El drama del paro judicial

Desde que el paro judicial inició el pasado 7 de octubre el Gobierno y los sindicatos no han logrado llegar a un acuerdo. Asonal Judicial, sindicato que mantiene congeladas las actividades judiciales en el territorio nacional, especialmente en Bogotá, ha reiterado que no va a ceder hasta que no haya consenso en aspectos como una nivelación salarial o mejores condiciones laborales.

Sin embargo, para María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, los miembros del sindicato deben ceder sus intereses particulares y armonizarse con los ciudadanos.
Según la jueza, no hay dinero ni mesa de negociación. “Si hubiera futuro se negocia, pero Asonal Judicial tiene que reflexionar porque no podemos olvidar a los usuarios”.

Arango advirtió que el estancamiento de la rama judicial ocasionado por el paro mantiene congeladas a actividades que necesitan tramitarse con urgencia, y expuso casos como los títulos de alimentos solicitados por personas para sus hijos, el vencimiento de términos que enfrentan los presos del país o la enorme cantidad de tutelas que siguen represadas, entre otros.

La directiva añadió que los organismos sindicales de la rama judicial están haciendo asambleas en la capital y que en ellas se está votando a favor de abrir las puertas y levantar el cese de funciones. No obstante, de acuerdo con Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, la balanza está del otro lado.

El líder sindical afirmó que su gremio es el más escuchado y que cuenta con el respaldo del sindicato del Inpec y el de la Fiscalía General para continuar con el paro. De la misma manera dijo que el único responsable es el Gobierno, pues no asiste a los encuentros para discutir el tema y tampoco advierte que en efecto enfrenta una crisis.

“El presidente Juan Manuel Santos negocia con los insurgentes y no con los judiciales. Mientras tanto tenemos que seguir sufriendo. Lo que hemos hecho es desnudar todas las problemáticas de la justicia”, anotó.

Cifras oficiales señalan que alrededor de 20.760 audiencias han sido aplazadas a causa de este episodio. En Bogotá, el 90 % de los empleados de juzgados, tribunales superiores y administrativos se han visto afectados, así como también miembros de la Fiscalía y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Ante esta situación, el Consejo Superior de la Judicatura se unió a la directriz de la Contraloría y no pagará salarios ni prestaciones de servicios a aquellos servidores judiciales que se encuentran en paro.