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Opinión

  • | 2018/11/08 17:39

    Tribulaciones tributarias

    Como tantas veces sucede, la medicina es buena pero la dosis puede resultar excesiva para el paciente

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Habiendo sido aprobado el presupuesto de gastos del 2019 con un faltante de 14 billones de pesos, al Congreso no le queda más alternativa que aprobar, antes de que el año concluya, una ley que le genere recursos disponibles por esa o similar cuantía. De lo contrario, no se podrían ejecutar, o tendrían serios traumatismos, programas sociales a los que sería gravísimo lesionar. Ese compromiso, sin embargo, no implica que necesariamente un esfuerzo de tales dimensiones tenga que recaer en su totalidad sobre los contribuyentes. Algún aporte debería realizar el Gobierno por la vía de la reducción del gasto en aquellos renglones que puedan ser estimados con el necesario grado de probabilidad. La Comisión del Gasto, que en buena hora funcionó durante el pasado gobierno, produjo un amplio repertorio de propuestas, algunas de las cuales podrían ser cuantificadas  e implementadas en el corto plazo.

Sabemos, por ejemplo, que los “colados” en los programas sociales se cuentan en el orden de millones. La depuración de las bases de datos pertinentes, tales como las de afiliados al sistema subsidiado de salud y a “familias en acción”, reduciría, en sumas que pueden ser significativas, los subsidios que muchos colombianos, sin merecerlos, reciben.

En esta búsqueda de opciones para mitigar los esfuerzos que se nos exigen a empresas formales y asalariados, cabe señalar que el Estado central tiene un conjunto de inversiones en sectores tales como la extracción de hidrocarburos, su procesamiento y transporte; la transmisión de energía, la actividad financiera en sus distintas modalidades, las telecomunicaciones y el transporte aéreo.  La verdad es que el Estado empresario es un anacronismo, sobre todo en aquellos campos para los cuales existe inversión privada, tanto nacional como foránea, que puede sustituirlo, de ordinario con mayor eficiencia. Así este se podría concentrar en la provisión de bienes públicos meritorios, entre los que cabe mencionar la ambiciosa agenda social en curso, que el Gobierno quiere profundizar, la de desarrollo rural, y la regulación estricta de las actividades empresariales cuando la competencia sea insuficiente para proteger a los consumidores.

El objetivo, por lo tanto, no consistiría en vender la nevera para adquirir alimentos, sino en la recomposición del patrimonio público hacia aquellos activos que generen impactos sociales y económicos de largo plazo, entre los que cabe mencionar la inversión en infraestructura, en particular en las redes secundarias y terciarias, que no suelen atraer inversión privada suficiente. Pienso ante todo en las zonas afectadas por el conflicto armado o alejadas de los centros urbanos de consumo. Por supuesto, es obvio que una estrategia como la que esbozo no genera recursos para la próxima vigencia presupuestal. Pero algún día es preciso comenzar.

Las críticas contra la propuesta fiscal del Gobierno se han centrado en la pretensión de expandir el IVA a buena parte de los bienes que integran la canasta familiar, aunque adoptando un mecanismo de compensación en beneficio de los deciles poblacionales 1 a 3, de tal manera que solo los restantes segmentos soportarían el peso del tributo. Los nuevos productos gravados pagarían la tarifa general que, en la propuesta gubernamental, se estabilizaría en el 17%. La mayor porción del recaudo adicional que se busca provendría de esta medida.

Al margen de su positivo impacto sobre la tesorería pública, no hay duda de que gravar los bienes hoy exceptuados corregiría la regresividad de la situación actual. En efecto: mientras los colombianos del decil 1 (el 10% más pobre de los colombianos) soporta, en la actualidad, una tarifa implícita del 16.5% en relación  con el ingreso disponible, la propuesta gubernamental conduce a que su tasa fuera 0% sobre todos los bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar. Esto bajo el supuesto de que el mecanismo de compensación estuviere, como cabe suponerlo, bien diseñado.

Del lado opuesto, los más pudientes (los integrantes del décimo decil), que  hoy solo pagan una tasa implícita del 2.9%, pasarían a tributar a una tasa que podría ser cercana al doble. Y si, además, una porción sustancial del nuevo recaudo se destina a las transferencias monetarias, o en servicios en favor de los estratos de menor capacidad de compra, es evidente que la distribución del ingreso, después de impuestos y transferencias directas, registraría una mejora sustancial.

Es pertinente anotar que muchos países han adoptado la política de  aplicar el IVA, con muy pocas excepciones, a todos los bienes y servicios. Por este motivo estamos lejos de países vecinos que recaudan mucho más como proporción del PIB. He aquí los números: Chile (8,4%), Argentina (7.2%), Brasil (7.1%), América Latina (6.2%) y Colombia (4.9%).    

No hay duda, pues, de la progresividad de la propuesta del Gobierno. Cuestión diferente es que no se plantee una transición o gradualidad para gravar bienes hoy eximidos a la tarifa plena. Nunca se ha procedido en esta delicada materia con tal celeridad; ajustes de dos puntos porcentuales ha sido la receta seguida por anteriores gobiernos. Los temores que analistas y gremios del sector agropecuario han expresado sobre su impacto en los precios de los alimentos, el deterioro de las cadenas formales de distribución, básicamente en zonas rurales y poblaciones pequeñas, y el eventual auge del contrabando, requieren juiciosa consideración. No para desistir de una política que es correcta sino para implementarla con cautela.

Una primera medida que vale la pena considerar consiste en desistir de bajar la tarifa general del 19% al 17%. Ese ajuste ya fue absorbido por los consumidores; reducir la tarifa probablemente no reduciría los precios, y los dineros que no se llevaría el fisco se quedarían en las cadenas de intermediación. Esa alternativa podría generar un ahorro de algo así como 3.6 billones de pesos al año, lo cual ayudaría a darle viabilidad a una tarifa intermedia para los bienes que pasarían a estar sometidos al impuesto. Como decía al comienzo: las buenas medicinas también deben administrarse al paciente en dosis adecuadas.

Briznas poéticas. “Tierra de Promisión”, de José Eustasio Rivera, el gran homenaje a la esplendorosa geografía de mi amado país: “Persiguiendo el perfume de risueño retiro, / la fugaz mariposa por el monte revuela, / y en los aires enciende sutilísima estela / con sus pétalos tenues de cambiante zafiro”.

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