TODO SE DERRUMBO

Cuando a mediados de noviembre del año pasado, la Cruz Roja nacional declaró la emergencia invernal en vastas regiones del país, se habló de uno de los períodos de lluvias más intensos y destructivos de los últimos 20 años.
Pero ni siquiera entonces los socorristas imaginaron que esa tragedia iba a derivar en una peor, la que hoy afronta el cono sur del departamento del Atlántico, una zona agrícola y ganadera, despensa vital para el abastecimiento de la costa, que fuera modelo en América Latina de adecuación de tierras y reforma agraria a fines de los años sesenta.
Durante 34 días, sin interrupción, los habitantes de 8 poblaciones de esa región, ubicada en el vértice que forma el río Magdalena con el canal del Dique, soportaron la arremetida de más de 350 millones de metros cúbicos de agua, algo así como dos terceras partes del agua contenida en el embalse de Sesquilé, que necesitó más de un año para llenarse. Las pérdidas han sido estimadas en 6 mil millones de pesos, una cuarta parte de las que se generaron tras el terremoto de Popayán y los afectados son más de 35 mil personas de 5 mil 100 familias, quienes vieron cómo desaparecían bajo las aguas sus casas, sus siembras y su ganado.
Al principio, al producirse la tragedia, se pensó que sólo la naturaleza era responsable. Pero hoy en día se tiene la certeza de que el Estado debe cargar con buena parte de la responsabilidad, al haber desoído las advertencias que se venían haciendo por parte de dirigentes campesinos de la zona. Por su parte, el gobierno ha mencionado la posibilidad de que manos criminales hayan intervenido en el desplome de uno de los terraplenes que defienden la zona contra la furia de las aguas del invierno. Pero para los campesinos, esto último no es más que un intento desesperado de las autoridades por salvar su responsabilidad. ¿Quién puede estar interesado?, ¿quién puede beneficiarse con una acción similar de sabotaje?

EL ORIGEN DE LA TRAGEDIA
A principios de noviembre del año pasado se dio la primera voz de alerta. Frente a un sitio llamado Cabo de Piedra se advertía una señal de peligro: la formación por sedimentación de una isla de 2 kilómetros de largo, que generaba una corriente y volcaba las aguas del Magdalena contra la carretera que viene desde Barranquilla, bordeando el río. Durante 24 días, 500 campesinos tuvieron que desplazarse hasta ese sector para controlar el remolino que se había formado y que amenazaba con romper las defensas y abrir las puertas para una inundación.
El 30 de noviembre se produjo la primera ruptura en el terraplén construído para controlar las aguas del canal del Dique. El boquete tenía 60 metros de ancho y, aunque parezca imposible, la movilización de mil 500 campesinos apoyados por el Himat y el ministerio de Obras permitió, después de tres días de labores ininterrumpidas, evitar la inundación.
Algunos cantaron victoria al ver que se había tapado el agujero, pero dos días más tarde se produjo una segunda ruptura, esta vez 150 metros más arriba. "Ante esto, ya nada pudimos hacer, pues no teníamos el equipo para reconstruir el terraplén", comentó a SEMANA un dirigente campesino que participó en los trabajos.
Durante la segunda semana de diciembre, el gobernador Fuad Char logró contratar algunos equipos con una compañía privada y el ministerio de Obras envió un martinete y una draga. El martinete explotó al tratar de clavar el primer pilote, base para la reconstrucción del terraplén, y la draga nunca pudo ser puesta en marcha. El agua seguía entrando y su fuerza era arrasadora.
El ambiente de caos se extendió al terreno político. Mientras el gobernador parecía encontrarse solo frente a la emergencia, fue criticado por el senador José Name Terán (su jefe político), quien lo acusó de estar tratando de afrontar el problema "regalando mercaditos". Pero la verdad es que, con o sin mercaditos, el gobernador había reaccionado mucho antes que los parlamentarios a quienes, según los campesinos de la región, sólo una amenaza de éstos de retirarles sus votos, los obligó a atender las solicitudes de ayuda. Finalmente, todo el mundo entró a intervenir, pero ya era demasiado tarde. El mal estaba hecho

RESULTADOS
Para navidad, más de 30 mil hectáreas de siembra habían quedado destruidas. La gravedad de esta cifra se mide teniendo en cuenta que esa área equivale al 1% de la superficie sembrada en el país y al 12% de la zona de siembras servida por sistemas de riego. Además, quedaron inundadas 23 mil hectáreas de pastos dedicados al mantenimiento de 40 mil cabezas de ganado. Entre bovinos y asnos, se reportaron mil 100 animales ahogados.
Pero aparte de las siembras, también se inundaron las casas: 910 en zona urbana, la mayoría de ellas en el municipio de Manatí, y 814 en zona rural, principalmente en la jurisdicción del municipio de Campo de la Cruz. Por este concepto, el valor de las pérdidas supera los 300 millones de pesos, si se avalúan las viviendas urbanas en 300 mil pesos y las rurales en sólo 50 mil.
Sin embargo, la cuestión de las pérdidas materiales es apenas un abrebocas de los problemas que enfrenta la población afectada: antes que nada, se cree que miles de personas están padeciendo hambre física, no sólo porque las siembras quedaron destruídas, sino porque los que no tenían tierra y vivían del jornal, se quedaron sin trabajo. Aparte, las inundaciones han traído epidemias: tifo, gastroenteritis y fiebres palúdicas.
El gobierno nacional ya reaccionó y a través del ICT, el BCH, el ICCE, el Sena, el Himat y otras entidades asi como los ministerios de Agricultura, Obras y Salud, está prestando su ayuda, que en un principio se ha limitado a evaluación de pérdidas y traslado de las familias y del ganado a zonas no inundadas. Se está creando un ente único para canalizar la ayuda, copiando el modelo utilizado para la reconstrucción de Popayán. El Consejo de Ministros, a finales de enero aprobó más de dos mil millones de pesos para financiar la recuperación de la región. Pero lo cierto es que mucho menos de una cuarta parte de esa suma hubiera bastado para prevenir la catástrofe.