Ante el cúmulo de evidencias que tiene la Fiscalía, producto del seguimiento de dos años a los movimientos de los directivos del Fondo Premium, asociado con InterBolsa, el fiscal general Eduardo Montealegre anunció que el ente investigador solicitará audiencia de imputación de cargos para ocho de los responsables de uno de los desfalcos económicos más sonados en la historia del país. Los delitos no son menores: manipulación fraudulenta, administración desleal, estafa, captación masiva y concierto para delinquir son algunos por los que deberán responder ante la justicia. Esto, por la manera poco transparente como manejaron millonarios recursos en los negocios de esa comisionista. La lista de los llamados por la Fiscalía a los que no solo se les hará audiencia de imputación sino que también, por los que se solicitará medida de aseguramiento es larga e involucra a dos de los directivos más importantes del Fondo: Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Además de Victor Maldonado, Erick Andersen, Natalia Zuñiga, Ricardo Martínez, Claudia Aristizábal y Rachid Maluf.Sin embargo, Tomás Jaramillo, uno de los citados hace menos de ocho días anunció que aceptaría su responsabilidad en el millonario desfalco. A su vez a través de su abogado manifestó que se comprometería a entregar bienes y a servir de testigo en el caso.En su momento, en diálogos con Semana.com Jaime Lombana, abogado del acusado, contó que su cliente está dispuesto a establecer algún tipo de negociación con la Fiscalía. Todo ello, en aras de reducir los cerca de 20 años de pena que le darían por los presuntos delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación de acciones y administración desleal. Asimismo, durante la entrevista en Semana en vivo, el fiscal le salió al paso a los cuestionamientos por la velocidad con que avanzan estos grandes casos. Por lo que se refirió a una de las aristas de ese sonado proceso. “El tema de InterBolsa es relativamente reciente. Estamos hablando de hechos que sucedieron hace dos años en los cuales hay 12 personas que ya fueron acusadas por la fiscalía, quienes están en juicio y se les ha formulado resolución de acusación. Lo que ha habido es una gran actuación de la Fiscalía”, agregó. El jefe del ente investigador también tuvo espacio para hablar sobre la polémica reforma al equilibrio de poderes. “El modelo de la Comisión de Acusaciones no resultó afortunado, no se investiga adecuadamente. La propuesta es un tribunal de muy alto nivel, de nivel de magistrados, que se encargue de investigarlos”. Para el funcionario, lo que proponía el gobierno era quitar una garantía institucional que debilitaba la autonomía de las altas cortes y del fiscal general. Por lo que señaló que “tiene que existir un juicio de desinvestidura, por llamarlo así, como sucede en muchos países del mundo”. Es decir, para Montealegre antes de que se inicie un juicio penal al Fiscal o a un magistrado de las altas cortes debe existir un antejuicio político por parte del Congreso de la República. Sin embargo, criticó la propuesta que había presentado el gobierno sobre cuál sería la estrategia para elegir a aquellos que conformarían el tribunal de aforados. “Imagínese un tribunal de aforados que investiga y juzga. Un tribunal integrado por personas que va a designar el Congreso para juzgar al Consejo de estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Para mí la propuesta era desafortunada. Significaba un desequilibrio de poderes. Lo que querían era poner de rodillas a la rama judicial”, agregó. De igual forma, Eduardo Montealegre, se refirió a las críticas que le han llovido por cuenta del poder que hoy por hoy concentra la Fiscalía. Una de sus respuestas fue para la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien cuestionó la posición del fiscal en el proyecto de reforma al equilibrio de poderes que había presentado el gobierno. “Con el respeto que se merece, lo que ella tiene es una confusión babilónica. Confusiones jurídicas. En primer lugar ha sido un viejo deseo del uribismo. Me acuerdo que ellos quisieron estructurar una súper corte. Es decir, quitarle a la rama judicial la garantía institucional que tiene de que haya un proceso previo ante el Congreso de la República antes de establecer cualquier tipo de responsabilidad penal”, señaló.Por lo que recordó una iniciativa similar que corrió entre esta corriente política durante la época de gobierno del presidente Uribe. “Lanzaron esta propuesta (súper corte) para investigar y juzgar a los magistrados de las altas cortes específicamente de la Corte Suprema de Justicia en el contexto de una gran confrontación entre el expresidente Uribe y la Corte. Más exactamente la de la Sala Penal que tenía lo de parapolítica”, agregó.Para terminar el jefe del ente investigador se refirió a la situación jurídica de la excontralora Sandra Morelli. “No es un proceso reciente. Es una investigación de más de un año. No inicia de oficio. Empiezó por una denuncia que formula el sindicato de la contraloría (...) de las varias denuncias que existen en la Fiscalía General de la Nación contra la excontralora ninguna investigación se ha iniciado oficiosamente por el ente acusador, agregó.Asimismo aclaró que la posición de la entidad que dirige cuando se solicitó inicialmente audiencia de imputación, no pedía una medida restrictiva de la libertad. “En su momento solo la restricción de la salida del país. Pero hoy estamos frente a circunstancias diversas”, puntualizó el funcionario refiriéndose a las nuevas medidas que rondan el caso y que este lunes llevaron a la Fiscalía a solicitar medida de aseguramiento contra la exfuncionaria.