Un fiscal general muy particular

La Fiscalía General de la Nación es cosa seria, así el presidente Santos la tome a broma al inventarse para escoger a su ocupante la inocentada de un falso concurso de méritos. Un cubilete del cual saca sus tres cartas marcadas de jugador de ventaja: su ministro de Justicia, su gerente jurídica del proceso de paz, y su exsuperministro de la Presidencia. Una burla para los 150 juristas que se inscribieron para el cargo, y para la opinión pública que debía admirar el invento como una demostración de transparencia y de imparcialidad. Pero ese es el estilo de Santos. Ya lo mostró en sus juramentos a los mamos arhuacos de la Sierra Nevada sobre su compromiso con la Madre Tierra, para salir después con que su agencia de licencias ambientales exprés las reparte hasta en los parques naturales protegidos. Santos entonces se declara sorprendido en su buena fe y retira la licencia acordada, abriendo así la puerta para una multibillonaria demanda internacional contra el Estado, como la que ya le puso por 16.000 millones de dólares por lucro cesante la minera de oro del páramo de Santurbán.

¿Será que cree que engaña a alguien? ¿Que nos engaña a todos?

Pues si engañó a Uribe…

Vuelvo a lo del fiscal. Sin duda son altamente preparados los tres candidatos escogidos: tenían los méritos para presentarse al concurso. Y por lo menos es una terna de tres, no como otras, ni como las subastas con un solo postor que también le hemos visto al presidente. Sin embargo solo voy a referirme al que dicen más opcionado de los tres: Néstor Humberto Martínez Neira. Para citar a la columnista de El Espectador Cecilia Orozco: no porque dude de sus capacidades, sino porque me inquieta el exceso de ellas.

Son muchas, sí. Pero si hubiera que resumir en un solo nombre la carencia absoluta de sentido de lo público, ese nombre sería Néstor Humberto Martínez. ¿Y de sentido, en cambio, del interés privado? Néstor Humberto Martínez. ¿Y de sentido del propio interés? Néstor Humberto Martínez.

No digo lo de la ausencia de lo público porque el doctor Martínez se haya desentendido del asunto. Por el contrario: lleva media vida ocupando los más altos cargos bajo los más variados gobiernos. Ha sido superintendente bancario de Barco, ministro de Justicia de Samper, ministro del Interior de Pastrana, superministro de la Presidencia de Santos. Y de pasada fue uno de los fundadores de un partido político disidente del Liberal, que terminó convertido en el Cambio Radical de Germán Vargas Lleras. En cuanto al sentido de lo privado, es abogado y asesor de los grupos económicos más grandes de Colombia y de las corporaciones multinacionales que tienen negocios en el país: de los banqueros (con Sarmiento a la cabeza, seguido por todos los demás), de las empresas de radio, televisión y prensa, de las del carbón, de las del petróleo, de las de la minería de oro, de los ingenios azucareros, de los terratenientes agrícolas, de los acumuladores de baldíos. Y en lo del interés propio: toda su carrera pública la ha hecho sin cerrar su bufete privado de abogado, y utilizando cada puesto oficial como un escalón más para expandir el abanico de sus contactos y sus clientes. Cuando entró al gabinete de Santos hizo la pirueta de cambiarle el nombre: de Martínez Neira Abogados a MNA Abogados, con la excusa de que la estaba ampliando hacia otras oficinas de abogados de América Central; y tras haber chuleado el cargo en su currículum renunció menos de un año más tarde porque, según dijo, su intervención personal era necesaria para asociarse con el más grande bufete de abogados del mundo: el neoyorquino (¿y qué pasó con los pequeños centroamericanos?) DLA Piper - y Martínez Neira.

Por supuesto, no tiene nada de malo que un ciudadano particular tenga y defienda intereses particulares, sean los suyos propios o los de sus clientes y amigos ricos y poderosos. Ni es censurable que ese mismo ciudadano se despreocupe del bien común. Pero el fiscal general de la Nación es un funcionario público, para decirlo con una redundancia. Es general y es de la Nación, y su función es ocuparse de la defensa de lo público: no de la de una u otra empresa nacional o extranjera ni de la de tal o cual partido político. Así que, precisamente a causa de lo exitosa que ha sido su carrera profesional de abogado en el sector privado, y por no haberla abandonado nunca, no me parece a mí que el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, de DLA Piper Abogados, sea el candidato más apropiado para el cargo.

Pero más sabe, en su sabiduría, la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de elegirlo, y ante la cual el doctor Martínez Neira viene haciendo lobby y derramando promesas desde que era ministro del gobierno.