Primera medida judicial contra la U. San Martin

La crisis de la Universidad San Martín es tan profunda, que los 18.000 estudiantes y 4.000 empleados les pidieron hace algunos días al Gobierno y al Ministerio de Educación que dejen a un lado tantos anuncios e investigaciones y tomen medidas definitivas que los salven de la debacle.

Este miércoles el gobierno nacional tomó cartas en el asunto y anunció las primeras medidas que adoptó el Ejecutivo para intervenir la institución educativa.

En una rueda de prensa, la ministra Gina Parody anunció que quienes se encuentran adelantando sus estudios en la institución podrán terminarlos, pues el Gobierno se encargará de garantizarles tal derecho. Advirtió que, por ahora, queda suspendido el ingreso de nuevos estudiantes. De manera preventiva, la universidad no abrirá nuevos cupos primer semestre el próximo año en ninguno de sus programas.

Pero el tema no quedó allí. Ante las críticas por las demoras en las investigaciones penales pues desde mucho tiempo atrás se conocen historias fraudulentas por parte de las directivas de ese plantel, la Fiscalía tomó la primera decisión.

Un fiscal imputará cargos por fraude a resolución judicial al representante legal de la universidad, José Ricardo Caballero Calderón. La decisión se toma porque durante mucho tiempo algunos jueces laborales le han ordenado a la institución pagar acreencias laborales de muchos de sus empleados. La universidad ha hecho caso omiso y alegó do contar con suficientes recursos.

“Vamos a imputar a Caballero Calderón, quien ha estado obligado a cumplir las ordenes con los jueces y no lo hizo, pero no descartamos que podamos imputar a otras personas determinadoras en este caso. Pediremos la imputación cuando se defina el paro judicial”, puntualizó el vicefiscal general, Jorge Perdomo.

Como se sabe, en algunas sedes de la universidad los problemas económicos abundan y decenas de empleados han tenido que parar sus actividades. Al mismo tiempo esa universidad ha tenido que cerrar algunas facultades y en la sede de Barranquilla, especialmente, las sedes no cuentan con agua ni luz para las actividades.

Por ahora, lo que se sabe, es que muchos de los dineros que ingresan van a parar a otras empresas de la familia Alvear, su propietaria.

Fiscalía investiga

“Tenemos dos grandes procesos que se están llevando contra los directivos y los dueños de la San Martin”, anunció el vicefiscal Perdomo, que señaló que la primera indagación tiene que ver con el incumplimiento de la universidad con las obligaciones laborales de sus empleados.

La primera tiene que ver con las acreencias laborales ya descritas, sobre las que “hay unas órdenes judiciales de jueces y tribunales del país que le ordenan a la entidad que cumpla dichas obligaciones y la institución no lo hizo. Por ello, la Fiscalía va a imputar el delito de fraude a resolución judicial al representante legal de la fundación y así avanzar para vincular a este proceso a los dueños de esta universidad”. 

Otra investigación tiene que ver a una estafa masiva a los estudiantes. “Este delito porque la Universidad estaba ofreciendo algunos programas como medicina, odontología, ingenierías, administración de empresas, sin que tuviera la autorización del Ministerio de Educación para ofrecer estos programas”, explicó.

Según los archivos de la Fiscalía, en el 2012 el Ministerio le habría quitado el permiso a la institución para ofrecer esos programas. Sin embargo, según la investigación, se valió de maneras fraudulentas para ofrecerlos. Además, esos dineros no entraban al patrimonio de la institución sino que entraban a otras a otras empresas. Por ello, también están investigando por el delito de enriquecimiento ilícito, falsedad y alzamiento de bienes.

“Estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación analizando cuáles son las posibles decisiones judiciales que podemos tomar y así, hacer unas inspecciones en los próximos días a algunas instalaciones de la universidad", reveló Perdomo.