Renunció el viceministro salpicado en escándalo sexual en la Policía

Dentro de la investigación que adelanta la Procuraduría contra el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, se desprende un capítulo que podría comprometer a miembros del Congreso, policías y al actual viceministro del interior, Carlos Ferro, en una presunta red de prostitución enquistada en la institución armada.

El nombre del viceministro afloró en toda esta historia porque un alférez de nombre Ányelo Palacios filtró un video en el que aparece Ferro conversando con él sobre relaciones homosexuales.

Si bien esta conversación grabada por Palacios hace parte de la órbita intima de ambas personas, esta supuesta prueba, unida a otros elementos, ha servido a la Procuraduría para armar el expediente acerca de la ‘Comunidad del anillo’ y la participación de congresistas en ella.

Una hora después de que el procurador general, Alejandro Ordoñez, dio a conocer estos detalles y se divulgó un video realizado en el 2008, Ferro -hoy viceministro y antiguo senador de la República-, renunció al cargo.

En esta compleja historia apareció también el nombre del coronel (r) Jerson Jaír Castellanos, que fue jefe de seguridad del Congreso y habría sido el enlace en la institución y el Legislativo.

Según las presuntas evidencias, Castellanos se aprovechaba de las costumbres sexuales poco usuales de varios parlamentarios para poner a sus servicios a cadetes. Se dice que a cambio de ascensos de oficiales, se encargaba de conseguir quién les concediera los favores sexuales.

“Con el ánimo de probar la red de prostitución masculina de la que posiblemente fue víctima, el señor capitán Ányelo Palacios efectuó algunos señalamientos en contra del doctor Carlos Roberto Ferro, senador de la República para el momento de los hechos que se denuncia (…) el anterior testigo no sólo relato que oficiales de la Policía estarían involucrados en la red de prostitución sino que ese modus operandi también se pudo haber presentado en el Congreso a través de oficiales de la Policía como el entonces coronel Jerson Castellanos, quien posiblemente era el enlace en dicha corporación”, se advierte en la decisión de la Procuraduría.

Según el Ministerio Público, la finalidad de esta presunta irregularidad sería lograr apoyo político para ascender en la carrera policial. “Esa práctica, conforme a lo dicho por el declarante, pudo haber ocurrido entre los años 2004 y 2008, período en el cual algunos policías serían obligados a llevar una bandera para que algunos congresistas pudieran escoger aquellos uniformados que fueran de su agrado o de su gusto con el fin de satisfacer sus deseos sexuales".

La Procuraduría reseña que no abrirá investigación contra el funcionario (Ferro) porque ya pasaron los cinco años desde la comisión de los hechos, sin perjuicio de que en lo sucesivo se puedan recaudar otras pruebas que acrediten dichos hechos irregulares.

No obstante, el Ministerio Público advierte que como esos episodios podrían tener incidencia penal, pues "habría elementos que permitirían inferir conductas punibles de proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas de miembros de la Policía Nacional", traslada copias a la Fiscalía para que investigue estos turbios hechos.