SE VAN LOS DUROS

Dídimo Páez y Ricardo Calvete son dos de los magistrados de mayor prestigio de la sala penal
de la Corte Suprema de Justicia. Ambos son activistas de la línea dura del alto tribunal. Los dos han ocupado
los más altos cargos dentro de la corporación y sus nombres son ampliamente reconocidos en la rama
jurisdiccional. Dídimo Páez llegó a ser presidente de la Corte Suprema en 1997, en momentos en que el
proceso 8.000 estaba en su furor. Este abogado vallecaucano se convirtió en el abanderado de la controvertida
tesis según la cual para procesar a un sindicado por enriquecimiento ilícito no se requiere una sentencia por
narcotráfico. Ricardo Calvete, quien ocupó la presidencia de la sala penal de la Corte, también sentó
jurisprudencia sobre el tema. Curiosamente las opiniones de ambos casi siempre estuvieron orientadas en la
misma dirección. Pese a que los dos se caracterizaron por mantenerse alejados de los medios de
comunicación sus decisiones los hicieron figurar en las primeras páginas de los periódicos. En el caso de
Páez, su nombre se dio a conocer a finales de los años 80 cuando anuló la absolución de Gilberto Rodríguez
Orejuela, emitida por un juzgado de Cali y ratificada luego por el Tribunal de esa ciudad. La investigación de
Páez demostró que se habían cometido varias irregularidades en el proceso y por primera vez en la historia
jurídica del país varios magistrados de un alto tribunal fueron declarados culpables y condenados a
prisión. Durante el proceso 8.000 tuvo a cargo el caso de María Izquierdo, contra quien dictó medida de
aseguramiento por enriquecimiento ilícito. Calvete, por su parte, fue el magistrado que investigó la conducta
del representante a la Cámara Rodrigo Garavito, también dentro del llamado proceso 8.000. El magistrado
consideró que el parlamentario se había enriquecido de manera ilícita y por ello le dictó medida de
aseguramiento. Los dos funcionarios tienen que retirarse de la Corte Suprema antes de que termine el primer
semestre de este año porque la Constitución de 1991 establece que los magistrados de las altas Cortes no
pueden permanecer más de ocho años en sus cargos. Los dos _junto con varios magistrados de otras
cortes_ cumplen este tiempo en sus puestos el primero de julio y por ello deben renunciar.Aunque se trata
en apariencia de una modificación burocrática y formal, la verdad es que el retiro de los dos juristas ha
empezado a inquietar a varios magistrados de la Corte Suprema, quienes serán los encargados de escoger a
sus sucesores. La razón para dicha inquietud radica en el hecho de que la Corte Suprema no es
autónoma para elegir a sus magistrados, como sucedía en el pasado con el sistema de cooptación. Ahora
debe someterse a una lista de seis candidatos que le envía la sala administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Y no son pocos los congresistas que han empezado a hacer lobby ante esa corporación para
tratar de colocar sus fichas en la sala penal de la Corte Suprema. Ello les evitaría en un futuro los dolores de
cabeza que les produjeron algunos de los fallos de Dídimo Páez y Ricardo Calvete. Falta ver si funcionan las
presiones políticas.