sobre el tema de la desmilitarización de La Uribe. "Entiende la institución que dicha orden tiene el carácterjurídico de una orden del servicio, sometida enteramente a las prescripciones del derecho militar, es decir, que ella obedece al cumplimiento de las funciones que la Constitución asigna a la fuerza pública". ¿Qué quiere decir que se trata de "una orden del servicio"? Que la aplicarían en cumplimiento del llamado principio de obediencia debida, que deja la responsabilidad jurídica de una orden en quien la imparte -en este caso el alto gobierno- y no en quien la ejecuta. De ahí el interés ya analizado del primer punto del memo, de que la orden sea dada por escrito.
"Este enfoque -agrega el memo- responde desde luego, al reconocimiento de que el Jefe del Estado, como responsable del orden público y de los procesos políticos conducentes a obtener la paz, tiene competencia para adoptar este tipo de procedimientos, sin que se afecte ninguno de los bienes jurídicos de cuya defensa está encargada la fuerza pública, como son la integridad territorial, la jurisdicción de las autoridades nacionales sobre todos los habitantes y espacios territoriales y el mantenimiento de las instituciones legítimas". Como quien dice, que el Ejército cumpliría la orden asumiendo que el gobierno sabe lo que hace en materia constitucional y legal al impartirla.
"El ordenamiento militar está dirigido primordialmente a la defensa de los valores, sin los cuales la fuerza pública pierde toda su eficacia: la disciplina, el honor, la confianza en sus jerarquías y, por tanto, cualquier orden del servicio que menoscabe de alguna manera esos principios chocaría con las prescripciones legales que los protegen", concluye el memorando al dejar abierta la posibilidad de que la orden sería ilegal.

CON PINZAS
Sin duda alguna la revelación que hace SEMANA de este documento va a causar un verdadero impacto entre muchos funcionarios civiles del gobierno y amplios sectores de la opinión. Hasta ahora, y más allá de las dudas que el gobierno estaba despertando por las excesivas concesiones a la guerrilla o del apoyo de otros sectores a la audacia de la política de paz, críticos y defensores del proceso estaban convencidos de que el asunto con los militares estaba superado. Incluso hace unos días, a raíz de la carátula de SEMANA 'Los muertos de la Paz', el asesor del alto comisionado Trujillo, Daniel García-Peña, dijo por carta a esta revista que "todas las decisiones que ha tomado el gobierno a este respecto cuentan con el consurso, respaldo y compromiso pleno de las Fuerzas Militares". Lo anterior parece ahora menos claro.
¿Qué puede hacer frente a todo este asunto el gobierno? En el pasado, cuando generales como Fernando Landazábal, a la sazón ministro de Defensa del gobierno de Belisario Betancur, expresaron opiniones que cuestionaban la política de paz, el asunto se resolvió con el paso a la reserva del oficial de turno. El argumento de ésa, y de muchas otras ocasiones, como cuando el presidente Virgilio Barco le dio la baja al general y también ministro Rafael Samudio, fue siempre que dichos oficiales habían asumido una actitud deliberante, claramente prohibida por la Constitución.
En este caso, e incluso si la revelación del memo despierta en el alto gobierno el deseo de darle al asunto una salida parecida a las anteriores. la cosa no va a ser tan fácil. Primero, porque Bedoya se cuida mucho en el documento de asumir una postura deliberante. Todo lo que hace es consultar y pedir claridad sobre una eventual orden, aun si en este proceso deja entrever las profundas dudas que asaltan a los oficiales sobre la conveniencia y legalidad de la supuesta instrucción. Tampoco le pueden decir que está desacatando una orden, pues esta es por ahora sólo una idea anunciada por el presidente Samper, y no una instrucción impartida. Desde el punto de vista constitucional, el memo de Bedoya está cobijado por el artículo 219 de la Carta, que si bien adara que "La fuerza pública no es deliberante..." acepta que ésta puede dirigir peticiones "sobre asuntos que se relacionen con el servicio... ".
Y si no hay actitud deliberante ni desacato, entonces ¿con qué excusa puede el gobierno sacar a Bedoya? Sólo con el argumento de que el gobierno es libre de remover a cualquier oficial cuando lo estime necesario y sin dar explicación alguna. Pero la alta oficialidad también parece haberse preparado para esta eventualidad. Cinco días después de presentado el memo confidencial, Bedoya se reunió con un destacado grupo de generales, con quienes consultó el tema y de quienes obtuvo total respaldo. La cumbre, celebrada el martes pasado, contó con la asistencia de los generales Norberto Adrada, comandante de la I División; Manuel José Bonnet, de la II; Mario Hugo Galán, de la III, y Marino Gutiérrez de la IV. Así mismo, a la cita a su despacho acudieron sin falta los generales Rafael Hernández, comandante de la XIII Brigada; Emilio Cifuentes, director de la Escuela Militar; Orlando Salazar, director de Reclutamiento; Rodolfo Torrado, inspector general; Luis Bernardo Urbina, jefe de Inteligencia; Hermófilo Rodríguez, director de Ingenieros; y Henry Medina Uribe, intendente general. Al mismo tiempo, Bedoya llamó a cinco coroneles que integran el Estado Mayor del Ejército y son los encargados del manejo de las operaciones y el suministro de apoyo logístico para las tropas.
Pero también es posible que los cálculos y previsiones de Bedoya fallen y que de todas maneras termine en pocos días vestido de Everfit. Según distintas fuentes consultadas por SEMANA en medios militares, esto no preocupa mayormente al general. "El prefiere -explicó un general retirado que algún día fue profesor de Bedoya- salir de la comandancia por pedir precisiones y cuestionar los alcances de la desmilitarización de La Uribe, que continuar su carrera y pasar a la historia como el general bajo cuyo mando el Ejército abandonó ese municipio y lo dejó en manos de la guerrilla".
El memorando de Bedoya es entonces una verdadera papa caliente para el presidente Samper. Primero, porque no puede resolver el asunto como lo hicieron varios de sus antecesores, o si se decide a hacerlo, pagaría por ello un gran costo político, ya que son bastante amplios los sectores de la clase dirigente que comparten las dudas expresadas por Bedoya.
Pero lo más grave ni siquiera es eso. Los últimos informes de inteligencia indican que las Farc parecen estar dispuestas a escupir de nuevo en la mano tendida del alto gobierno. Así parece haber quedado demostrado el pasado 28 de junio, cuando los organismos de seguridad interceptaron una comunicación radiotelefónica en la que Luis Devia Silva, alias 'El Mono Jojoy', miembro del secretariado de las Farc, dialoga con otro jefe guerrillero y lee un comunicado que está siendo preparado para ser enviado como respuesta a la propuesta del presidente Samper de despeje militar del área rural de La Uribe (ver recuadro). El comunicado rechaza enfáticamente la permanencia de soldados en la cabecera municipal.
Como puede verse, la situación para el gobierno no es para nada envidiable. Por un lado los militares han casado su apuesta: no aceptarían el despeje sino conservando más de 2.000 kilómetros del área del municipio, y aún así lo harían en medio de muchas dudas jurídicas. Por el otro, las Farc se disponen a rechazar la idea del Presidente de que un contingente militar permanezca en la cabecera municipal, y a exigir que la desmilitarización sea total. Si Samper le dice que no a las Farc, le dará el puntillazo a un proceso que viene ya bastante mal herido. Si les dice que sí, el pronóstico de la crisis que ya asoma con los militares puede calificarse desde ya de reservado.

EL TEXTO DEL MEMORANDO
En mi condición de Comandante del Ejército considero pertinente presentar a ese Comando Superior los puntos de vista institucionales en el orden de la seguridad de las tropas y de carácter jurídico, relacionados con la hipotética orden de desmilitarización del área territorial del municipio de Uribe, Meta y concentración de las tropas en la cabecera municipal:
01 Con el objeto que el desarrollo de una eventual orden de evacuación militar de las áreas rurales del municipio de Uribe, pueda ser interpretada y cumplida sin riesgo de errores de interpretación, este Comando comedidamente solicita se gestione ante el Gobierno Nacional las Directivas que precisen los detalles pertinentes.
02 Además de la cabecera de Uribe, estima este Comando que La Brigada Móvil No. 1, El Comando Operativo No. 3 y la Séptima Brigada, requieren un espacio geográfico que les permita cumplir con sus funciones institucionales en especial las referentes a la seguridad de ese mismo espacio y la de las rutas logísticas terrestres y aéreas necesarias.
03 En el orden jurídico considera pertinente el Comando del Ejército para efectos de las responsabilidades que puedan derivarse del cumplimiento de una hipotética orden de desmilitarización del área territorial del municipio de Uribe, hacer las siguientes precisiones:
a. Entiende la Institución que dicha orden tiene el carácter jurídico de una orden del servicio, sometida enteramente a las prescripciones del derecho militar, es decir, que ella obedece al cumplimiento de las funciones que la Constitución asigna a la Fuerza Pública.
b. Este enfoque responde desde luego, al reconocimiento de que el Jefe del Estado, como responsable del orden público y de los procesos políticos conducentes a obtener la paz, tiene competencia para adoptar este tipo de procedimientos, sin que se afecte ninguno de los bienes jurídicos de cuya defensa está encargada la Fuerza Pública, como son la integridad territorial, la jurisdicción de las autoridades nacionales sobre todos los habitantes y espacios territoriales y el mantenimiento de las instituciones legítimas.
c. El ordenamiento militar está dirigido primordialmente a la defensa de los valores, sin los cuales la Fuerza Pública pierde toda su eficacia: la disciplina, el honor, la confianza en sus jerarquías y, por tanto, cualquier orden del servicio que menoscabe de alguna manera esos principios chocaría con las prescripciones legales que los protegen.
Mayor General Harold Bedoya Pizarro - Comandante del Ejército

¿ES INCONSTITUCIONAL DESMILITARIZAR LA URIBE?
DESDE CUANDO EL presidente Ernesto Samper expresó en Bucaramanga el jueves 18 de mayo la voluntad de su gobierno de desmilitarizar el territorio del municipio de La Uribe, Meta, y concentrar en la cabecera un grupo exclusivamente armado con equipo defensivo, la idea de que dicha decisión puede ser inconstitucional ha pendido sobre el proceso de paz como una espada de Damocles.
El planteamiento de quienes así piensan es sencillo. En un Estado de derecho ningún habitante ni ninguna región pueden vivir bajo otra autoridad, otra Constitución u otras leyes que las de ese mismo Estado. Privar a una parte del territorio de la presencia de la fuerza pública que representa al Estado significa, inevitablemente, afectar la soberanía de éste que, según los constitucionalistas, es única, inalienable e indivisible.
Pero más allá de los anteriores principios fundamentales, una eventual desmilitarización de La Uribe podría reñir directamente con el artículo 20. de la Carta, que establece que es un deber y un fin del Estado "mantener la integridad territorial" y "proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes". Por otra parte, el artículo 217 establece la obligación del Estado de defender, por medio de las Fuerzas Militares "la integridad del territorio nacional", integridad que se vería quebrantada ante la pérdida de control de una porción del territorio por parte de la fuerza pública.
El abogado constitucionalista Luis Carlos Sáchica le dijo a SEMANA respecto de estos 12 puntos que "la Constitución asigna al servicio de defensa la tarea de velar por la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y la estabilidad de las instituciones. Son las razones que justifican la existencia de un cuerpo armado. Y es aquí donde se plantea la duda de si será constitucional asignar un espacio en el territorio que esté vedado a la a fuerza pública". Es tan cierto todo esto que en 1992, tras el fracaso de las conversaciones en Tlaxcala y cuando el gobierno cumplió su compromiso con la Coordinadora Guerrillera de regresar al monte a los jefes guerrilleros, la Procuraduría estuvo a punto de sancionar a varios ministros con el argumento de que esta acción -que implicó entre otras cosas desmilitarizar por algunos días una zona del territorio nacional- violaba la Constitución. Los altos funcionarios se salvaron de la sanción porque una de las razones que el gobierno argumentó fue la existencia en la Constitución de 1991 del artículo transitorio 13. Este artículo facultaba al gobierno, durante los tres años siguientes a la promulgación de la Carta, a tomar todas las medidas que considerara pertinentes para sacar adelante el proceso de paz con la guerrilla. Tal facultad era tan amplia que incluía desmilitarizar zonas del territorio nacional.
El actual gobierno podría argumentar lo mismo si no fuera porque los tres años de vigencia del artículo ya se cumplieron. Fuentes de la actual administración aseguran que la desmilitarización de La Uribe puede cobijarse en una norma constitucional y una legal. La constitucional es el artículo 22, que indica que la paz es "un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". La legal es la Ley 104 de 1993, más conocida como Ley de Orden Público. En cuanto a la primera, sin embargo, no es obvio para ninguno de los constitucionalistas consultados por SEMANA que la búsqueda de la paz pueda servir para justificar la renuncia por parte del Estado a deberes tan fundamentales como los consagrados en el artículo 20. de la Carta. En cuanto a la Ley de Orden Público, de esta norma tampoco parecen derivarse claras facultades para que el gobierno desmilitarice una zona. Las facultades que esta ley otorga al gobierno para facilitar el diálogo con la guerrilla están contempladas en los artículos 14,15,16 y 17 de la norma. En ninguno de ellos el legislador contempló otorgar al Ejecutivo la facultad de desmilitarizar una región. El aparte que más podría asimilarse a una desmilitarización es el inciso d) del artículo 14. Este inciso faculta al gobierno para "acordar con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros, la ubicación temporal de éstos en zonas determinadas del territorio nacional, para facilitar la verificación de que han cesado en sus operaciones subversivas". Como puede verse, este aparte de la norma no puede aplicarse al caso de la desmilitarización de La Uribe, pues en ningún pronunciamiento ni acuerdo con las Farc o la Coordinadora se han comprometido a cesar en sus operaciones subversivas. Por el contrario, las han arreciado en las últimas semanas, cobijadas bajo el concepto aceptado por el gobierno de que va a haber diálogo en medio de las acciones guerrilleras y militares. Lo que parece obvio es que este inciso está previsto para la etapa previa a la desmovilización en un proceso de paz mucho más avanzado que el actual, que ni siquiera ha comenzado formalmente. Todas las anteriores dudas explican a las claras las preocupaciones de tipo jurídico -a más de las de orden estratégico- que asaltan a los generales en cuanto a una eventual desmilitarización de La Uribe. Existe entre los comandantes, tal y como consta en el memorando del general Bedoya, la inquietud sobre las responsabilidades jurídicas que podrían derivarse de desmilitarizar ellos ese municipio. Por esa razón, lo que le piden al alto gobierno es que produzca una orden escrita -Si es que esa orden no viola el orden constitucional y legal- para entonces saber a ciencia cierta a qué atenerse y cómo actuar.

LAS FARC PIDEN TODO O NADA
LA SEMANA PASADA LOS organismos de seguridad interceptaron una comunicación radiotelefónica de Luis Devia Silva, alias 'El Mono Jojoy, quien les lee a algunos de los frentes de las Farc en los Llanos Orientales un comunicado que sería enviado al gobierno para responder a la propuesta de desmilitarización de Uribe y la creación de un espacio aéreo vedado. Los siguientes son algunos apartes con los explicables cortes en la interceptación:
"Por eso es importante y necesario el despeje total del municipio de La Uribe para el primer encuentro.
En todas las áreas vecinas de dicho municipio hay presencia de tropas oficiales, como se evidencia en la gráfica anexa. Por el norte hay ejército oficial en el plan de Sumapaz y en La Playa, por el sur hay en el bajo Pato, San Visente, en Los Potros, en la via San Vicente a.... y en La Macarena, por el oriente en San Juan de Arama, Lejanías, en la cabecera municipal de Mesetas y en Las Verdes.... Argentina, Peña, Nariño, San Isidro, Muribá y en el Cerro Mirasoles, por occidente en Guacamayas. Pasilla, Tello, Laureles, Colombia, La.... vía al Huila y Santa Ana.
Aún así, el secretariado de las Farc EP tiene la disposición de asistir en medio de semejante cerco a la reunión con su gobierno.
Lo que no está bien es que además de tal cantidad de tropas oficiales, se pretenda también.... en la cabecera de La Uribe otra unidad militar que estaría a 5 minutos en helicóptero de cualquier lugar del municipio.
Milita rmen te sería un absurdo. Políticamente una irresponsabilidad. Doctor Samper, despejar toda el área del municipio es una necesidad histórica, no podemos doblegar las .... entendimiento nacional ante los caprichos de quienes siempre se han impuesto en el proceso de este empeño, la paz debe estar por encima de los intereses particulares como derecho y deber de todos los colombianos Atentamente seeretariado del estado mayor central de las Farc EP, Montañas de Colombia mayo 28 de 1995 ¿Cómo copiaron?"