Bogotá en el limbo

En 2017 escribí el libro Bogotá en el limbo: estructuras de poder que se lucran de la capital. Muestro que, durante 30 años, bienes públicos esenciales urbanos se entregaron a grupos privados con lucrativas tasas de ganancia, venidas de altas tarifas y subvenciones públicas. Se desató, asimismo, la especulación del suelo con exageradas plusvalías.

Un proceso continuo, desde Jaime Castro, con Mockus, Lucho Garzón y Samuel Moreno, hasta Gustavo Petro, que no fue excepción, y Enrique Peñalosa, el que más. Privatizaciones, contratos, prórrogas, subastas, planes parciales, valorizaciones, descapitalización de empresas adquiridas y fusiones que cedieron a inversionistas el aseo, energía eléctrica, plantas de agua potable y residual, transporte, salud, educación y APP, como la concesión por 25 años del coliseo El Campín a un grupo colombo-chileno, al final del Gobierno Petro.

Como “no hay almuerzo gratis”, este, a cargo de la ciudadanía, en 2004 había montado una “bomba social”. Uno de cada tres bogotanos estaba en pobreza monetaria, en extrema el 6 por ciento, la desigualdad en ingresos, medida por índice de Gini, era casi 0,56 y un hogar de estrato uno gastaba 29,1 por ciento del ingreso para servicios públicos, comunicaciones y transporte (op. cit., págs. 77, 170-171). Lucho Garzón, en plan desactivador, adelantó programas como salud en casa, educación gratuita, comedores comunitarios, cultura y participación ciudadana.

El bazar del patrimonio público no paró en medio de refuerzos y regresiones en el campo social. En 2015, al final de la administración Petro, los hogares con ingreso apenas suficiente para gastos mínimos eran el 62,2 por ciento, la reducción de la pobreza extrema se estancó, el índice Gini quedó en 0,497 y bajaron los menores de cinco años en jardín (op. cit., pág. 167).

Con Peñalosa II, el desempleo volvió a dos dígitos, la pobreza monetaria retrocedió al 27,2 por ciento, la extrema se dobló al 4,2 y la desigualdad, según índice de Gini, trepó a 0,513, la tercera más alta del país (Dane, 2019). De espaldas a esta realidad, ideó más negocios tipo “modelo Transmilenio”, en la operación del transporte y el aseo, en el mercado inmobiliario, en la venta de acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB), troncales licitadas y el metro elevado.

El polvorín detonó en 2019, amplificado por el paro nacional de 2021 en la postpandemia. La desocupación en 2021 cerró en 16 por ciento; la pobreza, en 35,7 y la indigencia, en 9,4 (Dane, 2021).

La administración de Claudia López impulsó nuevos programas sociales. Por ejemplo, Parceros en Bogotá para 9.610 jóvenes, que reciben transferencias de medio salario mínimo por actividades de servicio, preventivas en salud y violencia, mantenimiento de locaciones y parques o rutas de empleo o perciben financiación de la matrícula universitaria, y aspira a llegar a 15.000.

Al articular las distintas instituciones para brindar tiempo a las cuidadoras, amplía los servicios a quienes ellas atienden –a niños, niñas, personas mayores, y a quienes con discapacidad requieren asistencia– y promueve su desarrollo personal, ingresos adicionales, bienestar, estudio y participación social y política. Se creó el Sistema Distrital de Cuidado, que hace miles de atenciones en manzanas establecidas con instalaciones adecuadas, unidades móviles y otros medios de soporte.

No obstante, Claudia no dejó de privatizar: en cuanto al metro, adjudicará la operación a una firma particular, luego de endeudar al Distrito en 2,8 billones para financiar costos de inversión y sostenimiento. Igual plantea para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas con apalancamiento público por otros 2,8 billones en crédito.

Fusionó Codensa y Emgesa, donde el GEB tenía el 51,3 por ciento y 51,5, con las filiales de la italiana Enel, Essa-Centroamérica y Enel GP. En esa unión el GEB rebaja su porcentaje a 42,51 y, dado que el Distrito tiene 65,7 en el GEB, lo recibido al final por la Hacienda caerá al 28 por ciento de las utilidades, que podría descender al 24, de transarse otro 10 por ciento de sus acciones en el GEB, como está propuesto.

Cursa la cesión de El Campín en el proceso iniciado por Petro, ampliado por Peñalosa a nuevas áreas, y que abarcará 167.000 metros cuadrados de un complejo que incluye el estadio Nemesio Camacho. Un consorcio, que invertirá 280 millones de dólares, lo usufructuará por 30 años con un irrisorio cupón anual del 2 por ciento de las entradas para el Distrito.

¿Frente a estos nacientes filones, todos a cargo de la ciudadanía, podrá la política pública paliar los menoscabos al bolsillo popular? ¿Seguirá Bogotá en el limbo, esa conjunción de oligopolios con privaciones sociales?