El derecho a vivir tranquilos, o por lo menos, con la sensación de ello

El presupuesto para la seguridad de los ciudadanos de Bogotá, aún a pesar de los esfuerzos de la administración de aumentar en un 43 % ese rubro, tan solo ascienda a 512.000 millones de pesos para la vigencia 2018, catalogada esta cifra como la mejor en los últimos 47 años.

Este es el sofisma de distracción y una falacia sobre la cual las autoridades administrativas y policivas están concibiendo el tema que mayor traumatismos causa en la seguridad ciudadana, porque no la miran con una decisión prioritaria en el presupuesto, motivo por el cual, jamás Bogotá podrá responder ante la creciente y constante ola criminal.

Además, ese incremento es una cifra que no indica una política de inversión, es un hecho aislado dentro de aquellos 47 años sobre los cuales sacan pecho.

El rezago en materia de instrumentos de movilidad policial para cubrir las emergencias ante el llamado de los bogotanos, es incalculable. Ni siquiera con los 512 mil millones se podría cubrir la compra de nuevos vehículos, motos y bicicletas para ofrecer una mayor presencia de la autoridad en el centro, las localidades y ahora en el norte de la ciudad. Mucho menos para satisfacer los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor que tiene una vida útil de 5 años.

No hay ahora mismo sectores seguros, pues nos jugamos la vida cada día que intentamos entrar el carro a los parqueaderos de nuestros edificios o conjuntos.

Es necesario implementar estrategias creativas aterrizadas para generar sistemas de monitoreo financiados por la ciudad y transferidos a los usuarios dentro de un concepto que el cofrade Palacio Rudas denominaba “el costo de vivir en la ciudad.”

No puede quedarse una sola cuadra sin la instalación y funcionamiento de las cámaras de video que representan el mayor temor de la delincuencia que antes de consumar su delito piensa en que tarde o temprano será capturado.

Las discusiones de los últimos años en la Secretaría de Gobierno, el Fondo de Vigilancia y Seguridad en liquidación, y la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana de Bogotá, giraban y giran en torno a si se compran 100 o 200 o 300 cámaras, cuando la ciudad necesita 50 mil o 100 mil. No hay recursos para satisfacer esta necesidad prioritaria.

Estas herramientas tecnológicas tienen que ir obligatoriamente acompañadas de un sistema judicial distrital que devuelva el temor a infringir la ley porque a la fecha de hoy nadie le tema a la norma y mucho menos a la autoridad. Con unas cuantas decisiones judiciales que saquen del juego a los delincuentes y los condene a las máximas penas, se generará el verdadero sentido del poder coercitivo del Estado.

El Distrito debe poner en marcha un plan de sensibilización ciudadana que tenga la siguiente frase de campaña: “No compre lo robado”, y que le imprima el grado de responsabilidad penal que recae en la persona que incurre en esta conducta, porque los ciudadanos nos quejamos del aumento de las tasas de hurtos, pero lo primero que hacemos cuando nos roban un espejo en el vehículo es dirigirnos a la “playa” a recomprar.

Claro que no es entendible el por qué existen esas famosas ‘playas’, inclusive detrás de la estación de policía de la calle 6 con avenida Caracas. Como también es paradójico que existan en el centro de la ciudad y otros sectores, edificios y tiendas a las que los ciudadanos acuden a comprar el celular robado, el chino, el hechizo, etc.

¿Dónde está la capacidad administrativa y policiva para cerrar definitivamente esos mercados de celulares usados?

Otros rubros que no alcanzan para la inversión en materia de seguridad ciudadana son los destinados a la construcción de comandos para hacer presencia en los sectores álgidos de la ciudad, la actualización de equipos de cómputo y estructuración de mejores mecanismos para la interposición de las denuncias, ojalá vía internet, y el pie de fuerza para generar mayores índices de presencia policial. Este pie de fuerza debe alimentarse presupuestalmente de los ingresos tributarios hasta crear un cuerpo independiente para el Distrito Capital.

La biometría para la identidad del ciudadano es vital para la garantía de mejores condiciones de seguridad porque la lectura de la huella es hoy la lectura del ciudadano.

La crisis del Estatuto Orgánico de Bogotá -Decreto-Ley 1421 de 1993- hace patente la necesidad de ocuparnos seriamente del deterioro de la seguridad ciudadana que día a día causa heridas en la integridad de las personas y hasta muertes violentas por un celular, con una lectura diferente a la del régimen ordinario de los municipios.

Otra arista que debe estudiarse es el desarrollo de la política urbana de seguridad ciudadana a partir de entender que nos rodea más de 10 ciudades superiores al concepto de ciudades intermedias. Todavía actuamos como cuando se creó el Fondo de Vigilancia y Seguridad para financiar los Centros de Atención Inmediata –CAI-, que en su momento fueron un primer paso a la generación de mayor presencial local de la autoridad

En la política de seguridad nunca se discutió el concepto de registro ciudadano para la obtención de un empadronamiento que tiene sus consecuencias en la organización administrativa y presupuestal de la ciudad, en lo electoral, en el ejercicio del control de sus habitantes. En este mismo registro deben estar inscritas el número de motocicletas y bicicletas, y sus propietarios, como fenómenos impulsados normal y legalmente por los sectores económicos de la ciudad y del país pero que no han sido cotejados con las realidades urbanas modernas.

Urge desplegar una descentralización del mando policial a nivel local y regional para articular una red de información e intervención inmediata, por lo que cada localidad y cada municipio aledaño debe contar con un oficial de rango superior, un gerente que ejecute los recursos destinados a la seguridad ciudadana, todo entronizado sistemáticamente con la política criminal y de seguridad a nivel nacional.

Los propietarios de predios urbanos deben participar en la consolidación del presupuesto de seguridad ciudadana como también lo debe hacer el Sistema Integrado de Transporte Público.

No puede seguir el ciudadano acomodándose a vivir con el hombre de la calle que debe ser protegido por la ciudad en sitios que permitan su regreso a la vida en sociedad y no como hoy ocurre. Ya no están en el Bronx sino en todo el territorio distrital.

La ciudad requiere priorización de la calidad de vida del bogotano que responsa al derecho que tiene toda persona a vivir tranquila, o por lo menos, con la sensación de ello.

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España – Abogados Constitucionalistas.