Sindicalistas de la Defensoría denuncian persecución

“En casa de herrero, cuchillo de palo”, dice un refrán que puede bien reflejar lo que está ocurriendo dentro de la Defensoría del Pueblo con Asdep, su sindicato.

Resulta que la Defensoría del Pueblo es la institución del Estado encargada de velar por el respeto a los derechos humanos de los colombianos. Ser sindicalista está contemplado como una de estas garantías que debe tener cualquier persona y así lo dice la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23.

Paradójicamente, el sindicato de esa institución está denunciando que alguien allí adentro tiene intenciones de que la organización se acabe por sustracción de materia.

Maria Eva Villate, presidenta del sindicato, se queja porque en los pasillos y las cafeterías de las sedes de la organización en todo el país, “se ha corrido el rumor de que los funcionarios que se encuentren afiliados a la Asdep no serían tenidos en cuenta para promoverlos en la carrera administrativa en encargo o en comisión. Hecho que en efecto ha generado la desvinculación de numerosos afiliados que aspiraban a ser promovidos en carrera administrativa en cargos superiores”.

Según Villate, en lo corrido de este año  58 sindicalistas han renunciado al sindicato. De la junta directiva, que está conformada por 10 integrantes, se han ido tres. “Si se van dos más, nos quedamos sin quórum para tomar decisiones y nos tocaría convocar a unas elecciones para elegir una nueva junta directiva. Eso nos costaría mucho dinero”, comenta.

A Villate se le hace extraño que justo cuando dos funcionarios de la defensoría en la Costa Caribe renunciaron al sindicato, inmediatamente fueron ascendidos. En cambio, a Carmen Tulia Mosquera, una funcionaria del Chocó que aspiraba participar en el concurso para ascender, la oficina de recursos humanos no le entregó a tiempo una certificación donde dijera que ella ha trabajado en la Defensoría desde hace 14 años y donde se especificaran las funciones que realizaba.

Semana.com habló con ella, quien explicó que, en efecto, esa certificación era un requisito para participar en un concurso por un cargo superior al que tiene. “Entonces me quedé sin participar. Acá en la oficina se ríen por lo que me está pasando a mí, que soy líder sindical. Y me cuestionan que si no defiendo mis derechos, cómo voy a defender los de los demás empleados”, dice, riéndose.

Semana.com le preguntó al Defensor, Vólmar Pérez sobre el tema , pero este dijo: “Yo no puedo dar declaraciones sobre rumores” y anunció que ya le pidió a la Procuraduría que investigue lo que está pasando con los ascensos de sus funcionarios para desmentir lo que dice el sindicato.

Lo que sí se puede notar es que está fallando el diálogo entre el sindicato y la dirección de la Defensoría.

En casos como éstos, la Escuela Nacional Sindical (ENS) ha mediado en empresas privadas, como Argos, donde se logró una exitosa negociación entre el sindicato y las directivas de la compañía.

Luciano Sanín, director de esta ONG, le explicó a Semana.com que en conflictos laborales como éste, “es tan agresiva tanto la parte directiva de la institución como el sindicato, que suele ser prevenido por las dificultades que tiene en el país ser sindicalista”.

Al respecto, dice que, lo primero que hay que hacer para solucionar las diferencias es generar espacio de diálogo. En el caso de Argos, se hicieron sesiones de tres días cada mes donde participaron representantes del sindicato y de la parte directiva de la empresa. En esos encuentros fue muy importante la presencia de académicos y de la misma ENS, que mediaban en las discusiones. “Eso permite que se derrumben los mitos entre ellos”, dice Sanín.

Y eso es, precisamente, lo que abunda en el encontrón que mantienen desde hace ya varios meses los sindicalistas y los altos funcionarios de la Defensoría. Van y vienen acusaciones de parte y parte.

Pero acabar con las acusaciones es difícil porque “como no hay costumbre de diálogo, se tiene que hacer un proceso de generación de confianza, generar una agenda, encontrar cosas que puedan empezar a crear una relación más fructífera y productiva”, explica Sanín. 

El mal ambiente laboral no contribuye a que esta institución que tiene tan importantes tareas en una sociedad asediada por el crimen y la violencia, y cuyos funcionarios han estado últimamente bajo una intensa presión por amenazas, se concentre en su función de proteger los derechos humanos. Y además, claro está, el ejemplo del respeto a los derechos humanos debería empezar por casa.