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Opinión

  • | 2018/01/19 07:47

    Si no le temes al diablo témele a las motos

    Junto con el narcotráfico y la corrupción, las motocicletas son el mayor factor de perturbación que ha sufrido el país en los últimos años: más de 40.000 muertos desde el año 2000.

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En el inexplicable desprecio por los temas importantes –muy común en estos tiempos - pasó por debajo de todos los radares el nuevo plan vial de Bogotá, el primero que –por fin- busca enfrentar y resolver el infierno de las motocicletas.

Para millones de colombianos comprar una moto representa la revolución de sus vidas porque les permite acceder a una fuente de trabajo y de ingresos, o liberarse de las incomodidades, costos y lentitud de los sistemas de transporte público.  Eso explica el crecimiento exponencial de las ventas.  Pasamos de tener 1’200.000 en el año 2000 a cerca de 8 millones en 2018. Las cifras confirman claramente que, junto con el narcotráfico y la corrupción, las motocicletas son el mayor factor de perturbación que ha sufrido el país en los últimos años.

Y es que en Colombia la muerte se mueve en motocicleta. En medio de la indolencia e irresponsabilidad del gobierno y de los industriales del sector, crece y se agrava la calamidad pública que ocasionan todos los días: entre 8 y 10 muertos y un número también gigantesco de heridos y lesionados.

Matan más que las Farc y el ELN, juntos. Entre los años 2000 y 2014 cobraron la vida de 28.000 colombianos en percances y accidentes. En el año 2015 causaron la muerte de 3.270 personas y lesiones a 25.226. En 2016 fueron 3.759 los muertos y 4.000 en los primeros 11 meses de 2017. La mayoría de las víctimas tienen entre 20 y 35 años.

Las motos son más del 60 % de todo el parque automotor lo cual es evidente en calles de pueblos y ciudades, en carreteras y en zonas rurales. Y también en los siniestros: 80 % de los pagados por el Soat corresponden a accidentes de motos y cuestan más de 1 billón de pesos al año.

Nueve de cada diez muertos y 63 de cada 100 lesionados en accidentes viajaban en moto o fueron embestidos en la vía pública por uno de estos vehículos. Por eso los motociclistas están también entre los principales responsables de la congestión del aparato judicial –cada accidente con muertos o heridos da origen a un caso- y devora un alto porcentaje de su presupuesto.

Este desolador panorama ocasiona enormes pérdidas al Estado y a los particulares. Un estudio del BID indica que los accidentes le cuestan al país, -en vidas, tratamientos y lesiones-, 11.300 millones de dólares al año, más que el presupuesto nacional para educación. 

Casi la totalidad de las motocicletas que circulan en Colombia son fabricadas o importadas por siete compañías y 98 % corresponden al segmento de menos de 250 centímetros cúbicos. Destinadas a los estratos populares son baratas y los fabricantes las entregan a crédito, con muchas facilidades. Ahí se desata el ciclo macabro que comienza en los almacenes y termina en las funerarias

El gobierno es culpable principal de la crisis. Pese a ser el vehículo más popular –y el que más accidentes ocasiona-, las exigencias técnicas a los fabricantes y ensambladores en temas como seguridad, ruido o emisiones, son ligeras y laxas.  La mayoría de las motos que circulan en Colombia –provenientes de India y China-  no cumplen las normas de calidad de la Comunidad Europea ni de Estados Unidos, ni las condiciones mínimas de seguridad para ser vendidas allá.

Tan fácil como comprar una moto es obtener la licencia de conducción porque tampoco hay rigor, control, ni supervisión sobre las escuelas de conducción que las expiden. “La moto con la cédula, el pase a domicilio”, parecería ser la fórmula que impulsa la tragedia. Menos de 1 % de los conductores de motos tienen elementos de protección certificados. En su estudio ‘Patrón de Mortalidad en Motocicletas en Colombia’ el Instituto Javeriano de Salud Pública subraya la necesidad de hacer mucho más exigente el examen técnico teórico para la licencia y recomienda normas técnicas mucho más estrictas para los cascos de seguridad.

Las principales causas de los accidentes son exceso de velocidad, zigzagueo entre vehículos, no respetar distancias e impericia en la conducción. Y el problema no termina ahí. Las motos no pagan peajes, no tienen pico y placa, las de menos de 125 centímetros cúbicos de cilindraje no pagan impuestos y aunque los accidentes que producen se llevan la mayoría de los recursos, tienen tarifa subsidiada en el Soat. Más de 40% de los conductores de motos tienen multas sin pagar. Los motociclistas reciben mucho más de lo que aportan y los beneficios incentivan que crezca su participación y problemas asociados, como el mototaxismo o la delincuencia -4 de cada 10 atracos en Colombia se realizan en moto-.

Más del 90 % de quienes utilizan motocicletas hacen parte de los estratos 1, 2 y 3 y para muchos es su medio de subsistencia. Impensable prohibir las motocicletas. Pero a la vez, es imperativo poner fin a la informalidad del mercado y a las tragedias que ocasionan los motociclistas: muertes, lesiones, discapacidades.

Suecia puso en marcha en 1997 ‘Visión Cero‘, un proyecto de seguridad vial para lograr un sistema de tránsito sin muertes, ni lesiones graves, sobre el principio que "la vida y la salud nunca pueden ser intercambiadas para otros beneficios dentro de la sociedad". Ese es el modelo que adoptó Bogotá, plasmado en el Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista 2017 – 2026.  La capital es la ciudad que tiene más motocicletas en Colombia, un problema en constante crecimiento, tan grande y difícil de contener, que el objetivo del plan a 10 años es reducir el número de accidentes y de víctimas en 35 %. Modesto en apariencia, pero el primero en el país que enfrenta y se decide a resolver parte de una gran tragedia nacional, cobarde y frívolamente tolerada durante muchos años.

@germanmanga  

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