¿Qué está pasando en Cartago?

El caso de Cartago es solo uno. Quizás emblemático. Tal vez sintomático de lo que puede estar pasando en otras empresas de servicios públicos en el país que han servido de caja menor para satisfacer intereses muy sucios desde hace décadas.

Lo cierto es que en este importante municipio del norte del Valle del Cauca están pasando cosas verdaderamente preocupantes en relación con sus empresas municipales. EMCARTAGO, como se llama la prestadora oficial de servicios de acueducto, alcantarillado y energía, viene siendo asaltada por una mezcla de bandas criminales y politiqueros y aunque la Superintendencia de Servicios Públicos está tratando de mejorar la situación, se está quedando solitaria en una batalla que no han podido -o no han querido- librar a su lado otras agencias del Estado colombiano.

Miren ustedes: el 17 de marzo de este año, un día antes de que la Superintendencia tomara control de las empresas públicas tras varias denuncias por malos manejos financieros, un par de sicarios intentaron asesinar al jefe de la oficina de informática de EMCARTAGO.

Unos días después de la intervención, otros dos funcionarios fueron víctimas de nuevos atentados. En esa ocasión los encargados de dar el golpe lograron quitarle la vida a quien estaba al frente de la oficina de ‘normalización’ de las empresas públicas.

Mientras las semanas iban transcurriendo y la Superintendencia encontraba nuevos y preocupantes hallazgos sobre despilfarros y manejos irregulares en la nómina de EMCARTAGO; el subgerente, un asesor, el jefe de la oficina de planeación y un auxiliar jurídico también recibieron amenazas a través de mensajes de texto.

Las cosas no podían ir peor. En seis meses, desde marzo hasta ahora, ha habido cuatro agentes especiales nombrados desde Bogotá, sin alcanzar una estabilidad en esa misión.

Aunque la valiente superintendente de servicios públicos, Patricia Duque Cruz, insiste en meterle mano a una entidad que clamaba a gritos esa intervención, a la Policía, la Unidad nacional de protección, la Fiscalía y la Procuraduría les sigue quedando grande el asunto.

Los esquemas de seguridad dispuestos ante las graves amenazas son siempre irrisorios. No se sabe aún quién disparó el gatillo que terminó con la vida del encargado de la Oficina de Normalización de EMCARTAGO, ni mucho menos quién dio la orden de asesinarlo y apenas ahora están asomando su cabeza los organismos de control.

Todo lo que se sabe es que los bandidos le están ganando la partida a la institucionalidad.

En Cartago están pasando cosas muy feas. No parece una coincidencia que los últimos alcaldes tengan todos graves problemas judiciales y que mientras tanto, el desangre de EMCARTAGO sea imparable.

Si el gobierno nacional va en serio en la lucha contra la corrupción, tiene EMCARTAGO en sus narices para que haga algo de verdad y los ciudadanos de ese municipio tienen las próximas elecciones de octubre para sacudirse y exigirle a sus dirigentes que no se la roben más.


Twitter: @JoseMAcevedo