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Opinión

  • | 2019/05/15 14:06

    La caridad empieza por casa

    Esto dijo hace varios años un político cuando lo sorprendieron desviando subsidios y ayudas parlamentarias a sus familiares. Ese parece ser el lema de los congresistas que presentaron la iniciativa de apropiarse del 20% del presupuesto público de inversión anual del país.

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En 1991 la Constituyente decidió acabar con los llamados auxilios parlamentarios. Esa figura, creada en los años 60 por el presidente Lleras Restrepo, se había convertido en plata de bolsillo para los parlamentarios que se dedicaban en época electoral a poner “primeras piedras” de elefantes blancos. El resto iba a sus familiares de sangre o políticos.

El debate siempre gira en torno a los mismos temas. Están aquellos que defienden el principio legítimo de que la tarea de los congresistas, como representantes de sus electores, deben defender los intereses de sus regiones de origen. El problema es que hoy en día la representación (por lo menos en el Senado) no es equitativa regionalmente, dada su circunscripción nacional. Tenemos regiones y departamentos que no tienen quien los defienda mientras que otros están sobre representados.

Por otro lado, dado que para estos menesteres no aplica las leyes de bancadas sino el interés personal de cada congresista, asistiríamos a la rapiña por el presupuesto y a un verdadero mercado persa de trueques de apoyos para que los proyectos de uno u otro salgan favorecidos por las votaciones. Es la clientelización suprema de la política.

El otro problema con ese argumento es que abogar y defender sus regiones no significa asumir la tarea del ejecutivo. La separación de poderes es clara. El plan nacional de desarrollo y la asignación del gasto son responsabilidad del ejecutivo. Entregar el 20% del presupuesto de inversión anual garantiza que las grandes prioridades del ejecutivo se mueran por falta de recursos en el presupuesto. Eso equivale a castrar al ejecutivo o por lo menos dejarlo con las manos atadas.

Ni que hablar de la ausencia de capacidad técnica para la formulación y evaluación de proyectos por parte de los congresistas. El criterio principal de selección será el que más votos de, el que más oportunidades de devolver favores a contratistas amigos permita. Será el retorno a los elefantes blancos, las obras inconclusas y las primeras piedras colocadas veinte veces.

Si el legislativo también decide el gasto público, la fiscalización del uso de los recursos públicos se hace confusa. ¿Cómo harían los parlamentarios para ser jueces y parte en el proceso? ¿ Quién haría el control del gasto decidido por los congresistas? ¿Sería el gobierno? Qué enredo. ¿Las cortes? Se estrellarían contra el principio de inviolabilidad de los votos de los parlamentarios.

El otro argumento esgrimido por los ponentes es que con esta figura se acaban las transacciones entre el ejecutivo y el legislativo para aprobar normas. La solución propuesta es como vender el sofá. Tanto en los sistemas parlamentaristas como en los presidencialistas, esa tensión existe. Es legítimo que los parlamentarios exijan que sus regiones reciban la atención del ejecutivo a través de los programas de inversión. Entregarles de entrada y por derecha un cheque en blanco por varios miles de millones de pesos al año a los congresistas no resuelve el problema. Lo que se debe hacer es definir esquemas transparentes de asignación de los presupuestos y de la ejecución de los mismos, siempre en congruencia con las necesidades de las regiones (para eso están los equipos técnicos de los ministerios y de Planeación Nacional).

En conclusión el proyecto de ley es malo, es inconstitucional, acaba con la separación de funciones entre los poderes públicos y promueve la corrupción y la opacidad en las decisiones de gasto público. Sin contar que es ponerle la lápida a la aspiración de todos los colombianos de que el gasto público refleje prioridades y atienda necesidades reales de la ciudadanía. Confiemos en que el Senado tenga la sensatez de hundir ese proyecto.



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