En jaque ley que permitió intervenir a la U. San Martín

En diciembre pasado, el Congreso aprobó en tiempo récord la ley de inspección y vigilancia de la educación superior. El Gobierno le había puesto mensaje de urgencia, y reclamó del Legislativo la necesidad de tener herramientas legales para vigilar, entre otras, las finanzas de las universidades y centros de educación superior.

La ley fue presentada por la ministra de Educación, Gina Parody, y estuvo motivada en el grave escándalo que se generó en la Fundación Universidad San Martín, cuyos directivos son investigados por la Justicia -algunos ya tras las rejas- por presuntos malos manejos y desvíos de los recursos que debieron ser empleados en el mejoramiento del servicio educativo.

El nombramiento de nuevas cabezas y la posibilidad de una intervención al plantel por parte del Ministerio pudieron ser posibles por cuenta de la nueva ley.

El Congreso, con un amplio consenso, sacó adelante la normativa. Tanto que la ministra Parody agradeció porque le daba al Ministerio de Educación herramientas de inspección y vigilancia y le permite al Gobierno, según la ministra, “garantizar el derecho a la educación, que es lo que nos interesa y lo que constitucionalmente estamos obligados a brindarle al país”.

La ley fue sancionada el pasado mes de enero por el presidente Juan Manuel Santos y entró en plena vigencia. Sin embargo, la ley de la ministra Gina Parody se podría caer.

Semana.com conoció que la magistrada de la Corte Constitucional Martha Victoria Sáchica Méndez aceptó dos demandas que advierten que esa ley va en contravía del artículo 69 de la Constitución, la cual desarrolla el principio de la autonomía universitaria.

La primera demanda fue presentada por la ciudadana Claudia Jimena Gómez Amaya. En ella dice que es “impensable” que una ley que se ocupa del derecho a la educación y la autonomía universitaria hubiera sido aprobada por el Congreso sin que este tuviera en cuenta las opiniones consultadas de la comunidad educativa en general, estudiantes, profesores, directivos, ya que, a su juicio, esa comunidad resultó seriamente afectada con la expedición de dicha norma.

La demanda también argumenta que como la ley plantea varias medidas sin distinguir entre instituciones públicas o privadas, por ejemplo la de sancionar a los funcionarios culpables de los malos manejos de las instituciones y si estas no cumplen con un servicio continuo y de calidad, va en contra del principio de autonomía universitaria.

Además, como la ley permite crear fiducias para el manejo de los recursos de las universidades o de retirar a los rectores y directivos de sus cargos, para ser reemplazados por quien designe el Gobierno, “agudiza más el problema al no tener en cuenta las comunidades educativas”.

La ley de Gina Parody, dice la demanda, aumenta la injerencia del Gobierno en todas las universidades, pues con el objetivo loable de perseguir la corrupción en los entes educativos, se atropella totalmente el principio constitucional de autonomía universitaria. “El remedio resulta peor que la enfermedad y con certeza no se resuelve el problema central”.

La segunda demanda fue presentada por el ciudadano José Fernando Alba y, de forma similar a la primera, dice que la ley aprobada por el Congreso vulnera flagrantemente los componentes fundamentales de la autonomía universitaria, pues limitan y se inmiscuyen en la autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonial de los entes universitarios, al facultar al Ministerio de Educación para actuar en el manejo y dirección de esas instituciones educativas.

Por ejemplo, se lee en la demanda que el hecho de contemplar que el Ministerio puede enviar delegados a los órganos de dirección de las universidades cuando lo considere necesario, tal como lo establece la ley, implica aceptar que el Gobierno puede intervenir en tales órganos. Eso “aleja de la finalidad estatuida por el constituyente al consagrar la autonomía universitaria y trasgrede la facultad que tienen las instituciones universitarias de regirse con plena independencia”.

En el auto de la Corte, en el que se admitieron ambas demandas, la magistrada notificó al Gobierno y al Congreso para que intervengan en el estudio de la demanda e invitó a las universidades del país a presentar un concepto frente a esta ley. Lo mismo al procurador general.

Aunque la ley que permitió la intervención de la San Martín fue muy aplaudida, esta se podría caer en la Corte Constitucional si esta corporación decide que la ley de la ministra Gina Parody viola el principio de la autonomía universitaria.