Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2019/05/15 12:07

    La complicidad

    Entre el hacer y el dejar hacer. Todo parece indicar que en la medida que sectores del gobierno demeritan y estigmatizan a muchos movimientos sociales o hechos de violencia política, en las regiones del país, sectores sociales y políticos se sienten con mayor libertad para asesinar.

COMPARTIR

Cada cuatro días asesinan a un líder social en Colombia, además, en total, desde la firma del acuerdo de paz ya fueron acribillados más de 260 líderes sociales. Por otro lado, han sido ultimados cerca de 137 excombatientes de las FARC desde el inicio de la concentración; en el último hecho fue asesinado un excomandante que perteneció al Frente 21 de la extinta guerrilla. A todo lo anterior se le suma las cerca de 80 víctimas de violencia política en el marco de las elecciones locales del próximo mes de octubre. Al revisar los datos, la intensidad de la violencia y la concentración geográfica surge una serie de conclusiones.

La primera, es que la mayor intensidad de esta violencia se da en meses preelectorales, es decir entre julio y octubre, antes de las elecciones locales y regionales, es posible que la violencia se intensifique. La segunda conclusión, es que una buena parte de los líderes sociales victimizados son reclamantes de verdad y tierra, por ende, entre más avance la justicia transicional más estarán en la mira estos liderazgos. Las anteriores dos conclusiones las he repetido en varias ocasiones, sin embargo, el Estado colombiano no ha diseñado ningún plan de choque para proteger los liderazgos en las regiones más complicadas del país. Nada se ha hecho.

En todo caso hay dos conclusiones adicionales. La primera, se deriva de una tendencia. Todo parece indicar que en la medida que sectores del gobierno demeritan y estigmatizan a muchos movimientos sociales o hechos de violencia política, en las regiones del país, sectores sociales y políticos se sienten con mayor libertad para asesinar. Es decir, muchos de los determinadores de estos crímenes sienten que tienen carta blanca para seguir contratando sicarios para que amedrenten liderazgos sociales y políticos. No debe olvidarse, que casi todas las movilizaciones sociales han sido tachadas por el Ministro de Defensa, como movilizaciones infiltradas por el terrorismo. Además, luego de la tortura y asesinato del reincorporado Dimar Torres, la reacción del Ministro de Defensa fue ocultar todo y entregar información errática. A todo lo anterior, se le debe sumar las declaraciones de varios funcionarios del gobierno nacional que manifiestan que los líderes sociales son terroristas y guerrilleros vestidos de civil.

La otra conclusión es que, en muchas zonas del país, los funcionarios públicos locales y regionales, es decir, miembros de alcaldías y gobernaciones y personal de las fuerzas de seguridad del Estado no tramitan las denuncias de riesgo y amenaza, no creen en las mismas y las tildan de autoamenazas. Obviamente esto significa que las denuncias no llegan al orden nacional o autoridades competentes, por lo tanto, no se toman medidas para investigar a los responsables de estos hechos victimizantes. Todo un círculo vicioso de impunidad.

Con las cuatro conclusiones surgen dos preguntas importantes. Por un lado, esta situación de impunidad y descuido frente a la violencia sistemática contra personas que cumplen un liderazgo social o político y desmovilizados, es producto de una decisión política del alto gobierno o de un desgobierno de la seguridad. Ambas opciones serían dramáticas. La otra pregunta se refiere a las estrategias que está diseñando el gobierno para frenar este desangre, pero nada le funciona y con solo declaraciones simplonas de la ministra del Interior o del Min Defensa no se parará esta masacre. Lo cierto es que en Colombia toda esta situación podría ser definida como un desgobierno.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1932

PORTADA

Portada: ¿Chantaje diplomático?

La cancelación de la visa a magistrados y políticos se ha convertido en la nueva herramienta de presión internacional del Gobierno de Donald Trump.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en SEMANA Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 1933

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.