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Tres magistradas quedaron al frente de investigación sobre acoso en la Corte

La implementación de las recomendaciones del informe de Usaid, que detectó casos de acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional, ya no estará en cabeza de la presidencia de esa corporación. Gloria Ortiz, Diana Fajardo y Cristina Pardo asumieron el liderazgo.


Los magistrados de la Corte Constitucional acaban de crear una hoja de ruta para investigar y traducir en acciones las recomendaciones del informe realizado por Usaid, que alertó por la existencia de casos de acoso laboral y acoso sexual al interior de la corporación. El contenido del documento fue revelado por SEMANA y dejó en evidencia cómo, a pesar de que fue una iniciativa que surgió del mismo Alto Tribunal y se aprobó su publicación, el contenido fue guardado bajo llave.

El estudio fue realizado por Usaid, la agencia para el desarrollo más influyente de Estados Unidos. Los resultados fueron escandalosos, pues revelan que en la Corte, que debe resguardar la Constitución, trabajan víctimas silenciosas de sus compañeros y de sus jefes. El problema se agrava al considerar que estas víctimas invisibles sufren porque en la Corte hay “tolerancia a las violencias de género” y “falta de políticas institucionales para castigar” estos comportamientos. El pasado sábado, después de la publicación de SEMANA, el informe vio la luz y fue publicado en la página web de la Corte. 

El tema se convirtió en un punto de discusión de la Sala Plena de la Corte este jueves. El resultado del debate es que magistrados decidieron darle al informe el protagonismo que merece y traducirlo en acciones. Por ello, la primera y más importante determinación consistió en que no será la presidencia de la Corte, actualmente en cabeza del magistrado Alberto Rojas, la encargada de implementar las estrategias para solucionar el problema. 

En contexto


De ahora en adelante este liderazgo lo asumirán autónomamente las tres magistradas mujeres del Alto Tribunal: Gloria Ortiz, Cristina Pardo y Diana Fajardo. Ellas quedarán al frente del comité encargado de investigar y diseñar fórmulas que eviten que estos comportamientos se repitan en el Alto Tribunal. Para ello, tienen la primera misión de convocar la participación de los funcionarios de la Corte con el fin de definir bajo qué acciones superarán los problemas detectados y fortalecerán, profundizarán y ampliarán la equidad de género en la corporación. 

Los magistrados también determinaron que este ejercicio, ejemplo de transparencia para la justicia, será un proyecto protagónico y especial para el Alto Tribunal, el cual será de carácter permanente y tendrá como propósito consolidar y profundizar la equidad de género. Adicionalmente, estará vinculado a la Comisión de Género de la Rama Judicial. 

El estudio fue realizado con base en encuestas de 260 funcionarios y contratistas de la entidad; adicionalmente, a través de entrevistas se ampliaron puntos álgidos detectados. Los empleados describieron cómo en los pasillos del Palacio de Justicia muchas veces se escucha un lenguaje sexista, contaron acerca de los estereotipos de género a la hora de repartir ciertas funciones y dieron detalles de algunos casos de discriminación.

Sin embargo, la parte más sensible apareció a la hora de hablar de acoso sexual y laboral. Las investigadoras detectaron que las judicantes, que deberían recibir las mayores protecciones y garantías, encabezan el listado de reportes de acoso sexual. De hecho, el informe señala cómo hizo carrera en la Corte Constitucional el uso del término ‘judicantear’, para referirse a una práctica creciente de buscar relaciones “románticas o sexuales” con estas estudiantes.

“En la fiesta de final de año de la Corte, hombres de mayor rango se involucran con mujeres de cargos de menor responsabilidad, o con las judicantes”, señala uno de los testimonios.


El recién conformado equipo arranca con la difícil tarea de conseguir que las mujeres que han sido víctimas de conductas de acoso puedan denunciar sin temor a retaliaciones. También deberán implementar estrategias para evitar la discriminación y permitir que las minorías tengan representación en el Alto Tribunal. Pero lo más importante es que las magistradas consigan transformar esta iniciativa en un éxitoso ejemplo que se implemente en toda la Rama Judicial.