Inicia la cuenta regresiva para Sandra Morelli

Con el ánimo de dar inicio a la fase de juicio del proceso penal que se sigue contra la excontralora Sandra Morelli, por el multimillonario contrato de arrendamiento de la sede en la que hoy funciona la entidad, la Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria.

La acusación anunciada por Camilo Burbano, director del sistema penal oral acusatorio, será por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, tal y como lo expuso el ente acusador en la audiencia imputación de cargos.

La decisión obedece a que las pruebas obtenidas en la investigación concluyen que Morelli, en su calidad de contralora General de la República suscribió cuatro contratos “desconociendo abiertamente los principios de planeación, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación pública”.

Por cuenta de este proceso judicial, la excontralora decidió salir del país, radicarse en Italia -de donde también es ciudadana- y atender las diligencias judiciales a través de videoconferencia. Ella manifestó que no habría garantías suficientes de imparcialidad y pidió al gobierno italiano, a través de su misión diplomática en Bogotá, acompañar el proceso.

La Fiscalía asegura, luego de sus investigaciones, que Morelli adelantó un proceso de contratación directa que careció de estudios técnicos y de mercado necesarios que permitieran concluir que el cambio de sede era urgente y que, además, la oferta de la empresa Proyectos y Desarrollo S. A., por más de 2.500 millones de pesos, era la mejor opción para los intereses de Estado.

También objetó que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses por un valor de 5.000 millones de pesos, sin que los bienes hubieran sido utilizados por el ente de control. A esta millonaria cifra se le suman los sobrecostos globales generados por los pagos dobles, supuestamente, realizados al contratista.

Según las averiguaciones, en relación con el proceso de venta de las sedes propias de la Contraloría General, en el centro de Bogotá, se advirtió que en los contratos celebrados para tal efecto con la Central de Inversiones S. A.-CISA, se desconocieron los requisitos de ley para proceder a la venta de las edificaciones.

Por último, la Fiscalía advirtió que impugnará la decisión de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se abstiene de imponer medida de aseguramiento contra Morelli. “Se expusieron suficientes argumentos y elementos de prueba para acreditar los requisitos legales y constitucionales necesarios para que procediera la privación de la libertad”, dijo el ente acusador.