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Opinión

  • | 2018/01/06 11:08

    ¿A qué le temen las Farc?

    Terminar extraditados como los paramilitares siendo juzgados por tribunales extranjeros es lo único que de verdad los trasnocha

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Por mucho que Iván Márquez, Rodrigo Granda o Timochenko se esfuercen en decir que les preocupa que se haya hundido la reforma política, que les inquieta que no exista reforma rural o que los llena de incertidumbre el futuro de la reintegración, lo único que de verdad les asusta es lo que pueda ocurrirles fronteras afuera.

Al fin y al cabo, han podido participar en política desde antes de haber cumplido con la entrega de armas, cuentan con una personería jurídica que ya quisieran los movimientos de víctimas como el del General Mendieta, tienen garantizados recursos del Estado y curules en el Congreso y su jefe máximo y candidato presidencial despacha desde La Habana, desplazándose en vuelos privados pagados con fondos públicos. La reforma política por la que reclaman tanto los tiene, en realidad, sin cuidado. 

Por otro lado, el Gobierno ha girado cheques por cerca de $60 mil millones en los últimos meses como parte de la asignación y renta básica de todos los exguerrilleros (por cierto, sin verificar si siguen delinquiendo o si están enganchados a nuevas bandas criminales). En ese sentido, don ‘Timo’puede decirles a sus bases que les están cumpliendo y que el antiguo secretariado “sigue velando por el sostenimiento de la guerrillerada”.

La angustia por la reforma agraria es un ‘cuentazo’. Aunque algunos de esos jefes de las Farc están impacientes porque se apruebe una reforma rural para poder sabotear a los empresarios del campo, lo cierto es que ese tema tampoco los trasnocha. En marzo, con el reinicio de la actividad parlamentaria, el gobierno promoverá iniciativas en esa dirección y alguna cosa saldrá de allí probablemente antes de junio.

Lo que les genera verdadero escozor a los líderes de las Farc es otra cosa: que los extraditen; que en tiempos de plena vigencia del Estatuto de Roma y con una Corte Penal Internacional urgida de dar resultados, les echen mano por considerar que ha habido ausencia de juzgamiento eficiente en Colombia o que la proporcionalidad de las sanciones frente a los delitos cometidos no es la que corresponde.

Esa fue la preocupación que expresaron con mayor ahínco en las reuniones que sostuvieron con el fiscal, el gobierno y los ponentes de la ley estatutaria de la JEP cuando se discutió el tema el año pasado y esa es la misma preocupación que algunos de ellos llevaron a Cartagena hace unos días en el encuentro con los expresidentes González y Mujica.

Se quejaron por los indictments que han revivido en la justicia norteamericana en tiempos de Donald Trump y pidieron acompañamiento para recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU. También hablaron de elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento y pidieron preguntar a la oficina jurídica del CICR en Ginebra sobre los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especial’.

La noticia, señores de la Farc, es que ese blindaje que piden no existe y que, por andar embelesados con los parágrafos e incisos jurídicos, se olvidaron de lo único que vale para garantizar la sostenibilidad de los acuerdos : el perdón sincero y la reparación real a las víctimas que hubieran ayudado a construir confianza en una sociedad descreída, con razones de sobra.

Tal vez ciertos jefes de la Farc y ciertos exgenerales del Ejército, con cuentas pendientes ante la ley, terminaron pareciéndose en eso: en temblar con la posibilidad de que la justicia internacional haga lo que la colombiana seguramente no logrará. A eso le temen. Lo demás, no importa.  

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