San Juan del presupuesto

Cuatro años tomó el Consejo de Estado para estudiar y determinar que el Hospital San Juan de Dios, uno de los más antiguos del país, que prestaba sus servicios a los más pobres de Bogotá, era una entidad pública.

La decisión, que para la gran mayoría de colombianos pasó inadvertida, aún mantiene en vilo a varios altos funcionarios del Estado. En realidad con el fallo estaba en juego quién es el responsable del pago de las obligaciones salariales, pensionales y de acreedores que podrían estar entre los 250.000 y los 700.000 millones de pesos.

El fallo tiene su origen en 1999, cuando frente a la crisis económica del San Juan de Dios, la intransigencia de una parte de los trabajadores y su supuesta inviabilidad, el Ministerio de Salud expidió tres decretos en los que el gobierno nacional decidió intervenirlo y cerrarlo. Como era una fundación, se nombró a un liquidador para que con los bienes, situados en el corazón de Bogotá, liquidara a los 1.606 empleados y pagara las obligaciones.

Tras duras protestas de los empleados y la toma de sus edificios, la liquidación se postergó, en parte, porque los trabajadores demandaron ante el Consejo de Estado estos decretos de liquidación y los que en 1979, bajo la presidencia de Julio César Turbay, crearon la Fundación San Juan de Dios, con lo que, tal y como falló el Consejo, pasó de ser entidad pública departamental a una privada.

Frente a este limbo jurídico, el gobierno no quiso reversar los decretos, ni la Gobernación de Cundinamarca peleó por su reapertura, esperando a que el Consejo decidiera que era privado y se procediera al pago de las acreencias con los equipos e inmuebles, avaluados en unos 95.000 millones de pesos.

Nadie sabe cuánto debe el Hospital. Los trabajadores hablan de 260.000 millones, la Gobernación dice que son unos 400.000 millones y un estudio preliminar del gobierno muestra que podrían estar entre los 500.000 y los 700.000 millones de pesos.

Lo que sí es cierto es que en los últimos cinco años este hospital, uno de los mejor dotados con equipos de tecnología de punta en Colombia, vio multiplicar por cinco o seis veces sus deudas y obligaciones mientras estuvo cerrado, sin generar un solo peso. "Los responsables de este descalabro son los presidentes Samper, Pastrana y Uribe, que sabiendo que este era un hospital público, tal y como lo había determinado el Consejo de Estado en 1985 en un fallo que fue ocultado, no hicieron nada", dijo a SEMANA el representante Gustavo Petro, del Polo Democrático (PDI).

En estos años el grueso de los trabajadores siguió asistiendo a la clínica para no perder el empleo, pues nunca fueron liquidados. Muchos de ellos entraron en el rebusque para poder mantener a sus familias. Frente a la difícil situación, cerca de 50 se fueron con sus enseres a vivir dentro del hospital, 295 pidieron licencia, 150 tuvieron la suerte de pensionarse, otros 20 murieron esperando y unos pocos han hecho negocios con los bienes del San Juan de Dios.

Por eso, cuando el martes pasado el Consejo de Estado falló que el hospital es público, adscrito a la Beneficencia y Gobernación de Cundinamarca, les devolvió las esperanzas al hospital y a sus empleados, pero se reservó hasta dentro de 10 días la publicación del texto que lo avala.

Desde ya se avecina un enorme lío entre el gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca por las deudas. El departamento no puede pagar porque se quiebra y el Estado tampoco, porque se le ampliaría el ya monstruoso hueco fiscal. Por eso, todos dicen que van a esperar el texto para saber sus responsabilidades, pero se prevé que el Ministerio, la Beneficencia, que se enriqueció con la venta de los lotes de El Salitre que eran de propiedad del hospital, y Bogotá tendrán que aportar y buscar salidas compartidas.

Otro de los efectos del fallo es que el hospital tiene que abrir de nuevo, por lo que el gobierno debe asignarle un presupuesto e integrarlo de nuevo a la red hospitalaria.

El ministro de Protección Social, Diego Palacio, dijo que aún sin conocer el texto, "la decisión es un buen avance, pues el país llevaba cinco años esperando el pronunciamiento. Mientras se conoce el texto, es bueno aclarar que la Nación ya asumió los pagos de las pensiones anteriores a 1993, tal y como se había acordado en los acuerdos de concurrencia".

En los próximos días el representante Petro le pedirá al alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, que cumpla las promesas que su movimiento hizo durante la campaña y asuma la administración a través de un convenio con el Ministerio de Protección Social. Lógicamente, como advierte la Secretaría de Salud, deberá cambiar su estructura y convertirlo en un hospital universitario de alta complejidad.

Mientras se termina de desenredar la suerte de uno de los hospitales más antiguos e importantes del país, los empleados verán cómo aumentan las deudas del hospital en 50 millones de pesos diarios. Dinero que el Estado tendrá que pagar mientras ellos no tienen ni 1.000 pesos para ir a trabajar o para comprar una bolsa de leche.