¿La JEP va por Uribe?

No es fácil alcanzar un consenso entre uribistas y antiuribistas, ni entre muchos de los del No y los del Sí. Es tan extrema la polarización que negro es blanco o blanco es negro. No existe el gris en la Colombia política de hoy. Hasta ahora. Irónicamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado el milagro de poner de acuerdo a los fanáticos de lado y lado.

¿El punto de encuentro? Álvaro Uribe Vélez. Los furibistas temen que el objetivo principal de la JEP –su raison d’être– sea castigar al expresidente; los antiuribistas sueñan 24/7 con que la JEP sea el vehículo para condenar al hoy senador del Centro Democrático.

 Parecería ser un debate inocuo: en el acuerdo se dice explícitamente que la JEP no tiene jurisdicción sobre los expresidentes, que cualquier denuncia se trasladará a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Capítulo cerrado. No. No es claro sobre qué pasa si los presuntos crímenes ocurrieron en una fecha diferente del mandato presidencial. En teoría, los ilustres magistrados de la JEP deberían interpretar el texto en su sentido más amplio: que no tienen jurisdicción alguna sobre los exjefes de Estado de Colombia.

El miedo de unos y la expectativa de los otros es que la JEP no obre con esa cautela y responsabilidad. Que aproveche ese vacío en la norma y entre a juzgar a Uribe por sus actuaciones anteriores como gobernador de Antioquia. A sus enemigos se les hace agua la boca la posibilidad de llevarlo ante los tribunales; llevan 20 años tras él. Quedaron muy alentados al conocer el nombre de la inmensa mayoría de los integrantes de la JEP. Pulularon mensajes de júbilo en las redes sociales, con menciones frecuentes de que Uribe por fin pagará por sus “crímenes”. Esa algarabía no solo sirve para alimentar la desconfianza del uribismo en esa jurisdicción; confirma sus sospechas de que la JEP es un tribunal cuyo fin es la venganza contra quien derrotó a las Farc y no el castigo a los jefes de la organización criminal.

No son preocupaciones infundadas. Llama la atención la tranquilidad con que el secretariado y sus principales lugartenientes afrontan la perspectiva de ser juzgados en la JEP. Es insólito. No les produce insomnio tener que confesar sus crímenes de lesa humanidad. Es como si la JEP fuera apenas un notario para ellos y la inquisición para sus contradictores. Que Jesús Santrich, negociador de las Farc, se considere amnistiado y con derecho a demandar a otros colombianos por injuria, es una señal inequívoca de que no les intimida la JEP. Por ser miembro del estado mayor, Santrich tiene responsabilidad de mando por las atrocidades cometidas por la guerrilla. Y debe acudir a la JEP para que le fijen su pena.

 Santrich no es el único de los farianos que consideran que lo de la justicia transicional no es un asunto primordial para ellos. El trino de Carlos Antonio Lozada, otrora comandante de la red urbana Antonio Nariño, es revelador. Ante críticas de los principales gremios económicos del país, Lozada escribió: “Si las Farc antes de hacer política deben pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”.

Es el mundo al revés. Mientras los verdugos tratan con desdén el tribunal creado para juzgarlos por su campaña de medio siglo de destrucción, terror y muerte, sus víctimas miran con cada vez mayor recelo a la JEP. No es paranoia. Ni mucho menos complejo de culpa. Es más bien un sentimiento de zozobra e incredulidad.

El caso de Uribe simboliza ese desasosiego. Si el expresidente, que hoy mantiene una favorabilidad del 60 por ciento, es vulnerable a los caprichos de la JEP, nadie está a salvo. No veo cómo se construye una paz estable y duradera en este escenario. La JEP no puede ser una rueda suelta.