Tarea pendiente

Este lunes, cuando Gabriel Silva se siente por primera vez en su escritorio del ministerio de Defensa, tendrá que empezar a resolver uno de los problemas que más preocupan al presidente Álvaro Uribe: cómo mejorar la defensa de los militares que están siendo investigados por la justicia.

El Presidente tiene razón al estar preocupado. Nunca antes hubo tantos militares investigados y detenidos como ahora. En el Cantón Sur y en las instalaciones de la Policía Militar de Puente Aranda hay más de un centenar de oficiales detenidos que enfrentan juicios por derechos humanos o corrupción, lo mismo que en las instalaciones de la Policía Militar de Puente Aranda, mientras en las cárceles corrientes hay 244 militares presos. Es mayor aun el número de casos de miembros de las Fuerzas Armadas investigados. En la Fiscalía, sólo por derechos humanos, hay 1.137 uniformados que están bajo la lupa de los investigadores, y en la Justicia Penal Militar hay 17.000 casos.

Es claro que algo hay que hacer, pues muchos de ellos, procesados por acciones que se desprenden de un oficio que es de alto riesgo jurídico, tienen que pagar de su bolsillo absolutamente todos los gastos, aunque sean declarados inocentes después. Además, los militares tienen el derecho, como cualquier persona, a un debido proceso. Sin embargo, el debate no se ha hecho esperar.

Muchos observadores consideran paradójico que el gobierno por un lado, asegure que está comprometido con castigar a los militares que incurran en falsos positivos y violaciones de derechos humanos y al tiempo le saque dinero al bolsillo de los contribuyentes para pagar la defensa de algunos de estos crímenes.

Por eso hace un año el Congreso aprobó una ley que crea una Defensoría especializada para la fuerza pública, que depende del ministerio de Defensa y que será financiada con recursos del presupuesto nacional. Se trata de un servicio de abogados que atenderá gratuitamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan que enfrentarse a los tribunales de la Justicia Penal Militar. Hasta ahí no hay problema pues los casos de derechos humanos, por definición no deberían estar allí. Pero la ley contempla que si un caso empieza en esta jurisdicción y luego es trasladado a la Fiscalía, como ha ocurrido en episodios tan espinosos como la masacre de Jamundí, la defensa técnica debe continuar, para garantizar el debido proceso. Muchos objetan que el Ministerio termine pagando la defensa de personas que aunque vistieran el uniforme, estaban actuando al servicio de redes criminales. Pero esto es algo que nunca se puede saber a priori, sino justamente después de que el juicio se ha consumado y la defensa ha podido actuar.

De todos modos, la ley que creó esta Defensoría todavía está en el papel y sólo funcionará a partir del año próximo, cuando entre en vigencia el sistema oral de la Justicia Penal Militar. Le tocará al nuevo ministro garantizar que ésta empiece a funcionar pronto y con eficiencia.

Caso aparte merece la referencia que Uribe ha hecho en varias ocasiones a las falsas denuncias. Aunque un sector de las Fuerzas Armadas está convencido de que en la Fiscalía se montan falsos testigos en su contra, y que las ONG hacen montajes para desprestigiarlos, en la práctica son pocos los casos que se han documentado de falsas denuncias. En cambio, sí hay fiscales de derechos humanos que han denunciado a militares, y a sus abogados, por obstrucción a la justicia. Hoy día lo que hay es una verdadera batalla entre defensores y jueces, de la que nadie sale beneficiado.

La paradoja jurídica y moral que hay sobre la mesa es la que tendrá que ayudar a resolver Gabriel Silva desde el ministerio, trazando una línea que sea aceptable en la institución, donde muchos oficiales se sienten sin respaldo -lo que en muchos casos es cierto-- , y que no genere la sensación afuera de que hay solidaridad de cuerpo con quienes actúan como criminales.