Un Rosario de problemas

La noticia tiene al bor-de de un ataque de nervios a cientos de familias que durante años han disfrutado de sus casas de recreo en las Islas del Rosario y en el archipiélago de San Bernardo, a 55 kilómetros de Cartagena, y ahora pueden perderlas.

El lío jurídico, que no es nuevo, involucra a prestantes familias cartageneras como los Martelo, los Del Castillo y los Lemaitre; a grandes empresarios como los Segovia, los Santo Domingo y los Douer; y a políticos, esmeralderos, narcotraficantes, 'cachacos' oligarcas e incluso a varios extranjeros que seguramente se fascinaron con la belleza del mar en las Islas.

El revuelo ahora es porque un fallo del Consejo de Estado de septiembre pasado le dio al gerente del Incora de Bolívar un plazo de seis meses para iniciar la restitución de los terrenos a favor de la Nación. Si no lo hace va a la cárcel por desacato.

La decisión judicial se tomó con base en una acción de cumplimiento interpuesta por la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, que considera que las Islas están indebidamente ocupadas por particulares.

"El problema es muy grave porque tengo un plazo para cumplir la ley", dijo a SEMANA el gerente del Incora en Bolívar, Pablo Sexto Oyola, quien delegó en un grupo de abogados, arquitectos, ingenieros y peritos oceanográficos la tarea de recorrer las 23 islas que conforman los dos archipiélagos para establecer la clase de propietarios , los linderos de los terrenos y la viabilidad de esta medida legal.

Doscientas dos familias ya han sido notificadas por el Incora y la mayoria de propietarios ya le dió poder a un pool de abogados, encabezados por Carmelo Martínez, ex presidente del Consejo de Estado, que pretenden desvirtuar ante el Instituto una resolución de 1986 que declaró que las Islas son baldíos reservados y que pertenecen a la Nación. Los abogados sostienen que hace 16 años, cuando se dictó esta resolución, el Incora no hizo nada por recuperar los terrenos y que la acción ya prescribió. Pero el Incora insiste en revivirla y puso a los propietarios contra la pared.

Viaje a Sevilla

Lo más grave es que las pruebas son casi imposibles de conseguir. Los actuales propietarios tienen que demostrar, con títulos en mano, qué particular les vendió esos terrenos y cuándo salieron del dominio del Estado. La única manera es con títulos expedidos antes de 1821, o sea con títulos de la Corona Española.

La tarea no era para nada fácil pues todas son pruebas de dos siglos atrás, que no existen en el archivo histórico de Cartagena.

Por fortuna para los propietarios el cartagenero Roberto Martínez, quien es un apasionado por la historia, los convenció de todo lo contrario. Les prometió que recorrería los nueve kilómetros de estantería que conserva el Archivo General de Indias en Sevilla, España, y les traería los títulos de la Corona.

Martínez lo logró. Viajó en dos ocasiones a Sevilla, en donde encontró, en medio de un millón de legajos, 500 documentos de los siglos XVI y XVII que se referían a las propiedades de esas Islas. Pero los manuscritos estaban en castellano antiguo, por lo cual se necesitó la ayuda de un paleógrafo que tradujera al español actual cada uno de los 500 folios.

Entre los documentos hay tres cédulas expedidas en 1522 por el rey Carlos V, en las que le da total autoridad al primer gobernador de la provincia de Cartagena, Gonzalo Fernández de Oviedo, para repartir tierras en las Islas de Barú, antiguo nombre que llevaban las Islas del Rosario.

Hay otro título, que tiene el primer reparto de tierras y de indios que se le concedió a Juan de Villoria y que heredó después su viuda Constanza de Heredia, sobrina de Pedro de Heredia, fundador de Cartagena.

Y con otro documento van a demostrar que en 1623 las Islas pasaron a manos de Francisco Sarmiento Sotomayor, que las perdió por una demanda interpuesta por Isabel de Herrera, una viuda que vivía en Cartagena y a quien Sarmiento le debía una plata. El pleito duró un año y al final las haciendas de Barú (hoy Islas del Rosario) fueron rematadas por "siete mil pesos de a ocho reales y beinte y quattro piezas de esclavos", según el documento. El remate se hizo el 15 de octubre de 1624 y resultó beneficiario Domingo Fernández, quien se quedó con las tierras y le pagó a doña Isabel el dinero que Sarmiento le debía.

Pero eso no es todo. Los propietarios también tienen que demostrar que en las Islas existía una población nativa antes de 1821. Por eso el historiador Martínez viajó por segunda vez hasta Sevilla y consiguió una carta enviada en 1691 por el cura Baltasar de la Frente al Consejo de Indias, en la que advierte que en las Islas existen gentes dispersas, que viven sin Dios ni ley y sin recibir los santos sacramentos; que se roban mujeres entre ellos y que hay mujeres que se les fugan a sus maridos; que se encuentran en total abandono y apartados de Dios y de la Iglesia.

Esta es parte de la historia de las Islas que han tenido que aprender muchas de estas familias en sus angustias y carreras por defender sus propiedades.

"Nosotros somos conscientes de que estamos obligados a pagar impuestos y a legalizar esta situación, pero necesitamos que el Incora no nos niegue el derecho a defendernos. Es decir, que clarifique la situación de las tierras con base en las pruebas que hemos conseguido de dos siglos atrás", le dijo a SEMANA uno de los propietarios de las Islas que hoy defiende sus títulos.

Todos esperan que este sea el último debate y que de una vez por todas se aclare quiénes son los auténticos dueños de las Islas del Rosario.