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Opinión

  • | 2019/08/01 15:59

    Cadena perpetua

    La propuesta que discute el Congreso tiene repercusiones profundas en la concepción del derecho penal

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Un grupo de parlamentarios ha presentado una propuesta encaminada a eliminar la prohibición, contenida en la Constitución vigente, de la prisión perpetua cuando se tratare de los delitos “de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años”. En sentir de los proponentes este endurecimiento punitivo sería una herramienta eficaz para combatir unas modalidades delincuenciales que, como ellos bien lo anotan, son singularmente perversas.

 Aunque las cifras que soportan la iniciativa son magras, podemos de ellas concluir que las agresiones sexuales contra niños y adolescentes objeto de denuncias pueden ser del orden de 20.000 al año. Que solo haya habido 90 sentencias condenatorias durante el último cuatrienio, pese a que el 86.5% de los delitos fueron cometidos por personas cercanas a las víctimas, y, por lo tanto, relativamente fáciles de perseguir por las autoridades, demuestra, una vez más, que el problema no se resuelve incrementando las penas sino logrando “pronta y cumplida justicia”.

 Ese es, justamente, el problema estructural que no hemos podido resolver: los altísimos índices de impunidad. Al asumir el cargo de Fiscal General, Néstor Humberto Martínez dijo que "En el 2015 se habrían cometido en el país 3,5 millones de delitos y solo se produjeron 51.000 sentencias condenatorias, lo que equivale a solo el 6% de las noticias criminales efectivas que se registraron en la Fiscalía". A lo cual añadió que la criminalidad oculta en Colombia asciende al 76%, pues de cada 100 delitos los colombianos solo denuncian 24; y que el índice global de impunidad ubica al país "en el deshonroso tercer lugar de impunidad, después de Filipinas y México”.

 Por el camino que nos proponen, si no se adoptan reformas estructurales del sistema penal, vamos a sepultar de por vida en las cárceles a unos cuantos chivos expiatorios. No se requieren más para tranquilizar las conciencias de tantas buenas gentes. Solo que al proceder así tendremos excusa para olvidarnos de construir e implementar una estrategia de educación sexual orientada a los hogares, con énfasis en los sectores pobres de la sociedad donde los problemas de abusos contra niños y adolescentes pueden ser de mayor entidad. Juegan allí factores derivados de la eclosión de las familias tradicionales, la frecuencia abrumadora del embarazo de adolescentes y las carencias habitacionales que hacen casi inexorable la promiscuidad en ciertos estratos sociales.

 Según la doctrina liberal del derecho penal, cuyo precursor, en 1764, fue César Beccaria, no existe mejor manera para combatir la delincuencia que una justicia penal eficaz; es la certeza de la pena, la percepción clara por el delincuente potencial de los riesgos que corre si delinque, y no su severidad nominal, el factor que lo induce a respetar la ley. Debemos también al ilustre pensador italiano la idea -novedosa para la época- según la cual la sanción busca también la rehabilitación de los infractores de la ley. Por supuesto, si se impone la cadena perpetua, o se adopta la pena de muerte, es evidente que se descarta a priori la posibilidad de rehabilitación. (Admito, sin embargo, que la eventual conmutación, luego de treinta años de confinamiento, que proponen los congresistas, atenúa la fuerza del argumento).

 Estas ideas liberales han inspirado nuestros códigos penales al menos desde 1936. Es bueno tenerlo en cuenta cada vez que el frenesí punitivo, suscitado por algún crimen horrendo, nos induzca a incrementar ciertas penas ignorado que no se trata únicamente de castigar con severidad; hay que hacerlo también con justicia. Y para que así suceda hay que revisar el Código Penal de manera integral. Sería absurdo, por ejemplo, que abusos sexuales que no impliquen la muerte de la víctima tengan eventualmente una pena mayor que la aplicable al homicidio; o que la correspondiente al abuso sexual en persona anciana sea más severa que si ella es menor de catorce años. Una vez se decide introducir la cadena perpetua dentro del repertorio punitivo, tendría sentido asignarla también a los autores de masacres y genocidios.

 Si el clima de Bogotá fuera menos áspero (y no hiciera el ridículo) me rasgaría las vestiduras ante un postulado que los autores del proyecto acogen sin rubor alguno: el respeto a la dignidad humana es para la víctima, no para el victimario. No tienen razón. Les habría bastado para percatarse de su error leer el artículo primero del Código Penal: “El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana”. Esta obviedad la dice en el contexto de la definición de los delitos y de las penas para dejar desde el pórtico establecido que los derechos humanos se predican de todos…los seres humanos. La expresión “todos” incluye a los criminales. Por eso matarlos, así sean sorprendidos en flagrancia, es un delito; por eso no pueden ser torturados; por eso son inadmisibles penas distintas de las que la ley establece.  

 Termino anotando que como carezco de los elementos de juicio necesarios, no me atrevo a proponer la castración química de los autores de delitos sexuales. Esa opción tendría que ser analizada con cuidado, sobre todo si es elegida por el reo para reducir su condena.

 Briznas poéticas. Edgar Iván Ramírez, amigo de años atrás, aporta este bello texto de Gloria Fuertes, poetisa española:  En las noches claras / resuelvo el problema de la soledad / del ser. / Invitó a la luna / y con mi sombra / somos tres”.

 

 

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