Si en algún momento alguien decide venir a matar a Laureano Gómez por estar pidiendo que le devuelvan las 44 hectáreas que, según él, vendió presionado en los tiempos violentos, entonces, “bienvenida sea la muerte, –dice resuelto– Si me van a matar por la verdad, entonces, vengan que aquí estoy”, refunfuña. Es difícil saber en qué momento de la historia del país la tierra comenzó a ser más importante que la vida misma. Con 77 años de edad, 19 de los cuales ha vivido desterrado, don Laureano ya no tiene nada que perder. Laureano es uno de los reclamantes de 28 predios que hoy conforman la hacienda Monteverde, situada en la vereda Villa Rosa, del corregimiento Nuevo Oriente, de Turbo, en límites con Mutatá. Un día de agosto de 1996 se fue de puro miedo de que llegaran por él los ‘Mochacabezas’, como le llamaban a las autodefensas de Carlos Castaño que entraron a sangre y fuego a Urabá a principio de los años noventa. Pero las posibilidades de volver a la finca se han vuelto una ilusión para Laureano. La hacienda Monteverde está ocupada por quienes dicen haberle comprado de buena fe los terrenos a los campesinos. Mientras un juez de tierras decide si el factor violento incidió en la entrada de los nuevos dueños, si hubo despojo, si hubo coerción de parte de los paramilitares para que Laureano y los demás campesinos le vendieran al empresario Fabio Moreno, propietario de Monteverde, el desespero va carcomiendo a los reclamantes. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, promulgada hace ya cuatro años, dice que los reclamantes no pueden retornar a las parcelas, hasta tanto los jueces de tierras no fallen a su favor. Sin embargo, desde hace más de dos años cientos de campesinos han comenzado a devolverse para el territorio sin acompañamiento institucional y ahí es donde han comenzado a estallar los conflictos. El 6 de abril pasado, unos 500 campesinos intentaron entrar a Monteverde, pero fueron recibidos con gases lacrimógenos, gases pimienta, palos, machetes y balas de goma y de pintura. Los ánimos estaban tan caldeados, que bien pudo haber ocurrido una tragedia. Esta disputa no es entre y buenos y malos sino más compleja. Según la Unidad de Restitución de Tierras de Antioquia, de 43 personas que buscan recuperar su terreno en Monteverde, 23 no son reclamantes. De las otras 20 restantes, 15 son reclamantes en otros predios; así que solo cinco tienen reclamaciones en Monteverde, entre ellos don Laureano. Mientras que los empresarios califican a su contraparte como invasores, los campesinos dicen tener razones legítimas para volver: “Llevamos 20 años despojados y ahora los invasores somos nosotros. ¿Y mientras tanto qué? ¿Nos morimos de hambre mientras ellos explotan las fincas y se enriquecen?”, se pregunta Carlos Páez, un líder que está al frente de la organización Tierra y Vida. Pero este es apenas uno de los miles de conflictos de propiedades sin resolver en Urabá, una región en la que se calcula fueron despojadas más de 150.000 hectáreas de tierra. Desde que se promulgó la Ley de Víctimas y Restitución apenas se han dictado 33 sentencias sobre 1.400 hectáreas que han beneficiado a 300 personas. Según la URT, solo 13.000 hectáreas tienen hoy solicitud de reclamación. Con la implementación de la ley, paradójicamente, se han ido acentuando las diferencias y destapando nuevamente las heridas que nunca cicatrizaron. La ley no le está poniendo punto final real a los problemas de tierras porque cuando los jueces le dan la razón a uno, inevitablemente se la están negando a otros campesinos o empresarios que se creen con el mismo derecho. Ese es el mayor reto institucional. Hasta el momento, ninguna de las partes que se disputan la tierra parece estar dispuesta a reconocerle ningún derecho a quien se le opone. Y lo que es peor, están dispuestos a cualquier cosa. O al menos eso se escucha entre campesinos. Estas diferencias, dice Sergio Suárez, quien representa a más de 100 empresarios opositores de reclamantes, podrían traer una nueva oleada de violencia. La restitución ha resultado un mecanismo demasiado endeble para una problemática tan compleja de tierras, en las que participaron como actores las guerrillas del EPL, las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia. Urabá es un caso especial en el país. Una tierra de colonos que desde la década del sesenta del siglo XX llegaron a poblar baldíos, algunos de los cuales terminaron siendo titulados a campesinos por el antiguo Incora. A dichos territorios penetraron con gran facilidad los guerrilleros del EPL y de las Farc. Esa fue la primera gran violencia del Urabá, donde por aquel tiempo tenía una fuerte hegemonía la izquierda. Sería redundante hablar de las masacres y de los muchos periodos de violencia que vendrían después con la desmovilización del EPL (1991), con el exterminio de los líderes sindicales y con la incursión de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCC) y posteriormente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en complicidad con una elite económica que por afinidad o porque no tenía otra opción –ahí está el dilema– permitió la expansión del proyecto paramilitar. Para 1997, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el Urabá era de 357, muy cercana a la que tuvo Medellín en 1991, es decir, en el peor momento de la guerra del narcotráfico y cuando era considerada la ciudad más violenta del mundo. Justo en ese periodo, entre 1995 y 1997, la tierra fue cambiando de dueños. En diálogo con SEMANA, Fredy Rendón, alias el Alemán, pone de ejemplo la zona de Tulapas, entre el río Mulatos y la cabecera municipal de Turbo. Según él, se trata de una extensa zona que para 1994 estaba poblada por campesinos. La región, según su versión, fue cuna del EPL, con presencia del frente 58 de las Farc. “Allá no había presencia del Estado. Y los campesinos eran muy pobres. Muchos de los muchachos no tenían otra opción que irse para la guerrilla. Y fue cuando entraron las autodefensas de la mano del Ejército (…) La orden era quemar las casas de los campesinos, que eran ranchos. Y los campesinos se empezaron a ir hacia San Pedro, Necoclí, Turbo, Apartadó y Montería”, dice. Según el Alemán, luego de la entrada de los paramilitares llegaron empresarios. Jorge Giraldo, quien es profesor de la Universidad Eafit y en 2011 estudió en retrospectiva la disputa territorial en la región, dice que cuando llegó la guerra un tercio de la tierra de Urabá estaba en la informalidad, y había una alta ambigüedad en la titulación y legitimidad de los propietarios. Por eso, a instancias de la Ley de Justicia y Paz solo se han podido restituir 25 predios en el Urabá; y con los instrumentos de la Ley de Víctimas, apenas 33 en cuatro años. A eso hay que sumarle que 18 reclamantes han sido asesinados en esta región. El 8 de junio pasado, fue acribillado en Ayapel, Córdoba, Octavio Avilés Guerra, un campesino que había estado al frente de una reclamación a nombre de su madre, en Turbo. Más allá de los resultados controversiales que pueda tener la ley, el proceso de restitución ha evidenciado un problema mucho más de fondo: en Urabá hay una sociedad fracturada por intereses económicos y políticos que parecen irreconciliables, y en la que escasea el diálogo social. Ello en un contexto de proliferación de armas y grupos criminales emergentes. En medio de esa polarización y desconfianza se está librando la batalla jurídica por la tierra. Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, dice que analizadas 1.000 sentencias en todo el país se puede establecer que el 98 % de los reclamantes son verdaderas víctimas. Para Sergio Suárez, quien representa a empresarios del Urabá, más del 95 % de los reclamantes son falsas víctimas. Las descalificaciones no cesan. Carmen Palencia, reconocida líder de restitución, ha dicho en varios escenarios que el padre de Suárez despojó a familias del corregimiento de Blanquicet. Suárez, a su vez, dice que Palencia y Vega, al ser desmovilizados del EPL, representan una violencia que aún no ha rendido ni rendirá cuentas ante la Ley de Víctimas. Lo que queda claro es que en Urabá va a ser muy difícil la reconciliación en una etapa de posconflicto. Las instituciones del Estado se ven débiles frente a los dilemas que tienen que enfrentar, y se agudizan con los fallos de los jueces de restitución. Un síntoma de ello es que los campesinos dicen que prefieren la muerte, antes que renunciar a la verdad y al pedazo de tierra que están reclamando.