Algunos acontecimientos recientes apuntan a una dolencia que afecta severamente a la democracia. Se trata de la creación ideologizada de un mundo ficticio y paralelo por parte de un sector radicalizado de la política. A través de insistentes declaraciones, cartas, trinos, entrevistas y hasta rumores intentan copar los espacios de la deliberación pública y arrinconar al mundo real de los hechos comprobables y las argumentaciones racionales.
En ese mundo de ficción ideologizada, la sobreproducción de falacias y mentiras es tan rápida que cuando se está aclarando una versión, ya han aparecido otras que toman su lugar. Este proceso viene de atrás, pero se ha profundizado desde que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento al expresidente Uribe, dentro del proceso de manipulación de testigos y fraude procesal que ahora pasó a competencia de la Fiscalía.
Es difícil mantenerse al día de las innumerables imputaciones e imprecisiones con que se ha atacado a la Corte Suprema, sus magistrados y desde luego, al senador Iván Cepeda que aparece como víctima y no como denunciante en el proceso aludido. Los acuerdos de paz y el pluralismo político corren la misma suerte. En el mundo ficticio que han creado los uribistas radicalizados, la Corte no tenía derecho de dictarle medida de aseguramiento al expresidente Uribe, ni el expresidente Santos de firmar el acuerdo de paz. Piensan que los méritos de su jefe, que no están en juicio en la Corte, lo eximen de responder ante la justicia como cualquier ciudadano y que la renegociación del acuerdo de La Habana, en la que participó el expresidente Uribe, no existió.
Que tengan sentimientos de solidaridad con su jefe es entendible. Se trata de un expresidente, senador y jefe natural de un partido que ha conquistado una parte de la opinión pública. Pero lo que no es aceptable es que acudan a la manipulación de los hechos y de la legalidad en un esfuerzo por ilegitimar y reemplazar a la Corte para convertir el caso en un juicio de opinión.
En la construcción ideológica de su realidad ficticia, 16 congresistas del Centro Democrático han elevado derechos de petición al senador Iván Cepeda en los cuales fungen de jueces y exigen que entregue listados de llamadas telefónicas y movimientos bancarios y se someta a una prueba de polígrafo. ¿Acaso alguien los eligió de jueces? y ¿de cuál causa? si el encartado es precisamente el expresidente Uribe quién denunció al senador Cepeda, pero cual bumerán, se le devolvió y ahora debe responder ante la justicia.
En acto de insólita arrogancia, el exgerente de la campaña presidencial y asesor del presidente Duque envió una carta al director del periódico El País de España para reclamar por una entrevista realizada al senador Iván Cepeda. Esa pretendida censura está totalmente fuera de lugar y el Gobierno está en mora de apartarse de semejante atropello a la libertad de prensa y a un miembro de la oposición. Pero más grave aún es el lenguaje infamante que pretende inocular en la opinión pública. Se refiere a la bancada de oposición y al propio senador Cepeda como “fuerzas del narcoterrorismo global”, del “crimen organizado,” “demonio”, para concluir que “no es democrático darles vitrina mediática a las fuerzas parlamentarias del narcoterrorismo”.
Paralelamente y en total desconocimiento de los derechos ciudadanos de sus adversarios, unos dirigentes del Centro Democrático desataron una tormenta de intolerancia por una reunión lícita del expresidente Juan Manuel Santos e Iván Cepeda con Jorge Londoño y dos senadores del partido Farc en casa del exministro Juan Fernando Cristo para hablar de la paz, como si se tratara de una asociación para delinquir.
Estas acciones del uribismo radical son profundamente antidemocráticas, cuando no ilegales. Su mundo ficticio e ideológicamente sesgado conduce a convertir lo falso en verdadero para adelantar sus intereses políticos y judiciales de manera colérica y falaz. Estamos en presencia de una estrategia de manipulación de la legalidad y la realidad con el objetivo de criminalizar y castigar a los integrantes de los sectores políticos que adversan. Así comienza el totalitarismo.